El Gobierno crea una comisión para investigar el escándalo cripto, pero omite un detalle clave: el principal señalado es el presidente Javier Milei, quien la ordenó.
Por Alberto Martinez
El Gobierno oficializó la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para colaborar con la Justicia en el caso de la criptomoneda $Libra, en medio de un escándalo que salpica a altos funcionarios y al propio presidente Javier Milei.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, se enmarca en el Decreto 114/2025, firmado por el propio Milei, que ordenó a la Oficina Anticorrupción iniciar investigaciones por posibles irregularidades.
Sin embargo, la estructura de esta investigación deja en evidencia una contradicción insalvable: la UTI fue creada por el mismo gobierno que debe ser investigado. Es decir, se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, quien responde directamente a Milei.
¿Una investigación sin independencia?
Si el objetivo es llegar hasta las últimas consecuencias, ¿cómo puede una unidad de investigación creada por el propio Ejecutivo garantizar imparcialidad si debe investigar a su propio jefe, el presidente?
🔹 ¿Se investigará realmente el rol de Milei en el escándalo de $Libra?
🔹 ¿O será un simulacro de transparencia para proteger al poder político?
🔹 Si la investigación apunta demasiado alto, permitirá el Gobierno que avance?
Esta falta de independencia genera dudas legítimas sobre si estamos ante un mecanismo de encubrimiento más que ante una auténtica búsqueda de justicia.
Impacto en la seguridad pública: otra distracción para una crisis real
Mientras el país enfrenta un aumento de la inseguridad, con fuerzas policiales desbordadas y sin recursos suficientes, el Gobierno destina tiempo y estructura estatal a una investigación que podría ser utilizada para proteger a los responsables en lugar de exponerlos.
Si la Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal están realmente comprometidas con la transparencia, deberían garantizar que esta investigación incluya al propio presidente Milei y su círculo cercano, en lugar de concentrarse en actores secundarios o en maniobras dilatorias.
El escándalo de $Libra no es solo un tema financiero, sino también una cuestión de credibilidad institucional. Si el gobierno no permite que la Justicia avance sobre sus propios funcionarios, ¿con qué autoridad puede exigirle transparencia a los ciudadanos o a las fuerzas de seguridad?
📢 El debate sigue abierto: ¿es una investigación real o solo una pantalla para desviar la atención?