La falta de apelación cerró definitivamente una causa emblemática que marcó durante casi una década la vida profesional y personal de los agentes involucrados.
Por Rubén Pombo (*)
La absolución de cinco policías santafesinos en el denominado “caso París” quedó firme luego de que ni la Fiscalía ni la querella presentaran apelación contra el fallo dictado en diciembre de 2025, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más prolongados y controversiales que involucraron a personal policial en la provincia de Santa Fe.
El caso se originó tras la muerte de la bibliotecaria María de los Ángeles París, ocurrida en 2017 en una comisaría de Rosario, y durante años fue presentado públicamente bajo hipótesis que incluían tortura y violencia institucional, extremos que finalmente no pudieron ser acreditados en el juicio oral.
El Tribunal integrado por los jueces Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera resolvió absolver por unanimidad a los policías Silvio Cortés, Susana Domínguez, Damián Zalazar, Silvina Gianotti y Andrea Allovatti, y esa decisión quedó firme al no ser cuestionada por ninguna de las partes acusadoras.
El fallo descartó violencia policial y confirmó el cumplimiento del deber legal
Durante el proceso judicial, el tribunal evaluó pericias médicas, testimonios, registros audiovisuales y actuaciones policiales, concluyendo que no existían pruebas que acreditaran violencia o malos tratos por parte del personal policial.
Los jueces determinaron que la víctima atravesaba un cuadro clínico grave, caracterizado como una crisis psicofisiológica severa con desorganización conductual, situación que implicaba un riesgo vital independiente de cualquier intervención policial.
Asimismo, el tribunal concluyó que no se acreditó dolo, ni negligencia penalmente relevante, ni un nexo causal que permitiera atribuir la muerte al accionar de los agentes, señalando que la actuación policial se mantuvo dentro del marco del cumplimiento del deber legal y conforme a los estándares internacionales vigentes.
En consecuencia, el fallo descartó expresamente la existencia de violencia institucional o la comisión de delito alguno por parte del personal imputado.
Nueve años bajo sospecha: el impacto invisible del proceso judicial
Más allá del resultado absolutorio, el proceso judicial tuvo consecuencias profundas sobre la vida profesional y personal de los agentes involucrados.
Durante casi nueve años, los efectivos permanecieron bajo investigación, enfrentaron imputaciones penales y quedaron expuestos a un proceso que afectó su carrera, sus ingresos y su estabilidad institucional.
El propio fallo deja entrever una consecuencia estructural de este tipo de procesos: los agentes sometidos a investigación no pueden acceder a ascensos ni progresiones normales dentro de la carrera, lo que implica una afectación directa y prolongada de su desarrollo profesional, incluso cuando finalmente resultan absueltos.
Este fenómeno expone una dimensión frecuentemente invisibilizada: el castigo anticipado que implica el proceso mismo, independientemente del resultado final.
El silencio de las acusaciones cerró definitivamente la causa
Un elemento central de esta etapa final fue la decisión de la Fiscalía y de la querella de no apelar la absolución.
La Fiscalía había solicitado penas de hasta cuatro años de prisión durante el proceso, mientras que la representación legal de la familia de la víctima renunció posteriormente, y no se designaron nuevos abogados para continuar la acción judicial.
La ausencia de apelación consolidó la firmeza del fallo y puso fin definitivo al proceso judicial.
Desde el punto de vista jurídico, esto implica el reconocimiento pleno de la inocencia de los agentes, sin instancias pendientes ni cuestionamientos judiciales vigentes.
Un caso emblemático en un contexto institucional en transformación
El cierre definitivo del caso París ocurre en un contexto institucional particularmente sensible en la provincia de Santa Fe, marcado por recientes conflictos policiales, tensiones salariales y cambios en el régimen previsional que afectan directamente al personal activo y retirado.
En este escenario, la confirmación de la absolución adquiere un significado que trasciende el caso individual y proyecta interrogantes más amplios sobre el impacto institucional de los procesos judiciales prolongados sobre el personal policial.
La prolongación de investigaciones durante años, seguida de absoluciones definitivas, expone la necesidad de reflexionar sobre el equilibrio entre el deber de investigar y la protección de los derechos y garantías del personal sometido a proceso.
Porque cuando la absolución llega después de casi una década, la pregunta institucional inevitable es cuánto daño ya ha sido producido.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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