Personal de la dependencia envió a APROPOL una presentación reservada en la que cuestiona decisiones de la subjefatura, denuncia presunto trato desigual y reclama una investigación independiente con garantías contra represalias.
Luego de la denuncia conocida días atrás por presuntas irregularidades en el manejo de servicios adicionales en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional I, personal de esa dependencia hizo llegar a APROPOL una nueva presentación de carácter reservado. Quienes aportaron la información solicitaron preservar estrictamente sus identidades por temor a sanciones, traslados, trabas en sus carreras y otras represalias internas.
El escrito enumera una serie de hechos que, de ser corroborados, podrían involucrar responsabilidades administrativas y eventualmente disciplinarias. La presentación apunta especialmente contra la subjefa de la dependencia, subcomisaria B. V. P., aunque también menciona situaciones que deberían ser esclarecidas respecto de otros integrantes de la comisaría.
Según los denunciantes, la situación vinculada con los llamados “plus” habría sido canalizada por un efectivo a través de la propia subjefatura. En ese contexto, sostienen que existirían tensiones personales entre V. P. y la inspectora M. B., y advierten que esas diferencias no deberían trasladarse al funcionamiento institucional ni al trato con el personal.
Uno de los puntos más delicados de la presentación refiere a la activación, durante la última semana, de un protocolo de prevención de suicidio respecto del jefe de la dependencia, subcomisario H. D. M. De acuerdo con la denuncia, la medida derivó en el retiro de su arma reglamentaria sin que hubiera mediado, según afirman, pedido o consentimiento de su parte.
Los autores del escrito consideran que esa decisión podría tener consecuencias en la carrera del jefe policial, quien se encontraría en condiciones de presentarse al concurso de ascenso previsto para 2027. Al mismo tiempo, cuestionan lo que describen como una aplicación selectiva del protocolo: aseguran que otro integrante de la dependencia habría expresado en reiteradas oportunidades intenciones suicidas ante distintos turnos de guardia, sin que se activaran medidas de contención.
Siempre según la fuente, personal de la comisaría habría intentado promover una intervención de resguardo respecto de ese efectivo, pero habría recibido una advertencia verbal de que podría afrontar sanciones o un eventual traslado si insistía. Se trata de afirmaciones graves que exigen un abordaje profesional, reservado y urgente: tanto para proteger a cualquier trabajador que atraviese una situación de crisis como para evitar que las herramientas de prevención sean utilizadas de modo arbitrario o como mecanismo de disciplinamiento.
Móviles, traslados y recursos de la dependencia
La denuncia también incluye presuntos usos particulares de móviles policiales. Los denunciantes sostienen que la subjefa habría sido trasladada en vehículos oficiales a cursos y actividades desarrolladas fuera de la jurisdicción, incluso durante períodos de licencia. Mencionan traslados hacia actividades vinculadas con la Fiscalía Regional y con el Instituto de Seguridad Pública, en Recreo.
Asimismo, se denuncia que distintos efectivos habrían utilizado móviles para asuntos ajenos al servicio, entre ellos traslados particulares y compras. La presentación atribuye a uno de los choferes haber trasladado a dos mujeres hasta sus domicilios durante la madrugada y haberles cobrado por ello; también menciona presuntas salidas para realizar compras que no habrían tenido destino institucional.
Los denunciantes afirman además que un móvil habría sufrido daños luego de atravesar un badén a alta velocidad, y que existirían situaciones en las que personal sin arma reglamentaria habría sido destinado a trasladar a superiores. Ninguno de estos hechos fue acreditado públicamente hasta el momento y corresponde a las autoridades competentes verificar registros de GPS, libros de guardia, partes de movilidad, cámaras y demás documentación disponible.
Secuestros, omisiones y actuaciones que reclaman ser revisadas
Otro tramo de la presentación alude a un exintegrante de la dependencia, identificado como subinspector W. V., quien ya no prestaría funciones allí. Según la denuncia, el efectivo habría sustraído piezas de una motocicleta secuestrada para colocarlas en un vehículo propio, sin que la subjefatura hubiese intervenido pese a tener conocimiento de la situación.
También se menciona que una motocicleta de propiedad de ese agente habría permanecido en el garaje de la comisaría pese a estar denunciada como robada en la Subcomisaría 15ª de Santo Tomé. La fuente afirma que la actuación institucional se produjo cuando el hecho llegó a conocimiento del jefe de la dependencia.
Estas manifestaciones deberán ser contrastadas con los libros de secuestro, inventarios, actuaciones de la Subcomisaría 15ª, registros de ingreso y egreso de vehículos, y eventuales expedientes de Asuntos Internos. La manipulación o faltante de elementos secuestrados no es un asunto menor: afecta la cadena de custodia, compromete investigaciones penales y erosiona la confianza pública en la institución.
Denuncias de trato desigual y amenazas de sanciones
La presentación menciona además presuntas denuncias por violencia de género entre personal de la dependencia y actuaciones en Asuntos Internos que, según los denunciantes, requerirían esclarecimiento. Se señalan también supuestos “francos” concedidos en determinadas guardias sin conocimiento superior, junto con diferencias en la asignación de horarios, licencias y exigencias de servicio.
En particular, cuestionan la situación de una inspectora que residiría en otra Unidad Regional y que, según la fuente, habría obtenido un régimen horario privilegiado y anexos médicos sin acompañar documentación suficiente. También aluden a llegadas tarde, retiros anticipados y exenciones de hecho respecto de ciertas tareas, mientras otros efectivos soportarían una carga laboral mayor.
El personal denunciante sostiene que en los grupos de WhatsApp de la dependencia se utilizarían amenazas de pliegos disciplinarios incluso por cuestiones vinculadas con la limpieza. Además, afirma que existiría una negativa a autorizar derechos contemplados en el artículo 80 de la Ley 12.521, norma que regula el régimen del personal policial de Santa Fe.
El reclamo central no se limita a hechos individuales. Quienes escribieron plantean un problema de clima laboral: falta de autocorrección, temor a hablar y una estructura en la que la amenaza de una sanción o de un traslado operaría como mecanismo para silenciar reclamos.
Investigar sin represalias
APROPOL deja expresamente aclarado que esta publicación recoge denuncias efectuadas por fuentes que solicitaron reserva de identidad y que los hechos relatados deben ser investigados y verificados por los organismos competentes. No corresponde adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades definitivas sin el debido proceso.
Pero tampoco corresponde naturalizar que trabajadores policiales consideren riesgoso informar irregularidades dentro de una dependencia. La protección de quien denuncia de buena fe, la aplicación seria de los protocolos de salud mental, el control estricto sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en la administración del personal son condiciones elementales para recuperar autoridad institucional.
La Unidad Regional I, la Jefatura de Policía, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección Provincial de Asuntos Internos cuentan con herramientas para disponer una auditoría integral. Deberían revisar libros de guardia, partes de móviles, registros de combustible y GPS, cámaras, actuaciones disciplinarias, antecedentes de denuncias y toda la documentación ligada a las situaciones expuestas.
Los denunciantes afirman contar con capturas de pantalla y otros elementos que estarían dispuestos a aportar si existen garantías concretas de reserva y de protección frente a represalias. Esa debe ser, precisamente, la primera respuesta institucional: investigar con seriedad, cuidar a quienes puedan estar atravesando una crisis y asegurar que nadie sea castigado por pedir que se cumpla la ley.
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(*) Director.
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