Comunicado de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe con un balance de gestión e indicadores alarmantes.
Por Marcos Anglada
El comunicado:
El cierre del año encuentra al personal policial en una situación que no solo no mejora, sino que en muchos aspectos empeora y se profundiza. La comparación entre la Encuesta 2024 y la Encuesta 2025 de la Red vuelve a dejar en evidencia lo que desde hace tiempo se vive en el día a día: precarización laboral, deterioro de la calidad de vida y un Estado que exige más mientras garantiza menos.
En el plano económico, los datos son contundentes. Aunque aumenta el acceso al plus/TAP (del 48,1% al 59,3%), este incremento no se traduce en bienestar real. Apenas el 9,4% logra llegar a fin de mes y solo el 23,1% cubre la canasta básica.
Más del 89% percibe que su calidad de vida empeoró. El plus no es un beneficio: es un parche que obliga a trabajar más para seguir siendo pobre. A esto se suma una caída en la capacidad de pagar servicios básicos, lo que confirma que el salario sigue corriendo muy por detrás del costo de vida.
En lo laboral, la situación también se agrava. Cada vez más personal realiza horas extra y servicios adicionales (50,9% en 2025), no por elección, sino por necesidad. El ambiente laboral considerado “bueno” cae de manera alarmante, al igual que la percepción sobre el estado del lugar de trabajo. Las condiciones edilicias se deterioran, la infraestructura se cae a pedazos y el mensaje es claro: se exige presencia, disciplina y resultados en espacios que no garantizan ni dignidad ni seguridad.
La salud, tanto física como mental, es uno de los indicadores más alarmantes. La cobertura de necesidades médicas desciende brutalmente del 48,1% al 24,3%. La atención en salud mental, medida por primera vez en 2025, alcanza apenas al 26,9%, confirmando una deuda histórica que se vuelve crítica en un contexto de sobrecarga laboral, estrés permanente y violencia institucional. Los accidentes laborales aumentan y la cobertura de DIPART retrocede, dejando al personal prácticamente solo frente a las consecuencias del trabajo.
En materia de educación y formación, se observa una contradicción que también habla del contexto: crece la participación en cursos oficiales, pero disminuye la cantidad de carreras completas fuera de la institución. No es falta de voluntad, es falta de tiempo, recursos y condiciones materiales. Formarse se vuelve un privilegio cuando el salario no alcanza y la carga laboral se expande.
La vivienda muestra una leve mejora en términos de propiedad, pero esto no puede leerse de forma aislada. Tener casa propia no compensa no poder pagar servicios, no llegar a fin de mes ni cubrir la canasta básica. La estabilidad habitacional convive con una inestabilidad económica estructural.
Finalmente, los datos de 2025 incorporan dimensiones que confirman lo que durante años se intentó invisibilizar: la mayoría se percibe dentro de la clase baja o trabajadora, y casi un tercio reconoce que la maternidad impacta negativamente en ascensos y cargos de mando. La desigualdad de género sigue operando dentro de la institución, aun cuando se la niegue discursivamente.
Este cierre de año no deja lugar a interpretaciones complacientes. Los números no son una opinión: son un diagnóstico.
Más trabajo, menos salario real. Más exigencias, menos derechos. Más discursos, menos políticas concretas.
Las encuestas de la Red no solo reflejan una realidad: la documentan y la exponen. Y mientras no haya decisiones políticas que prioricen condiciones dignas, salud integral y salarios acordes, el deterioro seguirá profundizándose.
Porque no se puede sostener una fuerza de seguridad empobrecida, agotada y desprotegida sin consecuencias. Y porque el ajuste, una vez más, cae sobre quienes sostienen el servicio todos los días.
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