En plena campaña de imagen, el gobierno santafesino usa el bolsillo de los jubilados para financiar su relato de eficiencia. LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO, NO UN «BENEFICIO».
Por Alberto Martínez (*)
El ajuste a los jubilados tiene nombre y apellido
El gobierno de Maximiliano Pullaro anunció que, a partir de abril, compensará a los jubilados y pensionados provinciales cuando el gasto mensual en medicamentos supere el 5 % de sus ingresos. El anuncio llega justo cuando se consolida un esquema legal que retrasa 60 días el pago de aumentos salariales a los pasivos.
Ese margen de tiempo —y dinero— no es inocente: se convierte en caja para financiar medidas de impacto mediático como esta. Es decir, se pagan «beneficios» con lo que se retacea de los derechos. ¡ES CON LA TUYA!
La letra chica de la propaganda oficial
En plena pulseada electoral, Pullaro se muestra como el campeón de la eficiencia. Pero mientras seduce a la opinión pública, mantiene en pie una ley que golpea directamente a los sectores más vulnerables del Estado: los retirados, pensionados y jubilados provinciales. Se trata de la Ley N.º 14.283, sancionada en septiembre de 2024.
Esa norma, silenciada en muchos medios, establece que los aumentos otorgados a los activos se pagarán a los pasivos recién a los 60 días. Dos meses después. Y sin actualización retroactiva. Una rebaja encubierta del haber jubilatorio, disfrazada de ordenamiento fiscal.
El verso de la modernidad y la eficiencia
Pullaro no inventó este mecanismo, pero lo sostiene con entusiasmo y lo aprovecha con astucia electoral. Mientras ajusta a los jubilados, lanza anuncios “atractivos” financiados, en buena parte, con lo que deja de pagar a tiempo.
Según información oficial (ver nota de gobierno), se avanzará con aumentos escalonados al personal policial en actividad. Bien. Pero, ¿con qué se financia? Con el dinero que se le retiene —durante dos meses— a quienes ya dejaron la fuerza.
Una transferencia encubierta de recursos desde los veteranos hacia la propaganda.
Los más perjudicados: retirados y pensionados de la seguridad pública
Entre los pasivos, los más golpeados son los trabajadores policiales y penitenciarios. Muchos de ellos enfrentan problemas de salud, cargas familiares y dependen exclusivamente de su haber mensual. Cada mes de demora no es solo una injusticia: es una amenaza concreta a su dignidad.
Hablamos de hombres y mujeres que arriesgaron su vida en calles, comisarías, rutas y penales. Hoy, el Estado les responde con desprecio burocrático y olvido institucional.
¿Recomposición? Solo para la tribuna
Mientras tanto, el salario estatal en Santa Fe ha sido destrozado por la inflación y la falta de actualización real. A los activos tampoco les va bien, pero al menos cobran los aumentos en tiempo real. Los pasivos, en cambio, son el colchón financiero del gobierno.
Confundir derechos con beneficios: una trampa peligrosa
No es casual que algunos funcionarios y comunicadores hablen de “beneficios” cuando se refieren a jubilaciones, pensiones o mejoras salariales. Esa confusión —aparentemente inocente— esconde una intención política: hacer pasar por concesiones graciosas lo que en realidad son derechos adquiridos.
El haber de un retirado no es un favor del Estado: es el resultado de décadas de aportes, sacrificio y servicio. Llamarlo “beneficio” no solo degrada su naturaleza jurídica: habilita que se lo quite, postergue o suspenda cuando convenga.
Defender el lenguaje es también defender la dignidad de quienes dieron todo por la seguridad pública.
IAPOS: cuando el Estado se borra de sus propias leyes
La otra cara del ajuste es la salud. El IAPOS, obra social de los empleados públicos santafesinos, acumula centenares de juicios, amparos y fallos en su contra por no cumplir con su obligación legal de cobertura.
Hay casos extremos: pacientes oncológicos sin medicación, personas con discapacidad desprotegidas, tratamientos urgentes postergados sin justificación. Y todo mientras el Estado proclama que “los derechos están garantizados”.
Pero la realidad —en los pasillos judiciales— dice otra cosa: cuando un trabajador o jubilado necesita al Estado, muchas veces el Estado no está… y si está, llega tarde y mal.
Conclusión: el respeto empieza por casa
Defender la seguridad pública también es defender a quienes la garantizaron durante años. Si el Estado desprecia a sus veteranos, manda un mensaje desmoralizante a quienes hoy están en funciones.
Es hora de terminar con las políticas que usan al trabajador como variable de ajuste. Y mucho más aún con quienes ya cumplieron su misión.
No puede haber seguridad pública real sobre la base de la injusticia.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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