Estela tiene más de 65 años, cobra la jubilación mínima y vive en San Fernando. Está detenida en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires desde el 8 de octubre tras una tentativa de hurto en un supermercado que ni siquiera llegó a la línea de cajas.
La crónica publicada por El Destape, firmada por la periodista Marta Dillon, pone en primer plano una trama de vulnerabilidad extrema y cuestionamientos severos al sistema judicial y carcelario argentino. La protagonista es Estela Chávez, una mujer de más de 65 años, jubilada a través de la moratoria con el haber mínimo, que hace exactamente un mes se encuentra detenida en condiciones precarias en la Alcaidía N.º 15 del barrio porteño de Chacarita.
El hecho ocurrió el pasado 8 de octubre de 2026 en un supermercado de cadena extranjera. De acuerdo con el relato periodístico, Estela intentó llevarse un corte de carne ocultándomelo entre sus ropas, pero fue interceptada por la seguridad privada antes siquiera de cruzar la línea de cajas. Desde ese momento, su vida cotidiana se desmoronó: quedó alojada en un sitio pensado para tránsitos breves de entre 24 y 72 horas, sin infraestructura adecuada para la vida cotidiana ni para la atención médica que requiere una persona mayor.
El laberinto judicial y la salud en riesgo
El expediente, caratulado como la causa CCC 52837/2026, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. Aunque el Código Procesal Penal estipula plazos breves de diez días desde la indagatoria para definir la situación procesal en delitos con penas reducidas como la tentativa de hurto, la causa de Estela se encuentra empantanada con otro antecedente similar registrado en 2025.
Recién el 26 de octubre, y tras la intervención del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, el juzgado dictó la prisión preventiva. Mientras tanto, las condiciones de detención han afectado gravemente su salud: Estela contrajo una infección urinaria a fines de octubre y debió atravesar un circuito burocrático complejo para ser derivada y recibir antibióticos. Además, convive en una celda reducida con compañeras que fuman de manera constante, lo que agravó sus problemas pulmonares.
El peso de la crisis en los sectores vulnerables
Mariano Franco, hijo menor de Estela, relató al medio citado la angustia familiar. Bachero y ayudante de cocina que recientemente se quedó sin empleo, Mariano recorre cada semana la alcaidía para dejarle ropa limpia, alimentos y artículos de higiene, aunque el régimen de visitas le impide verla cara a cara.
El informe del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura citado por El Destape advierte sobre el incremento de personas alojadas en alcaidías porteñas superando ampliamente los plazos legales —llegando en algunos casos a más de 180 días— y expone la falta de respuestas por parte del Ministerio de Seguridad frente a las deficiencias estructurales de estos establecimientos.
La nota de El Destape cierra con un interrogante que atraviesa el caso: la desproporción entre la respuesta punitiva del Estado y las urgencias vitales de una jubilada que debió arriesgar su libertad para poder comer.
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