Repudio absoluto a las expresiones de Alejandro Sarubbi Benítez, quien propuso esterilizaciones masivas, cercar el conurbano con francotiradores y bombardearlo con napalm. La libertad de expresión protege su derecho a hablar, pero no obliga a la sociedad a guardar silencio frente a una degradación semejante. VIDEO.
Hay expresiones que no pueden relativizarse bajo el cómodo argumento de la provocación, la ironía o el humor negro. Proponer la esterilización de sectores sociales, levantar un muro custodiado por francotiradores y arrojar napalm sobre millones de personas no constituye una travesura comunicacional. Representa la incorporación del exterminio, la selección racial y la violencia estatal al lenguaje cotidiano de la política.
Durante una emisión de La Trinchera, programa difundido por el canal de streaming Carajo, el abogado y comunicador libertario Alejandro Sarubbi Benítez describió tres supuestas soluciones para lo que definió como un problema “cultural y de marginalidad” del conurbano bonaerense.
La primera consistía en impulsar esterilizaciones masivas. Sarubbi Benítez la presentó como la alternativa “más tibia” y “más tranquila”. La segunda era cercar completamente el conurbano mediante un muro de quince metros de altura, con francotiradores encargados de impedir que sus habitantes pudieran cruzarlo.
El propio conductor explicó que la autorización para salir sería concedida arbitrariamente y mediante lo que denominó “portación de cara”: una selección basada en la apariencia de cada persona.
La tercera propuesta fue todavía más brutal: “Todas las mañanas tirar napalm desde aviones”. Según agregó, antes del bombardeo se avisaría —también arbitrariamente— a quienes el Estado decidiera salvar.
El intercambio fue acompañado por risas. En otro momento, una integrante de la mesa utilizó una tabla con diferentes tonos de piel y señaló el blanco para representar quiénes tendrían “derecho” a abandonar el territorio condenado.
Cuando la deshumanización se convierte en espectáculo
No estamos frente a una discusión sobre políticas de seguridad, urbanización, pobreza o integración social. Tampoco ante una crítica severa a una gestión gubernamental. Se habló de esterilizar personas, encerrarlas, dispararles y bombardearlas por vivir en un determinado territorio y pertenecer a una determinada condición social.
El conurbano bonaerense no es una abstracción estadística. Allí viven millones de trabajadores, jubilados, estudiantes, comerciantes, policías, docentes, médicos, pequeños empresarios, militantes, religiosos y familias que sostienen cotidianamente una parte fundamental de la vida económica y social argentina.
Convertir a esa población en objeto de una fantasía de exterminio implica negarle su condición humana. Es el mecanismo más antiguo y peligroso de toda política de persecución: primero se construye un grupo como amenaza irrecuperable; luego se lo separa del resto de la comunidad y, finalmente, se presenta su eliminación como una solución admisible.
La combinación de esterilización, selección por rasgos físicos, confinamiento territorial y bombardeo no es inocente. Remite a prácticas e imaginarios que la humanidad conoce demasiado bien. Que esas ideas hayan sido pronunciadas entre carcajadas no disminuye su gravedad. Por el contrario, muestra hasta qué punto la crueldad puede transformarse en entretenimiento.
La provocación no borra la responsabilidad
Sarubbi Benítez podrá sostener que exageró, que hizo humor o que buscó provocar una reacción. Ninguna de esas explicaciones modifica el contenido de sus palabras.
La provocación es una decisión comunicacional, no una exención de responsabilidad. Quien ocupa un espacio público, dirige un programa y participa de un entramado político debe asumir las consecuencias sociales de aquello que expresa.
El abogado no es una figura aislada que habló durante una conversación privada. Integra un ecosistema comunicacional vinculado con sectores influyentes del oficialismo nacional y representa judicialmente a referentes libertarios como Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, Fernando Cerimedo y Esteban Glavinich. También patrocinó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, según reconstruyó.
Esa proximidad no convierte automáticamente sus palabras en una posición oficial del Gobierno. Pero sí obliga a los dirigentes y espacios políticos relacionados con ese circuito a tomar distancia de manera clara. El silencio, cuando se propone públicamente esterilizar y bombardear una parte del país, deja de ser prudencia y comienza a parecer tolerancia.
Libertad de expresión no significa impunidad social
El repudio debe ser absoluto, pero también democrático. No es necesario crear figuras penales ambiguas, organismos encargados de vigilar opiniones ni contravenciones que mañana puedan utilizarse para perseguir periodistas, opositores o ciudadanos críticos.
La libertad de expresión protege incluso manifestaciones aberrantes. Pero esa protección jurídica no transforma las palabras en aceptables ni impide que reciban una respuesta política, ética, profesional y social proporcional a su gravedad.
Defender la libertad de expresión no significa renunciar al derecho de señalar la crueldad, exigir explicaciones, reclamar responsabilidad institucional o decidir a quién se le otorga audiencia, legitimidad y financiamiento. La democracia no se fortalece prohibiendo ideas: se fortalece exponiéndolas, discutiéndolas y dejando en claro cuáles contradicen los fundamentos mínimos de la convivencia.
Tampoco corresponde confundir este repudio con una defensa partidaria del gobernador Axel Kicillof o de su administración. Las gestiones políticas pueden y deben ser criticadas con toda dureza. Lo inadmisible es convertir a millones de bonaerenses en seres descartables por su domicilio, su pobreza, su apariencia o el color de su piel.
Un límite que la democracia debe sostener
La Argentina arrastra una historia demasiado dolorosa como para trivializar el encierro territorial, la selección arbitraria de personas y la eliminación física desde el Estado. Hay palabras que, repetidas y celebradas suficientemente, terminan preparando el terreno cultural para aceptar prácticas que antes habrían provocado vergüenza.
No todo exabrupto constituye un programa de gobierno. Pero todo programa autoritario comenzó alguna vez como una idea pronunciada, repetida, celebrada y progresivamente normalizada.
Por eso el repudio debe ser categórico. No porque se pretenda impedir que Sarubbi Benítez hable, sino porque una sociedad democrática conserva el derecho —y también el deber— de responderle.
No es gracioso imaginar la esterilización de mujeres. No es humorístico seleccionar ciudadanos por el color de su piel. No es una provocación inocente colocar francotiradores sobre un muro ni bombardear poblaciones civiles con napalm. Es una retórica deshumanizante, clasista, racista y profundamente antidemocrática.
La democracia puede soportar palabras extremas. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a ellas.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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