Antes de la movilización en Plaza Congreso, se registraron detenciones de personas que se dirigían a la protesta, algunas de ellas con pedidos de captura. La jornada transcurrió sin represión, aunque con fuertes cruces entre manifestantes, fuerzas de seguridad y periodistas. La ausencia de Patricia Bullrich en la toma de decisiones sobre el operativo marcó una diferencia clave en la jornada.
Por Alberto Martínez (*)
Un operativo sin Bullrich y con Caputo a cargo
El despliegue de seguridad de la jornada estuvo manejado a distancia por Santiago Caputo, asesor presidencial y miembro del denominado «triángulo de hierro» de Javier Milei. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue relegada a la sala de situación, donde solo pudo seguir los acontecimientos por monitores. Este desplazamiento expone la creciente influencia de Caputo y el debilitamiento de Bullrich en la gestión de la seguridad pública.
El FMI y el ajuste: la raíz del conflicto social
Más allá de la protesta puntual de los jubilados, el trasfondo político y económico es ineludible. El Gobierno avanza con un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que traerá aparejado un ajuste más severo, afectando directamente el sistema previsional y otras políticas sociales. La historia reciente de Argentina demuestra que cada acuerdo con el FMI ha resultado en recortes que golpean a los sectores más vulnerables. Con cada medida de ajuste, la conflictividad social se potencia y las calles se convierten en el escenario de la resistencia.
Selectividad en la aplicación del protocolo de seguridad
La marcha de jubilados también dejó expuesta la aplicación discrecional del protocolo de orden público. Mientras en algunas protestas el Gobierno aplica con rigor medidas de represión, en otras opta por la contención y el monitoreo. La clave no parece estar en el respeto a la legalidad, sino en la conveniencia política del momento. Cuando hay voluntad de evitar incidentes, la protesta transcurre en paz; cuando se busca un mensaje de dureza, la represión es la primera opción.
Preocupación por la presencia de para-policiales
Fuentes del operativo confiaron que la situación fue más «light» de lo esperado, sin necesidad de intervención represiva. Sin embargo, se observó la preocupante presencia de civiles con vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, actuando de manera extraoficial. Estos para-policiales parecen tener como objetivo hostigar a los manifestantes y generar confusión, dejando el costo político de cualquier incidente en manos de los uniformados. Es urgente que las autoridades aclaren su rol y prevengan la infiltración de estos actores ajenos al aparato institucional.
El rol del juez Cormick: observador sin pronunciamiento
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, supervisó presencialmente la manifestación con el fin de evaluar la aplicación del protocolo de seguridad. Su intervención responde a la cautela judicial ante denuncias de posible abuso de autoridad en la aplicación de medidas antipiquetes. Sin embargo, hasta el momento, el magistrado no ha emitido declaraciones públicas sobre lo observado en la jornada.
El riesgo de la precariedad institucional y la bestialización de la política
El avance del ajuste y la discrecionalidad en la toma de decisiones evidencian una creciente precariedad institucional, donde las normas se aplican según el capricho del poder de turno. Al mismo tiempo, la política se degrada en una confrontación permanente, reduciendo el debate a una pulseada de fuerza donde la racionalidad queda desplazada. En este contexto, el Estado no gobierna, sino que impone, y la protesta deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un problema a contener o reprimir según la oportunidad.
Conclusión: la calle no es un campo de guerra
En un Estado de Derecho, las calles no pueden convertirse en un escenario de guerra donde ciudadanos y fuerzas de seguridad se enfrentan como bandos opuestos. Es responsabilidad del Gobierno garantizar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad pública sin instrumentalizar la represión como una herramienta política. La jornada de hoy es un ejemplo de que, cuando hay voluntad de evitar el conflicto, la tensión no necesariamente deriva en violencia. La pregunta es hasta cuándo el Gobierno podrá contener el descontento sin abordar el problema de fondo: la crisis económica y el impacto del ajuste en los sectores más golpeados.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Fundador y editor de APROPOL Noticias
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