Mendoza reintegró más de $13,6 millones a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, por una maestría internacional cuyo costo rondó los 10.000 euros.
El Gobierno sostiene que la capacitación estaba contemplada dentro de un fideicomiso destinado al fortalecimiento institucional. Pero el episodio abre una comparación inevitable: mientras una alta funcionaria accede a una formación íntegramente financiada con recursos administrados por el Estado, policías y miles de trabajadores públicos deben sacar de sus salarios el dinero para capacitarse, estudiar y mejorar sus posibilidades profesionales.
El Gobierno sostiene que la capacitación está prevista dentro de un fideicomiso destinado al fortalecimiento institucional. La discusión es otra: ¿hasta dónde debe llegar el Estado cuando financia la formación académica personal de quienes circunstancialmente ocupan cargos políticos?
“Con la tuya” se convirtió durante los últimos años en uno de los latiguillos más utilizados por el universo libertario para cuestionar gastos estatales considerados innecesarios, privilegios de funcionarios o utilización de recursos públicos en beneficio de quienes integran el aparato político.
Esta vez, sin embargo, la expresión vuelve como un búmeran.
El Estado mendocino reintegró a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, más de $13,6 millones correspondientes al costo de una maestría que la funcionaria cursa de manera virtual en una universidad internacional.
El programa elegido es la Maestría en Economía Medioambiental, dictada por la Universidad Francisco Marroquín, institución con sedes en Guatemala, Panamá y España y reconocida por su orientación liberal, su cercanía intelectual con la Escuela Austríaca de Economía y su defensa de los principios de libre mercado.
El costo informado del posgrado asciende a 9.950 euros.
Primero pagó la ministra, después reintegró el Estado
Según la documentación reconstruida por Diario UNO, el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas había aprobado previamente la capacitación como una acción de fortalecimiento institucional.
El problema apareció cuando Mendoza Fiduciaria no pudo concretar el pago al exterior debido a las dificultades administrativas y cambiarias existentes para realizar transferencias internacionales.
Ante esa situación, Latorre pagó inicialmente con su tarjeta personal.
Primero desembolsó 995 euros para reservar la vacante y posteriormente realizó otro pago correspondiente al resto del programa, aprovechando una bonificación ofrecida por la universidad por la cancelación anticipada.
Meses después, el Estado provincial dispuso reintegrarle esos fondos.
En febrero se emitió una orden por $13.643.838, transferidos desde una cuenta del Banco Galicia hacia la cuenta personal de la ministra en el Banco Nación.
Desde el punto de vista administrativo, por lo tanto, no aparece simplemente una funcionaria que decidió estudiar y posteriormente consiguió que el Estado le pagara los estudios. Existió una autorización previa del organismo encargado de administrar el fideicomiso.
Eso debe quedar claro.
Pero tampoco clausura la discusión.
Que esté permitido no significa que no pueda discutirse
El Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, creado en 2021, se financia mediante aportes realizados por empresas petroleras privadas vinculados con adjudicaciones y actividades desarrolladas en Mendoza.
Según explicó el Gobierno, esos recursos tienen entre sus destinos el fortalecimiento institucional de la gestión energética, incluyendo capacitaciones de funcionarios y empleados permanentes, además de adquisición de vehículos y tecnología.
Existe entonces una cobertura administrativa para la capacitación.
La pregunta política es diferente.
¿Debe un fondo destinado al fortalecimiento institucional financiar íntegramente una maestría individual de casi diez mil euros para una funcionaria política?
¿El conocimiento adquirido quedará incorporado institucionalmente al Estado o principalmente al patrimonio profesional de quien recibe el título?
¿Qué sucede si esa funcionaria abandona el cargo poco después de terminar la capacitación?
¿Existe alguna obligación de permanencia?
¿Hay algún mecanismo mediante el cual quien recibe una inversión educativa de semejante magnitud deba devolver al Estado una contraprestación concreta?
¿Existe un límite económico para estas capacitaciones?
Son preguntas perfectamente legítimas aunque todo el procedimiento haya cumplido formalmente con las normas vigentes.
Una maestría para entender al Gobierno libertario
La explicación ofrecida por Latorre introduce además un elemento llamativo.
La ministra, abogada de profesión, explicó que decidió estudiar economía ambiental porque necesitaba herramientas para comprender una visión económica que actualmente influye sobre numerosas decisiones del Gobierno nacional.
Según relató, buscaba conocer desde la base la lógica económica que atraviesa las políticas libertarias y encontró en la Universidad Francisco Marroquín una propuesta que combinaba economía, legislación, energía, recursos naturales y libre mercado.
El razonamiento académico puede resultar perfectamente comprensible.
Un funcionario responsable de áreas energéticas y ambientales necesita conocimientos multidisciplinarios y puede beneficiarse de una formación económica especializada.
La pregunta vuelve a ser quién debe pagarla.
Porque existe una diferencia entre que el Estado organice cursos institucionales para su personal, capacite equipos completos o financie conocimientos especializados que permanecerán dentro de la administración, y que destine una suma millonaria a financiar un título de posgrado que quedará asociado personalmente a una funcionaria.
La paradoja libertaria
El dato político resulta imposible de ignorar.
La Universidad Francisco Marroquín no es una institución ideológicamente neutra en el sentido convencional de la expresión. Es conocida internacionalmente por promover ideas vinculadas con la economía liberal, el libre mercado, la propiedad privada y las tradiciones intelectuales asociadas con autores de la Escuela Austríaca.
Nada de eso constituye por sí mismo un problema.
Una universidad puede sostener una determinada orientación intelectual, de la misma manera que existen instituciones inspiradas por tradiciones socialdemócratas, religiosas, desarrollistas o de otras corrientes.
La ironía aparece por otro lado.
Mientras el discurso libertario convirtió el cuestionamiento del gasto estatal en una herramienta permanente de confrontación política, una funcionaria provincial utiliza recursos administrados por el Estado para financiar una formación precisamente orientada hacia esa tradición económica.
De allí surge inevitablemente aquel latiguillo:
¡Con la tuya y con la mía!
Recursos privados que se transforman en recursos públicos
Desde el Gobierno se remarcó que los fondos no provienen directamente de impuestos generales, sino de aportes realizados por empresas petroleras privadas al fideicomiso.
La precisión es válida, pero merece otra aclaración.
Una vez incorporados a un fideicomiso público y afectados a una finalidad estatal, esos recursos dejan de ser dinero disponible libremente por las empresas que los aportaron.
Pasan a integrar un mecanismo administrado bajo responsabilidad pública y destinado a finalidades determinadas.
Por eso corresponde controlar su utilización con el mismo rigor con que debe analizarse cualquier recurso administrado por el Estado.
La procedencia originariamente privada del dinero no elimina la responsabilidad pública sobre su destino.
¿Capacitación institucional o beneficio individual?
Este es probablemente el punto que debería concentrar la discusión.
No se trata de negar que los funcionarios deban capacitarse.
Sería absurdo reclamar mejores administraciones públicas y simultáneamente rechazar toda inversión en formación.
Pero una cosa es financiar capacitación institucional y otra es asumir el costo completo de una credencial académica individual.
La diferencia puede parecer pequeña, pero no lo es.
Un curso de especialización dirigido a un equipo permanece fundamentalmente asociado a la función.
Una maestría produce además un título personal que acompañará profesionalmente a quien lo obtiene mucho después de abandonar el cargo público.
Eso no significa que nunca pueda ser financiada por el Estado.
Significa que debería existir una justificación especialmente sólida, criterios generales de acceso, transparencia sobre quién puede solicitar esos beneficios, límites económicos y algún mecanismo que asegure que la inversión pública tenga una devolución institucional verificable.
Una vara que debería ser igual para todos
El problema adquiere mayor relevancia cuando se observa desde el discurso público utilizado durante los últimos años.
Se cuestionaron viajes.
Se cuestionaron cursos.
Se cuestionaron asesores.
Se cuestionaron estructuras estatales.
Se cuestionaron gastos pequeños y grandes bajo la idea de que finalmente todo era pagado por el ciudadano.
Ese principio no debería desaparecer cuando el gasto beneficia a funcionarios cercanos ideológicamente a quienes lo proclamaron.
La austeridad no puede funcionar solamente como argumento para controlar al adversario.
Si el criterio es que cada peso administrado por el Estado debe justificarse, entonces también deben explicarse estos $13,6 millones.
Y quizás exista una explicación razonable.
La ministra sostiene que la formación mejora su capacidad para gestionar un área estratégica y el fideicomiso contempla expresamente capacitaciones.
Perfecto.
Entonces corresponde exhibir los criterios.
¿Cuántos funcionarios y empleados accedieron a beneficios similares?
¿Cuáles fueron los montos?
¿Qué requisitos deben cumplir?
¿Existe un límite?
¿Hay compromisos posteriores?
¿Puede acceder cualquier trabajador del área a una formación de semejante costo?
La transparencia permite distinguir una política genuina de capacitación de un beneficio discrecional.
Ética Pública todavía no recibió denuncias
Según informó Diario UNO, hasta este viernes por la tarde la Oficina de Ética Pública de Mendoza no había recibido denuncias formales relacionadas con el reintegro.
El organismo tomó conocimiento del caso a partir de las publicaciones periodísticas y analizará los pasos correspondientes.
Eso significa que, hasta el momento, no existe una determinación oficial que establezca una irregularidad ética o administrativa.
También significa que el debate recién comienza.
Porque la cuestión no necesariamente pasa por determinar si alguien violó una norma.
A veces la pregunta más importante aparece antes.
¿Era razonable gastar esa cantidad de dinero administrado por el Estado para pagar íntegramente la maestría personal de una ministra?
En tiempos donde cada erogación pública es presentada como una decisión que finalmente alguien debe financiar, la respuesta debería interesar incluso a quienes popularizaron la pregunta.
Porque si el criterio verdaderamente es controlar cómo se utiliza cada peso público, entonces debe aplicarse siempre.
También cuando quien recibe el beneficio pertenece al propio gobierno.
Y también cuando la maestría enseña, precisamente, las virtudes de gastar menos Estado.
Fuente consultada: Diario UNO
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires
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