Santa Cruz – Jonathan Moreira Sironi cumple prisión perpetua por el asesinato del policía Néstor Adrián Manquepán, ocurrido en Comodoro Rivadavia en 2010.
La Justicia le concedió salidas para visitar a su familia durante dos domingos al mes, aunque rechazó el pedido para trabajar fuera de la cárcel. Sonia Manquepán volvió a los tribunales para oponerse a ambos beneficios y denunció que, después de dieciséis años, continúa atravesando sola cada nueva instancia judicial.
La Justicia de Comodoro Rivadavia volvió a poner en discusión el régimen de cumplimiento de la condena impuesta a Jonathan Moreira Sironi, condenado a prisión perpetua por el asesinato del policía Néstor Adrián Manquepán, ocurrido el 8 de agosto de 2010.
Luego de una nueva audiencia, el juez autorizó al condenado a realizar salidas transitorias para visitar a su familia durante los dos primeros domingos de cada mes, entre las 11 y las 20 horas, bajo control policial, mientras que rechazó el pedido para acceder a salidas laborales de lunes a viernes.
La decisión volvió a provocar una profunda reacción en Sonia Manquepán, madre del efectivo asesinado, quien se presentó personalmente ante la Justicia para expresar su oposición y reclamar que se mantenga el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.
“Que cumpla la perpetua como corresponde”
Sonia Manquepán sostuvo que no busca una sanción adicional ni pretende modificar la condena impuesta, sino que se respete la pena de prisión perpetua obtenida después de un largo proceso judicial.
La mujer explicó que cada nueva audiencia la obliga a revivir el asesinato de su hijo y recordó que la condena original había sido de quince años por homicidio simple, decisión que posteriormente fue apelada hasta conseguir que la calificación fuera modificada y se impusiera prisión perpetua.
Para la familia, aquella sentencia significó el cierre de una batalla judicial especialmente difícil. Sin embargo, el paso de los años no terminó con las presentaciones, audiencias y pedidos vinculados con distintos beneficios penitenciarios.
Según relató Sonia, debe concurrir periódicamente a los tribunales para expresar su posición cada vez que el condenado solicita ampliar sus posibilidades de salida.
Un policía de 24 años asesinado cuando iba a trabajar
Néstor Adrián Manquepán tenía apenas 24 años y prestaba servicios en la Policía del Chubut cuando fue asesinado a golpes mientras se dirigía a cumplir funciones en la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso judicial y con el relato realizado posteriormente por su madre, el efectivo no tenía una relación previa con Moreira Sironi ni existió una disputa anterior entre ambos que pudiera explicar el ataque.
La violencia desplegada durante la agresión fue uno de los elementos centrales analizados en el juicio y terminó derivando, luego de las instancias correspondientes, en una condena a prisión perpetua.
Dieciséis años después, la discusión ya no gira alrededor de la autoría del crimen ni de la pena impuesta, sino de las condiciones concretas bajo las cuales esa condena debe continuar cumpliéndose.
Salidas familiares sí, laborales no
En la última audiencia, la Justicia diferenció los dos pedidos formulados por la defensa del condenado.
Por una parte, autorizó las salidas destinadas a mantener vínculos familiares, que se realizarán durante los dos primeros domingos de cada mes y bajo condiciones de supervisión.
Por otra, rechazó el pedido para que Moreira Sironi pudiera salir de lunes a viernes con el objetivo de desarrollar una actividad laboral.
La Fiscalía no habría formulado oposición a las visitas familiares, aunque sí rechazó las salidas laborales al considerar que no estaban dadas las garantías necesarias para habilitarlas.
La decisión no implica la libertad del condenado ni modifica formalmente la pena perpetua, pero permite que salga temporalmente del establecimiento penitenciario en las condiciones establecidas judicialmente.
Una madre que dice haber transitado sola dieciséis años
Uno de los aspectos más dolorosos del testimonio de Sonia Manquepán fue su denuncia sobre la falta de acompañamiento institucional recibido desde el asesinato de su hijo.
Aseguró que durante dieciséis años ningún representante de la Oficina de Asistencia a la Víctima se acercó a acompañarla y señaló que concurrió a esta nueva audiencia sin abogado patrocinante, llevando personalmente un escrito dirigido al juez.
Ese contraste es uno de los puntos que más cuestiona: mientras el condenado cuenta con defensa y puede plantear periódicamente nuevos pedidos relacionados con su régimen penitenciario, ella sostiene que debe presentarse una y otra vez por sus propios medios para defender la memoria de su hijo y expresar su posición.
El dato merece atención porque el sistema penal no termina en la condena. También existe un deber de acompañamiento hacia quienes sufrieron las consecuencias del delito, especialmente cuando cada nueva instancia procesal vuelve a colocar a las familias frente a hechos traumáticos ocurridos muchos años atrás.
“Mi hijo también tenía derechos”
La madre del policía cuestionó además que cada discusión sobre beneficios penitenciarios termine centrada exclusivamente en los derechos del condenado, mientras que la víctima queda progresivamente desplazada del debate.
Su planteo no desconoce que toda persona privada de libertad conserva derechos reconocidos por la ley, sino que reclama que esos derechos sean ponderados junto con los de quienes sufrieron directamente el delito.
Néstor Manquepán tenía derecho a vivir, a continuar su carrera, a formar una familia y a regresar de su jornada de trabajo. Para su madre, esa dimensión no puede desaparecer cada vez que el expediente vuelve a abrirse para analizar nuevas posibilidades de salida del condenado.
El problema no termina con la sentencia
El caso vuelve a mostrar que una condena judicial, incluso una pena de prisión perpetua, no necesariamente cierra el padecimiento de las víctimas y sus familiares.
Los regímenes de ejecución penal contemplan mecanismos progresivos y beneficios que pueden ser analizados bajo determinadas condiciones, pero cada una de esas decisiones tiene consecuencias concretas para quienes convivieron con el crimen y con el largo camino judicial posterior.
Por eso, más allá de la legalidad de las salidas transitorias concedidas, el reclamo de Sonia Manquepán pone sobre la mesa una cuestión que merece ser escuchada: quién acompaña a las familias de los policías asesinados cuando, muchos años después de una sentencia, deben volver una y otra vez a los tribunales para defender aquello que creían definitivamente resuelto.
A dieciséis años del asesinato de Néstor, su madre resume esa experiencia con una frase que excede cualquier discusión técnica sobre beneficios penitenciarios: “Hace dieciséis años no vivo, sobrevivo”.
Y detrás de esa expresión aparece una pregunta que la Justicia también debería responder: cuánto lugar ocupan los derechos, la memoria y el acompañamiento de la víctima cuando comienza a discutirse la progresividad de la pena de quien fue condenado por quitarle la vida.
Fuente consultada: ADN Sur / Diario Jornada / La Tribuna Radio
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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