Al menos uno de los afectados estaba con licencia médica por lesión en acto de servicio. Abogados ya asumieron la defensa y profesionales analizan criterios de evaluación.
Por Marcos Anglada
Una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso la revocación de la designación de 28 aspirantes a suboficiales de policía, incorporados bajo la figura de “alta en comisión”, con el argumento de no haber aprobado la práctica operativa durante su período de adaptación. La figura administrativa habilita el retiro de la designación sin proceso sumarial pleno, pero dispara preguntas sobre criterios, transparencia y equidad.
La medida se da sobre un grupo grupo de cerca de 1.100 egresados del Instituto de Seguridad Pública (Isep) que egresaron en marzo del 2024 y se los promoció en diversos medios porque desarrollaron un año de práctica en la calle como parte de su ciclo formativo, inicialmente bajo un uniforme “social” (camisa celeste y gorra clásica) debido a demoras en la entrega de la vestimenta reglamentaria, y con supervisión gradual en tareas de patrullaje y acompañamiento comunitario . Esa modalidad busca que los aspirantes adquieran experiencia real en barrios antes de asumir funciones más específicas.
Irregularidades en el proceso
Sin embargo, el decreto de revocación que ahora trascendió no detalla las pautas técnicas que se usaron para medir desempeño ni si hubo instancias de revisión o descargo. En ese marco, al menos un aspirante afectado se encontraba con licencia médica por una fractura sufrida en acto de servicio, un dato que no habría sido considerado por la administración provincial a la hora de evaluar su situación.
Patrocinantes
Desde el punto de vista legal, este medio se contactó con el Dr. Federico Godoy, quien confirmó que asumió la defensa de varios de los aspirantes afectados y que se están analizando vías administrativas y judiciales para cuestionar la medida. Apropol Noticias también invitó a otros abogados patrocinantes a aportar información y perspectivas sobre los casos, como es habitual en estas páginas.
Otro elemento polémico es que una aspirante que no figuraba originalmente entre quienes no aprobaron la práctica operativa fue incluida en la revocación por tener una causa administrativa en trámite, siendo tratada igual que el resto. Para críticos de la medida, esto mezcla situaciones distintas y refuerza dudas sobre la coherencia de los criterios aplicados.
Especialistas en seguridad y relaciones laborales advierten que decisiones de este tipo, aunque se apoyen en figuras administrativas válidas, pueden derivar en arbitrariedad y desalentar la formación profesional, además de generar riesgos de judicialización si se demuestra ausencia de procedimientos claros y garantías de defensa.
Más allá de un caso puntual, la medida abrió un debate más profundo sobre cómo se ejerce el poder disciplinario dentro de las fuerzas de seguridad, cuáles son los límites entre evaluación formativa y exclusión, y si las decisiones de este tipo responden más a lógica de control y obediencia que a criterios técnicos y pedagógicos.
Campo de investigación y planteo gremial
En los próximos días, este medio publicará un ensayo de análisis institucional que abordará esta problemática en profundidad, vinculando este decreto con una cuestión estructural más amplia: cómo se gobierna el poder disciplinario hacia abajo dentro del sistema de seguridad, y qué implicancias tiene para la legitimidad, profesionalización y cohesión de las fuerzas.
Irregularidades y dudas
A las dudas ya planteadas se suma un dato que generó fuerte malestar entre familiares y defensores de los aspirantes: algunas de las autoridades que firmaron los perfiles de “No Aptos” actualmente se encuentran procesadas o detenidas por delitos contra la administración pública. Esta situación llevó a que allegados a los jóvenes afectados se preguntaran públicamente si quienes hoy están bajo investigación judicial estaban en condiciones éticas e institucionales de emitir informes que dejaron sin trabajo a aspirantes que se formaron durante dos años en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
¿Quien se hace cargo?
En ese marco, familiares de los aspirantes formularon una serie de interrogantes que, aseguran, no obtuvieron respuesta oficial: ¿por qué esas supuestas falencias no fueron advertidas antes de nombrarlos y matricularlos como Auxiliares en Seguridad Pública? ¿Cuáles fueron los parámetros concretos utilizados para calificarlos como “no aptos”? ¿Por qué los expedientes individuales no fueron dados a conocer oportunamente a cada empleado? ¿Y por qué no existió una instancia formal de defensa ni de apelación antes de disponer la revocación de las designaciones?
Las preguntas apuntan a un problema que excede a los casos particulares. Según advierten familiares y especialistas, se trataría de un mecanismo institucional opaco, que permite excluir personal mediante evaluaciones cerradas, sin transparencia ni garantías mínimas, y que no resulta novedoso, ya que —según señalan— se viene aplicando desde hace décadas dentro del sistema de seguridad pública.
Este trasfondo refuerza las críticas hacia un modelo de ejercicio del poder disciplinario que castiga hacia abajo con rapidez, mientras carece de controles equivalentes hacia quienes toman las decisiones, profundizando la desconfianza interna y abriendo interrogantes sobre la legitimidad de los procesos de evaluación y exclusión dentro de las fuerzas de seguridad.
La Resolución que «No confirma»
Resolución 0109/2026 Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe by Apropol Noticias
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Contacto para la prensa: Dr Federico Godoy +54 9 3412 79-2129
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