Trascendidos judiciales señalan que representantes de la firma Gas Auto Tiferno evalúan presentarse como “imputados colaboradores” para aportar datos de más de una década de maniobras con el combustible policial. En paralelo, en Pueblo Esther crece la preocupación por la seguridad en torno al comisario Ramírez, ya excarcelado.
Por El Espía
Tiferno, del negocio silencioso a la figura del “arrepentido”
La causa por el desvío millonario de fondos de combustible en la Policía de Rosario está lejos de haberse agotado con las imputaciones iniciales. Según pudo saber este medio, el frente empresarial del escándalo podría dar un giro clave: la firma Gas Auto Tiferno, estación de servicio señalada como epicentro de las cargas sobrefacturadas y facturaciones sin respaldo real, se presentaría en los próximos días a través de sus representantes para acogerse a la figura de imputado colaborador.
La movida no sería menor. Hasta ahora, la lupa pública se concentró en jefes policiales, intermediarios y encargados de garage. Pero, si se concreta la colaboración de quienes estuvieron detrás de los surtidores durante más de una década, la línea de responsabilidad podría subir varios escalones.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la declaración de los responsables de Tiferno no solo ampliaría el detalle de las maniobras con el combustible a lo largo de más de diez años, sino que además podría apuntar directamente a funcionarios políticos de distintos gobiernos, provinciales y tal vez municipales, que habrían conocido, tolerado o facilitado el circuito irregular. La pregunta de fondo es simple: semejante esquema de recaudación, sostenido en el tiempo, ¿podía funcionar sin interlocutores en la conducción política?
Pueblo Esther en alerta: miedo, rumores y pedidos de protección
Mientras en Tribunales se cocina la posible confesión empresarial, en Pueblo Esther la causa combustible se vive con otra lógica: la del miedo cotidiano.
En esa localidad reside el comisario Gerardo Fabián Ramírez, eje del manejo de combustible durante años y hoy en condición de imputado colaborador, tras su propia declaración y excarcelación. Su figura, que combina pasado de operador histórico, patrimonio llamativo y rol de “arrepentido”, genera inquietud entre vecinos y allegados.
Según comentarios recogidos en la zona, hay temor a posibles represalias o “aprietes” vinculados a la causa: que alguien quiera “hacerlo callar”, que busquen disciplinar a quienes puedan aportar información o incluso que se utilice el territorio como escenario de mensajes mafiosos.
Ante ese clima, distintas voces de Pueblo Esther empezarían a pedir mayor presencia preventiva y protección específica en el área, para evitar que un conflicto gestado en las altas esferas de la política y la conducción policial termina salpicando la vida cotidiana de un pueblo que no eligió estar en el centro del escándalo.
Una causa que dejó de ser solo policial
Con un posible arrepentido del lado empresarial y un “colaborador” que sigue viviendo en un barrio donde todos se conocen, la causa combustible demuestra que hace rato dejó de ser un expediente interno de la Policía para convertirse en un caso que toca:
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- la relación entre empresas proveedoras y el Estado,
- la responsabilidad de gobiernos sucesivos que miraron para otro lado,
- y la seguridad de los propios testigos e imputados colaboradores, que hoy se mueven en un terreno donde el riesgo no es solo jurídico, sino también físico.
Si la Justicia avanza en serio sobre los vínculos políticos y empresariales, el expediente puede convertirse en una radiografía incómoda de cómo se administra —o se saquea— el dinero público destinado a la seguridad.
Si se queda a mitad de camino, será un capítulo más en la larga saga de escándalos donde el foco se pone en algunos policías y jamás en quienes, desde despachos y directorios, se beneficiaron durante años de un sistema que todos sabían que existía.
Es todo cuanto puedo informar por el momento
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