La Justicia analizará este viernes las apelaciones presentadas por la Fiscalía, la querella y las defensas en la causa por el presunto direccionamiento de una licitación destinada a adquirir 12.000 pistolas, 260 fusiles y 12 rifles para la Policía de Santa Fe. El proceso tiene entre sus principales acusados al exministro de Seguridad Marcelo Sain.
La causa por la frustrada compra de armamento para la Policía de Santa Fe ingresará este viernes en una instancia decisiva. Desde las 10, la camarista Martha Feijoó encabezará una audiencia oral en la Sala 5 del Colegio de Jueces Penales de segunda instancia para revisar los recursos interpuestos contra la resolución que cerró la etapa preliminar.
El expediente investiga si la licitación pública iniciada durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad fue diseñada para favorecer a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante en el país de la firma israelí Israel Weapon Industries —IWI—.
La acusación adquiere especial gravedad porque, según sostuvo la Fiscalía durante el proceso, la presunta beneficiaria carecía de una estructura empresarial compatible con una operación de semejante magnitud.
“Estamos hablando de una empresa que no tiene sede, ni oficinas, ni empleados”, había señalado uno de los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos. También afirmó que, al momento de abrirse la licitación, la sociedad “ni siquiera se encontraba inscripta como proveedora del Estado provincial”.
Sain y otros dos exfuncionarios camino al juicio
El 26 de marzo de 2026, el juez de la Investigación Penal Preparatoria José Luis García Troiano admitió la acusación contra el exministro Marcelo Fabián Sain; el exsecretario de Seguridad Pública Esteban Germán Montenegro; y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas.
Los tres fueron enviados a juicio como presuntos coautores de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con tentativa de defraudación a la Administración Pública.
Para Sain, la Fiscalía solicita cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Para Montenegro y Novas requiere cuatro años de prisión y la misma inhabilitación.
La resolución no implica una declaración de culpabilidad. Determina que la acusación superó la etapa preliminar y que existen elementos suficientes para discutir los hechos en un juicio oral, salvo que la Cámara modifique lo resuelto.
En cambio, García Troiano sobreseyó al exjefe del Departamento D4 —Logística— de la Policía de Santa Fe, Marcelo Leandro Correa. El magistrado consideró que había actuado siguiendo órdenes superiores y que no se encontraba acreditado el interés personal requerido por el delito atribuido.
La Fiscalía y la querella apelaron ese sobreseimiento y pretenden que Correa también sea sometido a juicio.
Una compra por más de 1.400 millones de pesos
El procedimiento cuestionado contemplaba la adquisición de 12.000 pistolas Jericho calibre 9 milímetros, 260 fusiles de los modelos Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador.
El presupuesto oficial superaba los 1.400 millones de pesos, una cifra que debe analizarse en función de los valores correspondientes al momento de la licitación, iniciada en 2020.
Según la hipótesis fiscal, las especificaciones técnicas del pliego habrían sido confeccionadas utilizando documentación comercial de IWI. La licitación, además, fue estructurada en un solo renglón, circunstancia que habría restringido la participación de otros posibles proveedores.
La acusación sostiene que esa combinación de requisitos no fue accidental: habría permitido orientar el procedimiento hacia Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. También afirma que los precios ofrecidos superaban considerablemente los valores de referencia existentes en el mercado.
La compra finalmente no se concretó. El proceso quedó detenido después de las impugnaciones presentadas por empresas competidoras y de las observaciones formuladas por la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas provincial.
Precisamente por tratarse de una operación frustrada, la calificación incluye la figura de tentativa de defraudación. La inexistencia de un desembolso definitivo constituye uno de los argumentos empleados por las defensas para sostener que no hubo perjuicio para el Estado.
La “empresa fantasma”
Uno de los puntos más inquietantes del expediente no reside solamente en las características técnicas del pliego, sino en la situación de la empresa que habría resultado favorecida.
Durante audiencias anteriores, el fiscal de Delitos Complejos describió a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL como “una empresa totalmente fantasma”.
De acuerdo con esa exposición, la sociedad no contaba con sede, oficinas ni personal registrado y tampoco estaba inscripta como proveedora provincial cuando comenzó el procedimiento. El fiscal agregó que las citaciones cursadas por la Oficina de Gestión Judicial llegan actualmente a un domicilio donde ya no existirían representantes de la firma y que ante ARCA tampoco figurarían empleados.
La afirmación más contundente fue que la empresa “termina por desaparecer a partir de esta investigación”.
Estas manifestaciones integran la teoría acusatoria y deberán ser probadas y confrontadas en el proceso. Sin embargo, colocan sobre la mesa una pregunta institucional inevitable: ¿cómo pudo una firma con esa presunta precariedad operativa quedar posicionada para intervenir en una compra estratégica y multimillonaria destinada a equipar a la Policía provincial?
No se trataba de adquirir artículos menores. Estaban en juego miles de armas de fuego, su mantenimiento, la provisión de repuestos, la capacitación necesaria y la capacidad futura de responder por su funcionamiento. La solvencia técnica, comercial y patrimonial del proveedor debía ser, por lo tanto, una condición elemental y no un detalle burocrático.
Los planteos de las defensas
Las defensas de Sain, Montenegro y Novas volverán a plantear la prescripción de la acción penal, la existencia de supuestos defectos formales en la acusación, la atipicidad de las conductas y la inexistencia de daño patrimonial.
También cuestionarán la legalidad de requisas y secuestros, la cadena de custodia de distintos elementos y la incorporación de información extraída de teléfonos celulares. Según sostienen, algunas de esas medidas afectaron el derecho a la privacidad de los imputados.
Además, insistirán en incorporar declaraciones testimoniales rechazadas por el juez de primera instancia.
Los acusados permanecen en libertad y fueron citados a participar de la audiencia.
Por el Ministerio Público de la Acusación intervendrán los fiscales Ezequiel Hernández, Matías Broggi y el fiscal de Cámara Carlos Arietti. Las defensas estarán a cargo de Hernán Martínez, Ulises Bianchi y Diego González.
La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, será representada por Gabriela Waibsnader, Paola Landa y Leandro Mega, bajo la conducción del fiscal de Estado Domingo Rondina.
Una audiencia que definirá el alcance del juicio
La Cámara no resolverá todavía si los acusados son culpables o inocentes. Deberá determinar si confirma, modifica o revoca aspectos de la resolución dictada por García Troiano.
Puede mantener el envío a juicio de Sain, Montenegro y Novas; revisar la validez de determinadas pruebas; admitir alguno de los planteos defensivos o disponer que Correa también llegue al debate oral.
Más allá del resultado, el expediente expone una cuestión que trasciende a las personas imputadas. La compra de armamento policial involucra fondos públicos, seguridad operativa y material potencialmente letal. Por esa razón, los procedimientos de contratación deben garantizar competencia, transparencia, trazabilidad y controles reforzados.
Si la acusación logra demostrar que los requisitos fueron preparados para beneficiar a una empresa sin estructura real, no estaremos ante una simple irregularidad administrativa. Estaremos frente a la posible utilización de una necesidad legítima de la Policía de Santa Fe como cobertura para un negocio previamente orientado.
Eso es, precisamente, lo que deberá esclarecer el juicio con pruebas, defensa plena y respeto por el debido proceso. Porque las responsabilidades penales no se establecen mediante titulares, pero las contrataciones públicas tampoco pueden refugiarse detrás de expedientes incomprensibles cuando aparecen indicios de semejante gravedad.
El viernes comenzará a definirse quiénes deberán sentarse finalmente en el banquillo y con qué pruebas. La “empresa fantasma”, entretanto, seguirá proyectando su sombra sobre una licitación que prometía modernizar el armamento policial y terminó convertida en una de las causas judiciales más delicadas de la política santafesina.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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