
La ministra de Seguridad Nacional será intervenida de la columna este martes, pero la cartera mantuvo bajo estricta reserva el centro médico y la cobertura que utilizará. La falta de precisiones expone una fuerte asimetría frente al deterioro de las prestaciones médicas que sufren policías, penitenciarios, gendarmes y prefectos.
Por Pablo Sebastián Giles (*)
A Alejandra Monteoliva la operan este martes de la columna. Como informó el propio Ministerio de Seguridad Nacional y replicó la funcionaria en su cuenta de X, se trata de una intervención programada que ella misma decidió postergar hasta que concluyeran dos despliegues centrales de su gestión: el operativo por la visita del papa León XIV y el traslado de los últimos internos del penal de Villa Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Cumplidas ambas tareas, la ministra quedará internada durante algunos días y seguirá la agenda del área de forma remota.
Sin embargo, el comunicado oficial omitió dos datos centrales para evaluar la ejemplaridad de la función pública: en qué sanatorio u hospital será intervenida y qué cobertura médica financiará la operación.
En un contexto ordinario, el lugar de internación de un funcionario podría encuadrarse dentro de su esfera privada. Pero en la cartera de Seguridad la situación es crítica: mientras la máxima autoridad dispone de plazos previsibles y confidencialidad absoluta, miles de efectivos de las fuerzas federales atraviesan un deterioro sostenido en sus sistemas de salud.
La pregunta que recorre las dependencias policiales y penitenciarias es elemental: ¿se atenderá la ministra en las mismas condiciones que el personal bajo su mando? ¿Ingresará al quirófano en un hospital de las fuerzas o con una cobertura privada de primera línea mientras sus subordinados enfrentan meses de demora para una consulta traumatológica?
Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, los reclamos por el vaciamiento prestacional y el aumento de coseguros se multiplicaron en todo el país, abarcando a la totalidad de las fuerzas federales.
En la Policía Federal Argentina, la atención depende de la Superintendencia de Bienestar, cuyo eje es el Complejo Médico Churruca Visca, en la Ciudad de Buenos Aires. El hospital sufre una aguda falta de insumos, reducción de servicios y demoras prolongadas que afectan tanto al personal activo y retirado del área metropolitana como a quienes son derivados desde las provincias.
En el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección de Obra Social, administrada por la propia fuerza, replica el mismo esquema de recortes, caída de prestadores y reprogramación constante de estudios y cirugías.
En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sus efectivos dependen de Unión Personal, gerenciada por el sindicato UPCN, donde persisten las quejas por restricciones en la cartilla y falta de auditoría estatal sobre la calidad del servicio.
En Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, tras la disolución y el desprendimiento del IOSFA, ambas fuerzas fueron traspasadas de manera compulsiva a Medicus. Lejos de resolver el problema, la medida implicó costos elevados, cobro de coseguros y serias deficiencias de cobertura en localidades del interior donde la prepaga carece de prestadores propios, además de dejar bajo sospecha los mecanismos de adjudicación de un padrón cautivo.
La crisis sanitaria de los uniformados tampoco responde a un fenómeno imprevisto. Antes de que Monteoliva asumiera la conducción del ministerio, la cartera estuvo en manos de Patricia Bullrich, quien ya había ocupado ese mismo cargo entre 2015 y 2019. El diagnóstico sobre la fragilidad financiera y operativa de las obras sociales de seguridad era conocido de antemano por la actual cúpula política. Aun así, las decisiones de gestión profundizaron el ajuste sobre las prestaciones del personal.
El contraste interpela de lleno al discurso oficial. El mismo Gobierno que construyó su narrativa sobre el respaldo irrestricto a quienes nos cuidan mantiene en secreto los detalles de la atención médica de su ministra de Seguridad, al tiempo que convalida el achicamiento sanitario para quienes patrullan las calles y custodian las cárceles.
Cuando la conducción política administra los recursos de salud bajo un estándar de reserva y privilegio, y el personal subordinado queda sujeto a listas de espera y recortes, el hermetismo deja de ser una cuestión de intimidad para convertirse en una definición política.
(*) Editor en temas de Seguridad en Tribuna de Periodistas
PD: Desde APROPOL deseamos pronta recuperación a la ministra.




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