Una investigación de Santiago Galar y Marina Adamini reconstruyó por primera vez, mediante estadísticas oficiales, la conflictividad laboral de las fuerzas policiales argentinas. Los datos confirman que las restricciones legales no hicieron desaparecer los reclamos: los volvieron más informales, riesgosos y difíciles de canalizar.
Durante décadas se sostuvo que el personal policial no podía organizarse sindicalmente, reclamar colectivamente ni manifestarse por fuera de la cadena de mando. Sin embargo, una investigación recientemente publicada aporta un dato difícil de ignorar: entre 2006 y 2022 se registraron en la Argentina 183 conflictos laborales protagonizados por integrantes de fuerzas policiales y penitenciarias.
El estudio, titulado Dimensiones de la conflictividad laboral de las fuerzas policiales en Argentina (2006-2022), fue realizado por los investigadores Santiago Galar, de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, y Marina Adamini, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el CONICET.
El trabajo fue publicado en la revista académica e-l@tina y constituye una investigación inédita por su alcance nacional, su perspectiva cuantitativa y la utilización de información proveniente de la base de conflictividad laboral de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Hasta ahora, gran parte de los estudios sobre protestas policiales se habían concentrado en casos particulares. Galar y Adamini avanzan un paso más: reconstruyen dieciséis años de conflictos, identifican su distribución territorial, sus protagonistas, las formas de protesta y las demandas que los originaron.
La protesta policial no es una excepción
Uno de los principales aportes de la investigación es demostrar que los reclamos policiales no fueron hechos aislados ni fenómenos exclusivos de una provincia.
Los conflictos aparecen distribuidos prácticamente en todo el territorio nacional y se registran a lo largo de toda la serie analizada. Aunque existieron momentos de mayor intensidad —especialmente durante las protestas de 2012 y 2013—, la conflictividad laboral policial se mantuvo de manera persistente.
El dato obliga a revisar una idea instalada: la prohibición legal de sindicalización no eliminó la protesta. Simplemente impidió que esa protesta pudiera desarrollarse dentro de instituciones estables, previsibles y democráticas.
Cuando no existen canales de diálogo, representación o negociación, el conflicto no desaparece. Se acumula.
Y cuando finalmente emerge, suele hacerlo mediante autoconvocatorias, familiares, personal retirado, asambleas informales o protestas improvisadas.
Las policías provinciales concentran los reclamos
El estudio muestra que alrededor del 85 por ciento de los conflictos fue protagonizado por policías provinciales, mientras que la participación de las fuerzas federales fue muy reducida.
También resulta significativa la presencia del personal penitenciario provincial, que participó de manera individual o conjuntamente con policías en el 22,8 por ciento de las protestas.
Esta articulación no es casual. Policías y penitenciarios comparten regímenes jerárquicos, restricciones sindicales, bajos salarios, sobrecarga horaria, sistemas disciplinarios cerrados y una frecuente falta de reconocimiento de su condición de trabajadores públicos.
El trabajo demuestra, además, que la mayor parte de los reclamos no cuestiona la disciplina, la autoridad ni la estructura institucional de las fuerzas. Las protestas se concentran en problemas concretos: salarios, equipamiento, jornadas laborales, descanso y condiciones de servicio.
Sin reconocimiento legal, pero con organización gremial
Uno de los hallazgos más importantes es que el 60,4 por ciento de las protestas fue protagonizado mediante alguna forma de organización gremial.
Dentro de ese conjunto aparecen sindicatos, asociaciones, federaciones, delegados, grupos de autoconvocados, asambleas y organizaciones informales de trabajadores.
El dato resulta particularmente relevante porque en la Argentina las organizaciones sindicales policiales continúan sin reconocimiento legal pleno.
En otras palabras, el Estado niega jurídicamente la representación sindical, pero sus propias estadísticas registran que el personal policial se organiza y reclama bajo formas gremiales.
La realidad, una vez más, terminó atravesando el expediente.
Otro 26,4 por ciento de los conflictos fue protagonizado por trabajadores sin representación. Esto significa que numerosos policías debieron exponerse individualmente, sin protección gremial ni respaldo institucional, a eventuales sanciones administrativas o consecuencias sobre su carrera.
Protestas mayoritariamente sin interrupción del servicio
La investigación también permite desmontar uno de los argumentos más utilizados para rechazar cualquier forma de organización sindical policial: la supuesta inevitabilidad de la huelga y del abandono de la seguridad pública.
El 68,6 por ciento de los conflictos se desarrolló sin paro de actividades.
Las movilizaciones y acciones similares representaron el principal repertorio de protesta, con un 39,4 por ciento de los casos. Luego aparecen los anuncios, las alertas públicas, las concentraciones y otras modalidades de visibilización.
Esto demuestra que la defensa de derechos laborales no implica necesariamente la interrupción del servicio.
Existen formas de representación, negociación y protesta compatibles con la continuidad de una función esencial. La experiencia internacional también muestra que es posible reconocer organizaciones sindicales policiales y, al mismo tiempo, establecer límites legales al derecho de huelga.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a la falsa alternativa entre disciplina o sindicalización, seguridad o derechos laborales.
El salario, en el centro del conflicto
El 70 por ciento de las protestas policiales registró demandas salariales.
La cifra es superior al promedio general de los conflictos laborales del país, donde los reclamos salariales representaron alrededor del 51 por ciento.
Los policías reclamaron aumentos, recomposición salarial, blanqueo de sumas no remunerativas, pago de deudas y equiparación con otras fuerzas.
También aparecen demandas por condiciones y medio ambiente de trabajo: uniformes, chalecos antibalas, armamento, municiones, alimentación, higiene, descanso y estado de las dependencias.
No se trata, por lo tanto, de levantamientos motivados por ambiciones políticas ni de cuestionamientos permanentes al orden institucional. En la mayoría de los casos se trata de trabajadores reclamando ingresos suficientes y condiciones mínimas para cumplir una tarea compleja, peligrosa y socialmente indispensable.
La prohibición no resolvió el problema
El trabajo de Galar y Adamini aporta una base empírica que debería ser atendida por dirigentes políticos, autoridades de seguridad, legisladores y organizaciones de trabajadores.
La Argentina lleva décadas intentando administrar la conflictividad policial mediante prohibiciones, sanciones y silencios institucionales.
Los resultados están a la vista: las protestas existen, se repiten, se extienden por todo el país y, en ocasiones, estallan sin conducción reconocida ni mecanismos de negociación.
La ausencia de representación no fortalece la disciplina. La debilita.
Sin organizaciones responsables, interlocutores legítimos y procedimientos establecidos, los gobiernos terminan negociando durante las crisis con voceros improvisados, familiares, retirados o grupos autoconvocados cuya representatividad resulta difícil de determinar.
Reconocer derechos laborales no significa permitir el abandono del servicio ni renunciar al mando institucional. Significa ordenar democráticamente una conflictividad que ya existe.
Un aporte académico que confirma una realidad
La importancia del artículo no reside solamente en sus cifras. Su mayor aporte consiste en colocar al trabajador policial dentro del campo general de los estudios laborales.
El policía posee estado policial, integra una estructura jerárquica y cumple funciones esenciales. Pero también trabaja, cobra un salario, cumple horarios, necesita descansar, enfrenta riesgos y sostiene a una familia.
Negar esa dimensión laboral no fortalece a las fuerzas. Las condena a una forma de ciudadanía incompleta.
El estudio de Santiago Galar y Marina Adamini ofrece una evidencia contundente: durante dieciséis años, pese a todas las restricciones, los policías argentinos protestaron, se organizaron y reclamaron.
La discusión pendiente ya no es si existe conflictividad laboral policial.
La verdadera discusión es si el Estado continuará administrándola mediante la prohibición y la improvisación o si finalmente construirá canales institucionales, democráticos y responsables para encauzarla.
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