Santa Fe – La Cámara de Apelaciones revocó las medidas alternativas que permitían a una agente policial continuar el proceso en libertad y ordenó su prisión preventiva en la causa por la muerte de Mauro González.
También confirmó la detención de otro de los imputados. Mientras la Fiscalía sostiene que cinco policías participaron funcionalmente de un mismo hecho calificado como torturas seguidas de muerte, familiares de los efectivos aseguran que el resultado judicial profundizó una sensación que vienen denunciando desde hace semanas: “Nos dieron la espalda” y “nos dejaron solos”.
La situación judicial de los policías investigados por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida luego de un procedimiento y de su posterior alojamiento en la Comisaría 8.ª de la ciudad de Santa Fe, volvió a agravarse después de que la Cámara de Apelaciones revisara las medidas cautelares dictadas en primera instancia.
El juez de Cámara Jorge Andrés resolvió revocar las medidas alternativas que habían sido concedidas a la policía Sabrina Petitón y ordenó que continúe el proceso bajo prisión preventiva. En la misma audiencia confirmó además la prisión preventiva de otro de los imputados cuya defensa había apelado la medida, mientras que una segunda defensa desistió de su recurso durante el desarrollo de la audiencia.
La Fiscalía anunció que solicitará la ejecución inmediata de lo dispuesto por la Cámara a través de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de primera instancia, para que un juez libre la correspondiente orden de detención contra la agente.
La Fiscalía sostiene una coautoría funcional
El fiscal Carlos Arietti explicó que cinco policías se encuentran imputados por el delito de torturas seguidas de muerte, figura que contempla pena de prisión perpetua, y sostuvo que todos deberían transitar el proceso bajo prisión preventiva por la gravedad del hecho y por la existencia, según la acusación, de riesgos de fuga o de entorpecimiento probatorio.
La teoría de la Fiscalía considera que no se trató de conductas aisladas, sino de un hecho común desarrollado a lo largo de varias horas, desde aproximadamente las 14.40 hasta el desenlace ocurrido por la noche en la Seccional 8.ª.
Según explicó Arietti, durante ese período se habrían producido distintas acciones y omisiones en varios lugares, pero la acusación entiende que pueden atribuirse conjuntamente a los cinco imputados porque cada uno habría realizado una parte de la acción y aceptado la participación de los demás.
La resolución de Cámara, por lo tanto, convalidó en esta etapa procesal el criterio acusatorio respecto de esa coautoría funcional, aunque corresponde remarcar que se trata todavía de personas imputadas y no condenadas. Las responsabilidades individuales deberán establecerse definitivamente mediante la prueba y el correspondiente juicio.
Una causa que comenzó con seis policías imputados
La investigación se inició por la muerte de Mauro González, de 35 años, ocurrida el 17 de enero después de que fuera detenido durante un procedimiento en barrio Yapeyú y trasladado por distintas dependencias hasta quedar alojado en la Comisaría 8.ª.
La Fiscalía imputó originalmente a cinco integrantes del Comando Radioeléctrico por tortura seguida de muerte, mientras que un sexto policía, perteneciente al Cuerpo Guardia de Infantería, fue acusado por vejaciones calificadas.
La hipótesis fiscal sostiene que González atravesaba una crisis subjetiva cuando fue interceptado, que habría sido sometido a un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, que recibió múltiples golpes y que posteriormente quedó alojado sin la asistencia médica que su estado requería. La investigación deberá demostrar cada uno de esos extremos y determinar cuál fue concretamente la intervención de cada acusado.
“Nos dieron la espalda”
La decisión judicial tuvo una fuerte repercusión entre las familias de los policías involucrados, que desde hace semanas vienen denunciando falta de acompañamiento institucional.
Tras conocerse la resolución, allegados señalaron a este medio que el resultado fue recibido como “un desastre” y volvieron a expresar que se sienten abandonados por la conducción política e institucional.
“Nos dieron la espalda mal” y “verdaderamente nos dejaron solos” fueron algunas de las expresiones transmitidas por familiares después de la audiencia. También cuestionaron que, mientras atraviesan detenciones, gastos de defensa, consecuencias salariales y una causa que puede prolongarse durante años, perciben que otras prioridades oficiales ocupan el centro de la agenda.
El planteo no es nuevo. Días atrás, familiares y allegados ya habían relatado que durante reuniones mantenidas con autoridades provinciales se les habría prometido acompañamiento jurídico y económico, prudencia en la adopción de medidas administrativas y alguna forma de respaldo frente a los costos de las defensas particulares. Con el paso de las semanas, sostuvieron que esa expectativa comenzó a desvanecerse.
Promesas que las familias dicen que no se cumplieron
Uno de los puntos más sensibles de aquel reclamo estaba relacionado con una reunión mantenida con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Según los familiares, durante ese encuentro se habló de evitar decisiones administrativas que pudieran funcionar como una condena anticipada, preservar determinados ingresos y colaborar con los gastos de las defensas. Sin embargo, posteriormente algunos agentes fueron puestos en disponibilidad, perdieron conceptos salariales y sus familias debieron recurrir a recursos propios, préstamos y ayuda de allegados para afrontar los honorarios profesionales.
En uno de los casos, los allegados aseguraron que un efectivo pasó de percibir alrededor de 2,3 millones de pesos a aproximadamente 800.000, luego de la pérdida de distintos conceptos y adicionales. Para las familias, la contradicción entre el respaldo inicialmente anunciado y las consecuencias concretas que comenzaron a sufrir constituye una de las principales razones del malestar.
“No vuelvo más a la Policía”
Entre los testimonios recibidos aparece además un elemento que debería preocupar seriamente a la conducción de la fuerza: el deterioro de la confianza interna.
Uno de los mensajes transmitidos por allegados resume crudamente ese estado de ánimo: “Salga como salga todo esto, no vuelvo más a la Policía”. La misma fuente asegura que no se trata de una percepción aislada y advierte que numerosos integrantes de la fuerza sienten que existe cada vez menos respaldo institucional cuando deben afrontar las consecuencias judiciales derivadas de una intervención de servicio.
Esa afirmación no determina ninguna responsabilidad penal ni modifica la gravedad de la muerte investigada, pero sí plantea un problema institucional que no debería ser ignorado. Una fuerza de seguridad que comienza a percibir que intervenir significa quedar posteriormente librado a la propia suerte puede desarrollar retraimiento operativo, temor a actuar y una ruptura profunda de confianza con sus propias conducciones.
Prisión preventiva no significa condena
La resolución de la Cámara tiene importancia porque modifica la situación cautelar de los imputados, pero no constituye una sentencia sobre su culpabilidad.
La prisión preventiva es una medida excepcional destinada a asegurar el desarrollo del proceso y no puede ser confundida con una pena anticipada. Los policías continúan amparados por el principio de inocencia y la Fiscalía deberá demostrar en juicio que cada uno realizó las conductas que le atribuye.
La muerte de una persona bajo custodia estatal exige una investigación rigurosa, independiente y sin encubrimientos. Pero precisamente por la enorme gravedad de la imputación también exige que las defensas puedan discutir la prueba, cuestionar la teoría acusatoria y exigir que las responsabilidades sean determinadas individualmente.
El respaldo institucional vuelve a quedar bajo examen
En julio, el propio gobernador Maximiliano Pullaro había pedido “mucha prudencia” frente al caso y recordó antecedentes en los que policías sometidos a acusaciones graves terminaron posteriormente absueltos. También sostuvo que debía cuidarse a la Policía y evitar que una imputación individual se transformara en una descalificación de toda la institución.
Dos meses después, aquella prudencia proclamada públicamente contrasta con la percepción que transmiten las familias.
Ellas no están reclamando que la Justicia cierre la causa ni que los policías reciban impunidad. Lo que reclaman es que cada responsabilidad sea probada y que, mientras eso ocurre, el Estado no abandone a quienes llegaron a ese procedimiento porque estaban cumpliendo funciones que el propio Estado les había asignado.
La Justicia deberá determinar finalmente qué ocurrió con Mauro González y cuál fue la responsabilidad concreta de cada persona que intervino. Pero paralelamente existe otra cuestión que ya está produciendo consecuencias dentro de la fuerza: policías y familias que aseguran haber escuchado promesas de acompañamiento y que hoy, mientras enfrentan detenciones, pérdida de ingresos y defensas costosas, vuelven a repetir una frase que comienza a convertirse en el verdadero problema institucional de esta causa:
“Nos dejaron solos”.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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