BUENOS AIRES: Policías denunciaron condiciones indignas durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV

BUENOS AIRES: Policías denunciaron condiciones indignas durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV
Familiares y efectivos de la Policía Bonaerense difundieron fotografías, videos y testimonios sobre las condiciones de alojamiento, alimentación y descanso durante el despliegue organizado para custodiar las actividades del pontífice en Luján y Claypole.

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Las denuncias incluyen policías durmiendo en el suelo o a la intemperie, baños insuficientes, falta de agua, viandas en mal estado y jornadas extenuantes. El Gobierno de Axel Kicillof había anunciado la movilización de unos 12.000 efectivos para garantizar la seguridad de los asistentes a las ceremonias religiosas.

Un operativo histórico que dejó al descubierto reclamos laborales

La visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, motivó uno de los mayores despliegues policiales organizados en territorio bonaerense para un acontecimiento religioso.

El 4 de noviembre, el gobernador Axel Kicillof presentó oficialmente el dispositivo de seguridad junto con el ministro Javier Alonso, el intendente de Luján, Leonardo Boto, y autoridades eclesiásticas. El Gobierno anunció la participación de aproximadamente 12.000 efectivos policiales, además de personal sanitario, bomberos y voluntarios destinados a garantizar el desarrollo de las actividades.

Sin embargo, mientras se destacaba públicamente la magnitud de los recursos movilizados, comenzaron a difundirse denuncias sobre las condiciones en las que permanecerían alojados numerosos trabajadores policiales provenientes de distintas dependencias de la provincia.

Los primeros reclamos fueron formulados por familiares que difundieron fotografías de las instalaciones destinadas al personal, mientras que posteriormente aparecieron comunicados de policías autoconvocados y testimonios directos de agentes que participaron del operativo.

La situación generó cuestionamientos sobre la planificación logística del despliegue, particularmente en materia de alojamiento, higiene, alimentación, descanso y compensaciones económicas.

Carpas, catres y baños químicos para alojar a los efectivos

El 5 de noviembre, el medio La Buena Info publicó imágenes y testimonios aportados por familiares de policías trasladados a Luján, quienes denunciaron que el alojamiento previsto consistía en carpas instaladas entre árboles, catres agrupados y baños químicos, sin suficientes comodidades para permanecer durante varios días.

Los allegados señalaron que los efectivos debían llevar elementos personales de descanso e higiene, mientras expresaban preocupación por la falta de frazadas, duchas adecuadas y condiciones de privacidad.

Ese mismo día también aparecieron cuestionamientos sobre las diferencias entre el alojamiento destinado a los mandos superiores y el asignado al personal subalterno.

Según los denunciantes, mientras algunos jefes contarían con instalaciones cerradas y climatizadas, numerosos efectivos debían descansar en estructuras provisorias expuestas a las condiciones climáticas.

Esas diferencias no pudieron verificarse integralmente mediante documentación oficial, pero las fotografías y los testimonios difundidos justificaban solicitar explicaciones sobre los criterios utilizados para distribuir los espacios de alojamiento.

La situación no se limitó a la infraestructura. Los familiares también cuestionaron la incertidumbre sobre la duración de las comisiones y la disponibilidad de recursos básicos para afrontar varios días fuera de sus destinos habituales.

Policías autoconvocados advirtieron sobre posibles medidas de protesta

El 7 de noviembre, LU22 Radio Tandil difundió un comunicado de policías bonaerenses autoconvocados, fechado dos días antes, en el que se denunciaban las condiciones de permanencia durante una semana de servicio en Luján.

El documento describía alojamiento en carpas con camas amontonadas, falta de instalaciones sanitarias suficientes, provisión inadecuada de agua y dificultades para mantener la higiene personal.

También expresaba disconformidad con las compensaciones económicas previstas y cuestionaba decisiones relacionadas con la portación del armamento reglamentario durante el operativo.

El comunicado advertía incluso sobre la posibilidad de realizar una retención de tareas como forma de protesta.

No encontramos constancias suficientes para afirmar que esa medida finalmente se haya concretado, pero su sola formulación reflejaba el nivel de descontento de los trabajadores involucrados.

La cuestión adquiere particular importancia en una institución policial donde los canales de representación colectiva son objeto de restricciones y controversias, situación que frecuentemente lleva a que las denuncias laborales sean difundidas por familiares o mediante comunicaciones anónimas.

Policías durmiendo en el suelo y a la intemperie

Con el desarrollo del operativo aparecieron nuevas imágenes que profundizaron los cuestionamientos.

El 8 de noviembre, La Buena Info difundió fotografías atribuidas a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental que descansaban en el suelo en el sector de Don Orione, partido de Almirante Brown, donde también se denunciaron duchas improvisadas y condiciones de hacinamiento.

Dos días después, familiares de trabajadores provenientes de otras localidades señalaron que algunos policías habían debido descansar al costado de la ruta en Luján, mientras otros permanecían en espacios improvisados durante las actividades desarrolladas en Córdoba.

Uno de los testimonios correspondió a la esposa de un integrante de Infantería de Azul, quien aseguró que su marido llevaba cuatro días afectado al operativo sin contar con un lugar adecuado para descansar.

Las denuncias también mencionaron dificultades de comunicación con las familias, escasa disponibilidad de agua y alimentos, y falta de instalaciones sanitarias suficientes.

El 11 de noviembre se publicaron nuevos testimonios que describían policías descansando en pisos de gimnasios, patios, espacios abiertos y sectores próximos a sus móviles.

Las fotografías difundidas muestran situaciones que requieren una evaluación institucional, aunque su existencia no permite concluir que todos los integrantes del despliegue hayan atravesado idénticas condiciones.

Más de 48 horas sin descansar y viandas denunciadas como vencidas

Uno de los testimonios más preocupantes fue publicado por La Buena Info el 11 de noviembre, cuando efectivos que habían participado del operativo describieron jornadas extremadamente prolongadas, dificultades para higienizarse y alimentación insuficiente.

Un policía sostuvo que algunos compañeros llevaban más de 48 horas sin poder descansar ni asearse adecuadamente, mientras debían continuar cumpliendo tareas.

También denunció la entrega de viandas vencidas o en mal estado y afirmó que habían percibido aproximadamente 300.000 pesos por cinco días, sin recibir un viático adicional.

Las cifras y condiciones señaladas corresponden al relato de los trabajadores y deberían ser contrastadas con las liquidaciones oficiales, las órdenes de servicio y la documentación de contratación de los servicios alimentarios.

Pero el problema excede la discusión sobre los montos.

El descanso insuficiente, especialmente cuando se combina con jornadas prolongadas, exposición climática y alimentación inadecuada, puede afectar la salud de los efectivos y disminuir su capacidad de atención y reacción durante un dispositivo de seguridad de alta complejidad.

La protección de una multitud exige personal en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para cumplir sus funciones, algo difícilmente compatible con la falta prolongada de descanso que describen los denunciantes.

Las denuncias sobre el retiro del armamento reglamentario

Otro aspecto que merece atención es la información difundida sobre la presunta obligación de determinados policías de prestar servicios sin sus armas reglamentarias.

Según los testimonios publicados el 8 de noviembre, efectivos de algunas especialidades habrían recibido instrucciones para dejar su armamento y firmar documentos mediante los cuales aceptaban cumplir tareas desarmados.

También denunciaron que esa disposición se encontraba acompañada de advertencias sobre posibles consecuencias disciplinarias.

La decisión de asignar determinadas funciones sin armamento no constituye necesariamente una irregularidad, porque puede responder a criterios específicos de planificación y seguridad dentro de un operativo extraordinario.

Sin embargo, corresponde conocer qué autoridad dispuso la medida, cuáles fueron sus fundamentos y qué funciones debían cumplir los trabajadores alcanzados.

La preocupación adquiere relevancia cuando los agentes denuncian que las condiciones no fueron suficientemente explicadas o que se les exigió aceptar formalmente decisiones adoptadas por sus superiores.

La organización del servicio y la responsabilidad profesional requieren instrucciones claras, especialmente cuando se modifican condiciones habituales de trabajo.

El temor a las represalias también formó parte del reclamo

Diversos trabajadores que se comunicaron con los medios pidieron reserva de identidad, alegando temor a recibir sanciones administrativas o intervenciones de Asuntos Internos si denunciaban públicamente las condiciones del operativo.

Esa circunstancia explica, al menos parcialmente, por qué gran parte de las primeras comunicaciones fueron realizadas por familiares de los policías afectados.

El 13 de noviembre, una vez finalizadas las principales actividades de la visita papal, se difundió un video elaborado por efectivos que mostraba distintos espacios donde habían debido descansar durante los días anteriores.

Las imágenes recopiladas incluían policías acostados sobre pisos de gimnasios y galpones, cartones, colchonetas, sectores de césped y espacios abiertos.

Los autores del video describieron las dificultades atravesadas y agradecieron la colaboración de vecinos de Claypole y Luján, además de la solidaridad recibida de sus propios compañeros.

La difusión posterior al operativo permitió reunir en una sola presentación numerosas situaciones que habían sido denunciadas por separado desde comienzos de noviembre.

Una contradicción entre el mensaje de la visita y las condiciones del personal

La visita del papa León XIV estuvo acompañada de discursos oficiales que destacaron la solidaridad, el respeto por la dignidad humana y la necesidad de construir una sociedad menos indiferente ante el sufrimiento de sus integrantes.

Durante la presentación del operativo, el propio gobernador Kicillof sostuvo que la presencia del pontífice constituía una oportunidad para reflexionar sobre la injusticia, la desigualdad y las responsabilidades colectivas.

Ese mensaje adquiere una significación particular cuando se lo confronta con las denuncias formuladas por los trabajadores destinados precisamente a garantizar la seguridad del acontecimiento.

No se trata de cuestionar la importancia de la visita ni la necesidad de establecer un dispositivo preventivo extraordinario, sino de examinar si su organización contempló adecuadamente las necesidades de quienes debían permanecer durante varios días lejos de sus hogares.

La seguridad del pontífice, los fieles y las autoridades constituye una responsabilidad estatal legítima, pero su cumplimiento también exige preservar las condiciones laborales de los efectivos afectados.

El reconocimiento de la dignidad humana no debería detenerse en los destinatarios de un discurso público, sino alcanzar igualmente a quienes desarrollan tareas esenciales para hacer posible el evento.

La responsabilidad de la conducción política y policial

El operativo fue presentado institucionalmente por el Gobierno bonaerense y organizado bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Javier Alonso.

Por lo tanto, corresponde que las autoridades expliquen qué previsiones se adoptaron en materia de alojamiento, sanitarios, alimentación, agua potable, descanso, transporte y compensaciones económicas.

También sería necesario establecer si se realizaron inspecciones durante el desarrollo del operativo, si fueron registradas las quejas de los trabajadores y qué medidas correctivas se dispusieron ante las situaciones denunciadas.

La planificación de grandes dispositivos de seguridad no puede evaluarse solamente por la cantidad de efectivos desplegados ni por la ausencia de incidentes graves durante las ceremonias.

Debe contemplar también las condiciones de trabajo, la utilización racional de los recursos humanos y el cumplimiento de las obligaciones institucionales con el personal.

Desde APROPOL y FASIPP venimos sosteniendo que la seguridad pública requiere una relación de reciprocidad entre las exigencias que el Estado impone a sus trabajadores y los recursos, garantías y condiciones que les proporciona para cumplir sus funciones.

Cuando esa relación se desequilibra, las consecuencias no afectan exclusivamente al personal policial, sino también a la calidad y seguridad de los servicios que recibe la comunidad.

Los policías también son trabajadores y tienen derecho a condiciones dignas

Las denuncias difundidas durante la visita del papa León XIV vuelven a poner en discusión una realidad que atraviesa distintas fuerzas de seguridad de nuestro país: la tendencia a considerar que la obligación de prestar servicio permite exigir esfuerzos extraordinarios sin prestar igual atención a las condiciones materiales necesarias para realizarlos.

La profesión policial implica responsabilidades particulares, disponibilidad operativa y exposición a situaciones de riesgo, pero ninguna de esas características elimina la necesidad de descanso, alimentación, higiene y condiciones adecuadas de alojamiento.

Tampoco justifica que los trabajadores deban recurrir sistemáticamente al anonimato o a sus familiares para denunciar situaciones que deberían encontrar canales institucionales de tratamiento.

Los testimonios recogidos por distintos medios bonaerenses durante noviembre merecen respuestas verificables, especialmente porque describen posibles deficiencias en un operativo cuya magnitud había sido anunciada oficialmente con varios días de anticipación.

La visita del pontífice constituyó un acontecimiento importante para la comunidad religiosa y para numerosos ciudadanos que participaron de sus actividades.

Pero las imágenes difundidas por los policías y sus familias también deberían servir para revisar las condiciones en las que se planifican y ejecutan los grandes dispositivos de seguridad.

No puede hablarse seriamente de dignidad humana, solidaridad y respeto por los trabajadores mientras quienes tienen la responsabilidad de proteger un acontecimiento de esa magnitud denuncian que debieron dormir sobre cartones, carecer de instalaciones sanitarias suficientes o continuar de servicio después de jornadas extenuantes.

El Estado tiene la obligación de proteger a quienes participan de estos encuentros, pero esa responsabilidad comienza también por las condiciones en las que trabajan quienes deben garantizar su seguridad.

Porque nadie puede cuidar adecuadamente a los demás si la institución responsable de organizar su trabajo no garantiza también su propio cuidado.

 

Imágenes:

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