
El sargento Federico Colarusso, de 33 años, murió tras recibir un disparo en el pecho efectuado con el arma reglamentaria del jefe policial que participaba del procedimiento.

El episodio ocurrió cuando cuatro sospechosos ya habían sido reducidos y esposados. La causa fue inicialmente calificada como homicidio culposo, pero la Justicia deberá determinar cómo se produjo el disparo y si existieron otras responsabilidades. La explicación atribuida al superior, «se me escapó un disparo», no alcanza por sí sola para esclarecer la muerte de un compañero de servicio.
Una intervención policial que terminó con la muerte de un compañero
Un operativo desarrollado el viernes 13 de noviembre en el barrio Lomas Altas de Chascomús, provincia de Buenos Aires, terminó con la muerte del sargento Federico Colarusso, integrante del Destacamento de Seguridad Vial de Lezama, quien recibió un disparo en el pecho proveniente del arma reglamentaria de un jefe policial que participaba del procedimiento.
La intervención estaba relacionada con una investigación por robos cometidos en Alejandro Korn, partido de San Vicente. Los efectivos habían localizado una vivienda ocupada por personas investigadas y un vehículo que registraba pedido de secuestro por su presunta vinculación con un robo calificado.
Según la reconstrucción inicial publicada por distintos medios, los policías organizaron una vigilancia en las inmediaciones del inmueble y posteriormente intentaron detener a cuatro sospechosos. Durante la intervención se produjo una persecución y un intercambio de disparos, hasta que finalmente los cuatro hombres fueron reducidos y esposados.
Cuando el procedimiento parecía haber concluido y los detenidos permanecían bajo custodia, se escuchó una nueva detonación.
El proyectil impactó en el pecho de Colarusso, provocándole una lesión mortal. El disparo habría salido del arma que manipulaba el jefe interino de la dependencia policial de Chascomús.
El sargento tenía 33 años, residía en Ranchos y prestaba servicios en Lezama.
«Se me escapó un disparo»: una explicación que debe investigarse
En las primeras versiones difundidas sobre el episodio se atribuyó al jefe policial una explicación tan breve como inquietante: «Se me escapó un disparo».
La expresión no constituye, por sí misma, una reconstrucción técnica de lo ocurrido, ni permite establecer si se trató de una descarga accidental, una manipulación imprudente del arma o una conducta de otra naturaleza.
Una pistola reglamentaria no debe dispararse durante su manipulación ordinaria cuando se observan las medidas de seguridad correspondientes. Precisamente por eso, ante un resultado fatal, resulta indispensable determinar el estado del arma, la posición de las personas involucradas, la trayectoria del proyectil y las circunstancias concretas de su accionamiento.
El hecho de que los sospechosos ya estuvieran esposados introduce un elemento especialmente importante: según la reconstrucción conocida, la intervención armada había concluido y no se había informado de una nueva amenaza que justificara efectuar disparos.
Esto no permite atribuir automáticamente una intención homicida, pero exige investigar rigurosamente cómo y por qué se produjo la detonación.
La investigación judicial y la situación del jefe policial
La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 de Chascomús, y fue inicialmente encuadrada bajo la figura de homicidio culposo.
Esa calificación supone, en principio, investigar una muerte provocada sin intención homicida, pero atribuible eventualmente a imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes.
Sin embargo, la calificación inicial no constituye una conclusión definitiva y puede modificarse si aparecen elementos que justifiquen otra interpretación jurídica.
El jefe policial fue apartado preventivamente de sus funciones y las primeras informaciones señalaron que permanecía en libertad. Posteriormente, otros medios informaron que se había dispuesto su arresto, circunstancia que muestra la necesidad de diferenciar las sucesivas etapas de la investigación.
Las pericias balísticas, los resultados de la autopsia y las declaraciones de los testigos serán fundamentales para establecer la mecánica del disparo.
También deberá determinarse si se cumplieron los protocolos de seguridad en la manipulación del armamento y cuáles fueron las condiciones operativas en las que ocurrió el episodio.
La seguridad del trabajador policial también depende de sus propios superiores
La muerte de Colarusso plantea una cuestión que merece especial atención desde la perspectiva de los derechos y la seguridad laboral del personal policial.
Los efectivos enfrentan riesgos derivados de la actividad criminal, pero también pueden quedar expuestos a situaciones peligrosas producidas por deficiencias en la conducción de los procedimientos, errores operativos y utilización inadecuada del armamento.
La jerarquía policial implica mayores responsabilidades, especialmente cuando se dirige un operativo en el que participan varios trabajadores y se utilizan armas de fuego.
Quien ejerce funciones superiores debe garantizar que las intervenciones se desarrollen conforme a protocolos profesionales y que las medidas de seguridad se mantengan incluso después de haber concluido una situación de enfrentamiento.
La capacitación, el entrenamiento permanente y la observancia estricta de las reglas de manipulación de armas no pueden considerarse aspectos secundarios de la función policial, porque están directamente relacionados con la vida de los trabajadores.
Si la investigación acredita una manipulación negligente, corresponderá determinar las responsabilidades penales y administrativas que resulten procedentes. Si, por el contrario, surgieran elementos que indiquen otra conducta, deberán ser examinados sin condicionamientos derivados de la jerarquía institucional del involucrado.
La muerte de un policía exige verdad, justicia y responsabilidad institucional
Desde APROPOL expresamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del sargento Federico Colarusso, cuya muerte constituye una pérdida irreparable.
También consideramos indispensable que el esclarecimiento del hecho se desarrolle mediante una investigación exhaustiva, independiente y sin privilegios derivados del grado o cargo de las personas involucradas.
La explicación de un disparo presuntamente accidental debe ser examinada mediante pruebas técnicas y testimoniales, no aceptada ni descartada anticipadamente.
La institución policial tiene la obligación de proteger a quienes cumplen funciones operativas, incluso frente a los riesgos que pueden originarse dentro de sus propios procedimientos.
La vida de un trabajador policial no vale menos porque el disparo haya salido del arma de un compañero o de un superior. Y la responsabilidad de esclarecer su muerte no puede depender de la jerarquía de quien efectuó el disparo.
Por Federico Colarusso, verdad y justicia.ç




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