Mientras el Gobierno provincial exhibe controles sobre trabajadores, automovilistas y personas trasladadas por averiguación de identidad, las grandes tramas financieras vinculadas al narcotráfico aparecen años después en expedientes judiciales que obligan a preguntarse dónde estaba la inteligencia que tanto se anuncia.
El Gobierno provincial parece administrar dos velocidades de la sospecha. Barranca arriba, donde circulan trabajadores que vuelven en moto, automovilistas y vecinos de los barrios populares, la mirada estatal distingue una patente deteriorada, un papel faltante o una situación suficiente para detener, demorar y exhibir autoridad. Barranca abajo, donde la Justicia investiga sociedades, préstamos, capitalizaciones y transferencias accionarias que habrían servido para lavar dinero del narcotráfico, reconstruir quién puso el dinero, de dónde salió y cómo regresó a sus dueños demanda años, expedientes internacionales y una paciencia institucional que rara vez se le concede al ciudadano retenido en un control.
La rigurosidad empieza por los que menos tienen
Al laburante que vuelve de una jornada agotadora se le exige que tenga todo en orden y disponible, porque su necesidad de llegar a casa no figura entre los documentos habilitantes. Al automovilista se le enseña que esperar también forma parte de la experiencia de sentirse protegido, mientras la escena deja resultados inmediatos, vehículos retenidos y cifras que luego pueden incorporarse a un balance de gestión.
La pregunta, sin embargo, es cuánto contribuye cada procedimiento a desarmar las estructuras económicas del delito. Una motito secuestrada se fotografía con facilidad; una sociedad pantalla, una transferencia triangulada o un flujo de fondos que atraviesa fronteras requieren inteligencia financiera, controles persistentes y la decisión política de seguir la ruta del dinero aun cuando conduzca hacia sectores con capacidad para defenderse.
La seguridad medida por una planilla
Según denuncias recibidas desde el interior de la fuerza, la necesidad de mostrar resultados se traduce también en exigencias de traslados por averiguación de identidad, los conocidos “10 bis”, con cantidades esperadas y consecuencias laborales para quienes no las alcanzan. Si esas prácticas se corroboran, el policía deja de evaluar una situación concreta y comienza a buscar personas que permitan completar una cifra, bajo la amenaza de perder un adicional, modificar su horario o recibir un traslado que llegará prolijamente envuelto en la fórmula de las “necesidades del servicio”.
La ironía es que el Gobierno reclama inteligencia para combatir el delito, pero un sistema de cupos premia la obediencia estadística y castiga el criterio profesional. Si durante una guardia no aparecen motivos suficientes para trasladar personas, el problema termina siendo del agente que no produjo la cantidad esperada. Bajo semejante lógica, una jornada sin situaciones que justifiquen una intervención puede convertirse en un mal resultado administrativo, porque siempre habrá alguien dispuesto a preguntar por qué la planilla vino tan vacía.
Cuando el dinero llega bien vestido
Barranca abajo, entretanto, la investigación judicial sobre la antigua estructura accionaria de Terminal Puerto Rosario describe sociedades extranjeras, préstamos, capitalizaciones y transferencias que, según la hipótesis fiscal, habrían permitido introducir y recuperar fondos ilícitos mediante negocios formalmente documentados.
Allí los papeles abundan, lo que demuestra que la documentación también puede servir para ocultar cuando se la examina con menos profundidad de la que merece. El dinero no se vuelve limpio porque llegue acompañado de un contrato, un membrete empresarial o una presentación sobre las bondades de una inversión. A veces, precisamente, la sofisticación del ropaje legal constituye la herramienta elegida para disimular su origen.
Las operaciones investigadas preceden a la actual Gobernación de Maximiliano Pullaro y no corresponde adjudicarle su organización. Sí corresponde exigirle coherencia entre la severidad que exhibe hacia abajo y la profundidad de los controles e investigaciones que debe garantizar hacia arriba. Un gobierno que hace de la seguridad su principal credencial tiene que explicar qué recursos destina a seguir las grandes rutas del dinero y qué medidas adopta cuando el delito deja de tener cara de pibe en moto para presentarse con sociedades, intermediarios y cuentas en el exterior.
La sospecha también debería subir la barranca
La fiscalización del tránsito cumple una función y nadie discute que la Policía deba intervenir frente a delitos o infracciones reales. El problema comienza cuando esas acciones se convierten en la representación casi exclusiva de una política de seguridad, porque resulta políticamente cómodo exhibir controles sobre quienes poseen menos recursos para discutir un procedimiento, mientras las tramas que mueven millones se reconstruyen años más tarde a partir de investigaciones judiciales.
El desafío comienza cuando la sospecha debe abandonar al muchacho que vuelve del trabajo y ascender hacia quienes disponen de sociedades, abogados, intermediarios y recursos para presentar cualquier movimiento como una respetable oportunidad comercial. Allí la inteligencia deja de ser una palabra de conferencia de prensa y se transforma en una obligación concreta.
La pregunta para el Gobierno provincial es si pretende una seguridad capaz de investigar el poder económico del delito o si continuará privilegiando una autoridad implacable allí donde encuentra menos resistencia. Porque cuando al trabajador se le exige explicar cada papel, al policía se le reclama completar una cantidad de traslados y las grandes operaciones sospechosas se reconstruyen muchos años después, la imagen que queda es la de una administración extraordinariamente atenta a las motitos y bastante menos convincente cuando debe explicar qué hizo frente a los millones.
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Director Fundador. Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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