Cococcioni elogió a la Policía, pero omitió lo que el personal esperaba escuchar

Rosario (Santa Fe) – Cococcioni destacó resultados, equipamiento y respaldo político a la fuerza, pero omitió los dos temas que buena parte del personal esperaba escuchar.

El acto por el 172º aniversario de la Policía de Rosario ofrecía una oportunidad excepcional para que las máximas autoridades provinciales hablaran no solamente de la institución y de los resultados de la política de seguridad, sino también de quienes todos los días sostienen esa política desde la calle.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, eligió centrar su discurso en la reducción de los homicidios, la presencia territorial, el equipamiento, la incorporación de nuevas tecnologías y el respaldo político a los efectivos. Fue un mensaje orientado a reivindicar el rumbo elegido desde diciembre de 2023 y a presentar los resultados obtenidos como una ratificación del modelo aplicado por el Gobierno provincial.

Sin embargo, evitó prácticamente toda referencia a las condiciones materiales en las que esos mismos policías desarrollan su tarea.

La omisión no es menor. Hace apenas seis meses, policías, retirados y familiares protagonizaron en Rosario y otros puntos de la provincia una protesta que colocó en primer plano los bajos ingresos, la necesidad de mejorar las condiciones laborales y el deterioro de la vida cotidiana del personal. Aquel conflicto tuvo como uno de sus epicentros la propia Jefatura de la Unidad Regional II, el mismo escenario donde ahora las autoridades volvieron a reunirse para celebrar el aniversario institucional y destacar el esfuerzo de la fuerza.

El reconocimiento y la omisión

Durante su intervención, Cococcioni sostuvo que “la presencia policial proactiva en la calle es un activo indiscutible” y vinculó directamente el despliegue territorial con la fuerte disminución de los homicidios dolosos registrada en Rosario.

También afirmó que los policías forman parte de un proyecto que “los comprende, los empodera y los defiende cuando parece que nadie más los va a defender”. Incluso aseguró que el gobernador no dudaría en indultar a un policía que considerara injustamente condenado por un supuesto episodio de violencia institucional.

El reconocimiento político fue claro y seguramente representa un cambio valorado por muchos trabajadores que durante años reclamaron que la función policial dejara de ser observada exclusivamente desde la sospecha, la estigmatización o la presunción permanente de culpabilidad.

Pero el problema aparece cuando ese reconocimiento institucional no encuentra un correlato equivalente en la discusión sobre la situación del policía como trabajador.

Cococcioni habló de uniformes, armamento, chalecos, estaciones policiales, pistolas Taser, dispositivos menos letales y protocolos de actuación, pero no dedicó un tramo de su intervención a explicar cómo piensa el Gobierno mejorar de manera sostenida los salarios, los descansos, los adicionales, la carrera profesional, la atención sanitaria o las condiciones familiares del personal.

Precisamente allí estuvo una de las ausencias más evidentes de la jornada.

Seis meses después de la protesta

El silencio adquiere mayor dimensión por la cercanía temporal con el conflicto de febrero. En aquella oportunidad, policías y familiares reclamaron públicamente mejores condiciones de trabajo y de vida, generando una crisis institucional que puso al descubierto un malestar que venía acumulándose desde mucho antes.

La situación llegó a mostrar una de las imágenes más incómodas que puede enfrentar cualquier gobierno: la propia estructura policial utilizada para contener a policías y familiares que reclamaban mejores salarios y condiciones laborales.

No se trataba de una discusión abstracta sobre doctrina de seguridad ni sobre estadísticas criminales. Detrás de aquellas protestas había trabajadores diciendo que sus ingresos no alcanzaban, familias señalando las dificultades de sostener la vida cotidiana y personal reclamando condiciones laborales compatibles con las exigencias extraordinarias que impone la función policial.

El conflicto produjo consecuencias dentro de la conducción de la Unidad Regional II, dejó efectivos sancionados y expuso una relación entre el poder político y una parte importante de la fuerza que estaba lejos de la armonía que ahora pretende transmitir el discurso oficial.

Seis meses después, en el mismo edificio, el Gobierno volvió para agradecer el esfuerzo, destacar los resultados y reivindicar el compromiso de los policías.

Pero de las causas que habían llevado a aquellos trabajadores a la protesta prácticamente no se habló.

Villán, una respuesta que no terminó de resolver la crisis

Danilo Villán asumió la jefatura de la Unidad Regional II después del desplazamiento de Guillermo Solari, ocurrido en el marco de aquella crisis. Su llegada fue presentada como parte de una reorganización destinada a recuperar conducción y estabilidad en una estructura policial severamente afectada por el conflicto.

Seis meses después, Villán encabezó institucionalmente el aniversario y afirmó que la fuerza había atravesado períodos en los que se sintió “alejada de los vecinos”, mientras sostuvo que ahora esos mismos vecinos vuelven a verla como parte de la comunidad y que el personal se siente nuevamente aceptado y reconocido.

La descripción ofrece una imagen optimista de la situación institucional, aunque no coincidiría plenamente con la evaluación existente dentro del propio Gobierno.

Fuentes gubernamentales consultadas por APROPOL Noticias, cuya identidad se mantiene en reserva, califican como muy pobre la gestión de Villán al frente de la Unidad Regional II y aseguran que su continuidad obedecería, fundamentalmente, a la decisión política de evitar otro movimiento que pueda generar mayores desgastes luego de la crisis de febrero.

“Lo sostienen para no generar más desgaste”, resumió una de esas fuentes.

Si esa evaluación interna es correcta, el dato resulta significativo porque Villán había llegado precisamente como una respuesta a una conducción golpeada por el conflicto. Seis meses después, su permanencia parecería explicarse menos por una valoración positiva de su desempeño que por la conveniencia de evitar una nueva convulsión institucional.

Eso permite advertir que la estabilidad exhibida públicamente no necesariamente coincide con la evaluación que circula dentro de los propios ámbitos gubernamentales.

Maldonado y una continuidad que también habla

Durante el acto también estuvo presente el jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado, quien ocupaba la máxima conducción de la fuerza durante la crisis de febrero y continuó al frente después de aquellas jornadas.

Su presencia incorpora otro elemento simbólico difícil de soslayar. Seis meses atrás, bajo esa misma conducción provincial, policías y familiares reclamaban salarios y mejores condiciones de trabajo en un conflicto en el que la propia estructura policial terminó siendo utilizada para contener a otros policías y a sus familias.

Ahora, las autoridades volvieron a reunirse para destacar resultados operativos, reivindicar el modelo de seguridad y agradecer el esfuerzo de ese mismo personal, sin realizar una referencia concreta a las causas que habían originado aquella protesta.

La continuidad de Maldonado en la conducción provincial y la designación de Villán para reemplazar a Solari muestran que el Gobierno optó por modificar la jefatura de Rosario sin alterar la cabeza de la estructura policial provincial, mientras procuraba cerrar políticamente aquella crisis.

Esa decisión pudo haber respondido a la búsqueda de estabilidad institucional, pero no modifica el dato central: los problemas que llevaron a policías y familiares a la calle no fueron esencialmente policiales ni disciplinarios.

Fueron, fundamentalmente, salariales y laborales.

¿Cuáles son los deberes mínimos del Estado?

Otro de los pasajes centrales del discurso de Cococcioni fue aquel en el que enumeró lo que definió como “los deberes mínimos del Estado para con su Policía”.

El ministro mencionó uniformes nuevos, armamento adecuado y chalecos que no estén vencidos, todos elementos indispensables para que el personal pueda desarrollar su tarea con niveles razonables de seguridad.

Tiene razón en ese punto. Un Estado que envía a sus policías a enfrentar situaciones potencialmente violentas tiene la obligación elemental de proporcionarles elementos adecuados y seguros.

Pero allí aparece nuevamente una concepción incompleta del problema.

Entregar uniformes, armas y chalecos no constituye por sí mismo una política de bienestar policial. Son, antes que nada, las herramientas y los elementos de protección que el empleador debe entregar para que el trabajador pueda cumplir las funciones que el propio Estado le exige.

Los deberes mínimos no terminan allí.

También incluyen una remuneración suficiente, descansos razonables, cobertura sanitaria, previsión social, carrera profesional, capacitación permanente, condiciones dignas de alojamiento cuando el servicio lo requiere y un esquema laboral que no obligue al personal a depender sistemáticamente de adicionales, recargos y servicios extraordinarios para sostener los ingresos familiares.

Una cosa es proporcionar los medios necesarios para que la Policía funcione y otra muy distinta es garantizar condiciones dignas para quienes integran esa Policía.

Esa diferencia merece ser señalada porque una de las características del discurso oficial consiste precisamente en presentar como políticas destinadas al policía medidas que, en muchos casos, están destinadas principalmente a fortalecer la capacidad operativa de la institución.

Fortalecer la Policía no es necesariamente fortalecer al policía

Aquí aparece quizás la contradicción central.

El Gobierno quiere una Policía fuerte, equipada, disciplinada, operativa, presente en las calles y con capacidad de intervención. Y es legítimo que cualquier administración que pretenda garantizar la seguridad pública aspire a contar con una fuerza profesional y eficiente.

Además, los resultados obtenidos en materia de reducción de la violencia permiten al Gobierno exhibir indicadores que sería absurdo desconocer o minimizar simplemente por diferencias políticas.

Pero existe una diferencia sustancial entre fortalecer a la Policía como herramienta operativa del Estado y fortalecer al policía como trabajador del Estado.

El discurso oficial parece desenvolverse con mucha comodidad en el primero de esos terrenos y con bastante más prudencia cuando debe ingresar en el segundo.

Un patrullero nuevo mejora la capacidad operativa.

Un chaleco nuevo aumenta la seguridad física.

Un arma adecuada permite responder mejor ante determinadas situaciones.

Una Taser amplía las alternativas disponibles para intervenir frente a una agresión.

Todo eso puede ser necesario.

Pero ninguno de esos elementos paga el alquiler del policía, sostiene a sus hijos, garantiza su descanso, resuelve problemas de salud, mejora su retiro ni reemplaza una política salarial consistente.

El equipamiento pertenece a la institución.

El salario pertenece al trabajador.

Confundir ambas dimensiones puede producir una Policía cada vez más equipada y, al mismo tiempo, trabajadores que continúen arrastrando problemas económicos y laborales.

Valorar el uniforme y también a quien lo lleva

Gisela Scaglia pidió durante la ceremonia “valorar el uniforme” y recordó que para quienes integran la fuerza representa sacrificio, distancia, entrega y honor.

La reivindicación simbólica es legítima y probablemente necesaria después de muchos años en los que amplios sectores de la dirigencia política parecieron incómodos incluso frente a la posibilidad de reconocer públicamente el sacrificio que implica determinadas veces la función policial.

Pero valorar el uniforme obliga también a valorar a quien está adentro.

Ese uniforme lo lleva una persona que trabaja de noche, durante fines de semana y feriados, que muchas veces presta servicio lejos de su hogar, que atraviesa situaciones de enorme tensión, que convive con riesgos físicos y judiciales y cuya familia debe organizar buena parte de su vida alrededor de horarios frecuentemente imprevisibles.

Por eso el reconocimiento no puede agotarse en las ceremonias, las felicitaciones o las referencias al honor.

También debe expresarse en las condiciones materiales de vida.

Lo que el personal esperaba escuchar

No hacía falta que Cococcioni anunciara un aumento salarial durante el aniversario ni que transformara una ceremonia institucional en una negociación paritaria.

Probablemente buena parte del personal esperaba algo mucho más sencillo: una señal de que el Gobierno no olvidó lo ocurrido apenas seis meses atrás, un reconocimiento de que los salarios y las condiciones laborales continúan siendo cuestiones pendientes y un compromiso de que la discusión sobre el bienestar policial no terminará con la entrega de equipamiento.

Podía haber mencionado la necesidad de seguir recuperando el poder adquisitivo, revisar condiciones de servicio, fortalecer la carrera, atender la situación de los retirados o simplemente reconocer el esfuerzo económico que realizan miles de familias policiales.

No ocurrió.

Y esa ausencia terminó convirtiéndose en uno de los datos políticos más significativos del acto.

Porque cuando el Gobierno necesita explicar la reducción de los homicidios, el policía ocupa el centro de la escena. Cuando exhibe patrulleros, armamento, chalecos o nuevas tecnologías, vuelve a aparecer como protagonista. Cuando se habla de recuperar el orden, nuevamente se reivindica su esfuerzo y compromiso.

Pero cuando corresponde hablar de cuánto cobra, cuánto descansa, cómo sostiene a su familia o en qué condiciones desarrolla diariamente su tarea, el trabajador parece desaparecer detrás del uniforme.

Un activo indiscutible y una deuda pendiente

Cococcioni sostuvo que “la presencia policial proactiva en la calle es un activo indiscutible”.

La definición resulta especialmente interesante porque contiene, quizás sin proponérselo, la pregunta que queda pendiente.

Si el policía es uno de los principales activos de este modelo de seguridad, si buena parte de la reducción de la violencia se explica por su presencia en las calles y si el propio Gobierno reconoce públicamente que esos hombres y mujeres hicieron posible una transformación que considera histórica, entonces resulta razonable preguntarse cuándo ese reconocimiento comenzará a expresarse también en una política integral hacia el trabajador policial.

El Estado no puede pretender solamente policías mejor armados, mejor equipados y más presentes.

También necesita policías mejor pagos, descansados, profesionalmente reconocidos y capaces de sostener dignamente a sus familias.

Porque una Policía institucionalmente fuerte construida sobre trabajadores permanentemente exigidos, económicamente débiles o laboralmente insatisfechos termina arrastrando una contradicción que tarde o temprano vuelve a aparecer.

En febrero ya apareció.

Por eso, seis meses después, en el aniversario de la Policía de Rosario, había algo que muchos esperaban escuchar y que finalmente no llegó: una palabra concreta sobre salarios y condiciones laborales.

Cococcioni afirmó que el policía en la calle constituye un “activo indiscutible”.

La pregunta que queda abierta es inevitable: si ese trabajador es tan importante para sostener el modelo de seguridad, ¿cuándo llegará el momento de discutir seriamente el valor de su trabajo y las condiciones de su vida?

Hace apenas seis meses los policías y sus familias ya plantearon esa discusión.

Y tuvieron que hacerlo en la calle.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.

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