Durante una concentración frente a los Tribunales de Santa Fe, familiares de los efectivos que llevan cuatro meses en prisión preventiva reclamaron una investigación justa.
El abogado defensor sostuvo que encontró elementos que permitirían cuestionar la imputación por torturas y pidió aclarar si determinadas lesiones constatadas en la autopsia eran anteriores a la intervención policial.
Familiares de los policías imputados en la investigación por la muerte de Mauro González se concentraron este martes 3 de noviembre en las inmediaciones de los Tribunales de Santa Fe, frente a Plaza de Mayo, para reclamar una investigación justa, el esclarecimiento de los hechos y la revisión de la prisión preventiva que mantienen los efectivos desde hace aproximadamente cuatro meses.
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La manifestación estuvo acompañada por una pancarta mediante la cual los allegados expresaron su confianza en la inocencia de los detenidos y reclamaron que se conozca la verdad. Durante la jornada, los familiares dialogaron con el móvil de LT10 y explicaron las dificultades que atraviesan desde que los policías quedaron privados de su libertad, mientras la defensa anticipó una nueva presentación judicial sustentada en el análisis de las actuaciones y de los informes médicos incorporados al expediente.
La defensa sostiene que encontró nuevos elementos para revisar la prisión preventiva
Uno de los aspectos más relevantes de la jornada surgió de las declaraciones del abogado defensor, el doctor Martín Risso Patrón, quien explicó que durante las últimas semanas profundizó el análisis del legajo judicial, compuesto por una importante cantidad de registros audiovisuales, declaraciones y otros elementos probatorios.
Según manifestó, el expediente contiene aproximadamente 100 gigabytes de información, entre filmaciones, videos y testimonios, cuyo examen permitió identificar circunstancias que considera relevantes para solicitar una nueva evaluación de la situación procesal de los policías.
El letrado recordó que la imputación habría experimentado una modificación respecto de su formulación inicial, pasando de torturas seguidas de muerte a una acusación por torturas, sin que ello haya determinado hasta el momento el cese de la prisión preventiva.
En ese contexto, sostuvo que el análisis de las pruebas disponibles le permitió arribar a una interpretación distinta de los hechos investigados.
“Me encontré con un montón de elementos para determinar que no solamente no hay relación con la muerte, sino que tampoco habría tortura”, afirmó el abogado durante la entrevista.
Se trata de una posición de la defensa que deberá ser sometida a consideración judicial y contrastada con las restantes evidencias de la investigación, pero que introduce una cuestión concreta respecto de la subsistencia de los fundamentos utilizados para sostener la acusación y la privación cautelar de la libertad.
La antigüedad de las lesiones aparece como un punto central
El abogado señaló que, al examinar el informe de autopsia, advirtió la existencia de lesiones cuya apariencia podría resultar compatible con una producción anterior al procedimiento policial, circunstancia que, de confirmarse mediante una evaluación médico-forense, tendría relevancia para determinar el origen de esas lesiones y su eventual vinculación con la conducta atribuida a los imputados.
“Me encontré con lesiones que aparentaban tener días de antigüedad”, explicó, antes de precisar que solicitará una intervención del médico forense para establecer si dichas lesiones eran previas a la detención o si se produjeron durante la intervención de los efectivos.
La distinción resulta fundamental desde el punto de vista probatorio, dado que la existencia de lesiones en una persona no permite, por sí sola, atribuirlas a quienes intervinieron posteriormente en su detención. Para establecer una eventual responsabilidad resulta necesario determinar, entre otros aspectos, su mecanismo de producción, antigüedad, circunstancias y vinculación con las conductas investigadas.
Sin embargo, también corresponde advertir que la apariencia de una lesión no establece automáticamente su fecha de producción y que esa conclusión requiere una evaluación pericial técnicamente fundada.
Por ello, el planteo anunciado por la defensa no significa que ya se haya demostrado que las lesiones eran anteriores, sino que se pretende obtener una respuesta forense específica sobre una cuestión que podría modificar la valoración de los hechos.
De la acusación por torturas a una eventual figura de vejaciones
Consultado sobre el cambio de calificación legal que pretende impulsar, el defensor fue categórico al sostener que, según su interpretación de la prueba examinada, no existirían elementos suficientes para mantener la imputación por torturas.
En ese sentido, planteó que, si la investigación continuara bajo una hipótesis de malos tratos, correspondería examinar eventualmente una figura como la de vejaciones, cuya configuración y consecuencias procesales difieren de las previstas para el delito de tortura.
“Acá yo entiendo claramente que no hay para nada tortura. En todo caso, si sigue la investigación con las personas privadas de libertad, sería por un delito de vejaciones”, expresó.
La eventual modificación de la calificación legal podría tener consecuencias relevantes sobre el examen de la prisión preventiva, aunque corresponde precisar que una figura penal de menor gravedad no determina automáticamente la libertad del imputado, ya que toda medida cautelar debe ser evaluada judicialmente conforme a sus presupuestos legales, la situación individual de cada acusado y la existencia de riesgos procesales concretos.
Lo significativo del anuncio es que la defensa pretende discutir no solamente la continuidad del encarcelamiento preventivo, sino también la correspondencia entre los hechos que considera acreditados y la figura penal utilizada para sostener la imputación.
Cuatro meses de detención y familias que reclaman respuestas
Mientras avanza la discusión judicial, las familias de los policías continúan atravesando las consecuencias personales, económicas y emocionales de la detención de sus allegados, una situación que describieron como especialmente dolorosa durante las entrevistas realizadas en la concentración.
“Nosotros lo que pretendemos es que se aclare todo, queremos la verdad, sabemos que los chicos son inocentes y estamos acá para apoyarlos y que pronto los liberen”, manifestó una de las familiares.
Otra de las participantes explicó que la situación se ha vuelto particularmente difícil después de cuatro meses de prisión preventiva, pero aseguró que el entorno de los efectivos mantiene su confianza en que podrán recuperar la libertad.
Las declaraciones muestran que el reclamo no se limita a una controversia jurídica sobre la calificación penal, sino que también expresa el impacto que la prolongación de una detención produce sobre los hogares de quienes todavía no cuentan con una sentencia definitiva.
La prisión preventiva no puede reemplazar a una condena
El caso vuelve a colocar en discusión una cuestión que excede la situación particular de los policías investigados: la necesidad de distinguir con claridad entre la gravedad de una acusación, la obligación estatal de investigar hechos potencialmente delictivos y los presupuestos jurídicos que permiten mantener privada de su libertad a una persona que conserva la presunción de inocencia.
La muerte de Mauro González exige una investigación seria, completa e independiente, capaz de establecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan, sin exclusiones ni privilegios derivados de la condición policial de los imputados. Pero esa misma exigencia de rigor debe alcanzar a las decisiones que restringen anticipadamente la libertad, especialmente cuando aparecen planteos defensivos sustentados en elementos que podrían modificar la interpretación inicial de los hechos.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una sanción anticipada. Su continuidad debe responder a fundamentos procesales concretos, actuales y suficientemente motivados, y no solamente a la gravedad del delito inicialmente atribuido o a la repercusión pública del caso.
Si las nuevas observaciones sobre el material forense y las restantes pruebas resultan relevantes, corresponderá que sean examinadas con la profundidad necesaria y que sus conclusiones sean incorporadas a una revisión judicial fundada.
Investigar la muerte y garantizar los derechos de los imputados
Desde APROPOL Noticias consideramos que el esclarecimiento de la muerte de Mauro González y el respeto de las garantías de los policías imputados no constituyen objetivos contrapuestos. La investigación debe procurar establecer la verdad de lo ocurrido y, al mismo tiempo, impedir que una medida excepcional como la prisión preventiva se prolongue sin una justificación suficiente.
La concentración de familiares realizada este martes y el anuncio de una nueva presentación de la defensa abren una etapa que deberá resolverse mediante pruebas, pericias y decisiones judiciales debidamente fundamentadas.
La pregunta que ahora adquiere especial importancia es si los elementos reunidos justifican mantener la calificación penal y la prisión preventiva en los términos actuales, o si corresponde revisar ambas decisiones a partir de la nueva valoración de la prueba solicitada por la defensa.
Reclamar que esa revisión se produzca no significa desconocer la gravedad de la muerte investigada ni anticipar la inocencia o culpabilidad de nadie, sino exigir que la Justicia cumpla su función con independencia, rigor técnico y respeto por los derechos de todas las personas involucradas.
Fuente: Declaraciones del abogado defensor y de familiares de los efectivos durante la cobertura de LT10 y Somos Santa Fe del 3 de noviembre de 2026.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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