La Justicia de Rafaela condenó a la exjefa de la Comisaría de Frontera, María Silvina Asís, a diez años de prisión por liderar una asociación ilícita que operó desde la propia estructura policial, con detenciones ilegales, falsificación de actas, encubrimiento y cobro de sobornos.
La sentencia
En un fallo de fuerte impacto institucional, la jueza Cecilia Álamo condenó este jueves a diez años de prisión a la exjefa de la Comisaría de Frontera, María Silvina Asís, de 41 años, al considerarla coautora de los delitos de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica y encubrimiento agravado. Además, la magistrada dispuso una inhabilitación absoluta por veinte años para ejercer cargos dentro de la fuerza policial.
La sentencia fue dictada al término del juicio oral celebrado en los tribunales de Rafaela, donde la fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, sostuvo que la acusada integró y dirigió una organización criminal que actuó entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 en las localidades de Frontera y Josefina, en el departamento Castellanos.
Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Asís no actuó sola. Compartía la conducción de la estructura con quien fuera jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya había sido condenado en la misma causa. Ambos, de acuerdo con la acusación, utilizaron las facultades y el poder derivados de sus cargos para organizar una auténtica «empresa delictiva» dentro de la institución policial.
Las advertencias que nadie escuchó
La condena dictada esta semana por la Justicia de Rafaela no surgió de la nada ni puede interpretarse como un episodio aislado. Por el contrario, se inscribe en una secuencia de hechos y denuncias que desde hace años venían encendiendo señales de alarma sobre el funcionamiento de la estructura policial en Frontera y su zona de influencia.
En febrero de 2022, mucho antes de la sentencia conocida ahora, la entonces jefa de la Comisaría 6ª de Frontera, María Silvina Asís, el jefe de Zona de Inspección, Gastón Eletti, y otros efectivos fueron detenidos por orden judicial en el marco de una investigación por presuntos apremios ilegales. En aquel momento ya circulaban denuncias sobre abusos de autoridad, presuntas recaudaciones ilegales y desplazamientos de personal que se resistía a determinadas prácticas. Incluso se hablaba de una «brigada» conformada por personal de confianza y de la desaparición de una motocicleta oficial, hechos que alimentaban el malestar interno.
Las denuncias no provenían únicamente de ciudadanos o de investigaciones judiciales. También surgían desde el interior mismo de la fuerza. En diciembre de 2022, efectivos del Comando Radioeléctrico de Frontera denunciaron públicamente irregularidades en la asignación de servicios extraordinarios, presiones laborales y amenazas de traslados para quienes cuestionaran las órdenes impartidas. Los policías afirmaban ser obligados a realizar servicios a más de cien kilómetros de distancia sin viáticos y sin posibilidad real de negarse, a pesar de que la normativa establece el carácter voluntario de determinadas prestaciones adicionales.
Aquellas quejas describían un clima laboral marcado por el temor y la discrecionalidad. Se hablaba de sanciones encubiertas, cambios arbitrarios de destino y de una estructura jerárquica poco tolerante con la crítica. En ese contexto, APROPOL advertía entonces sobre la necesidad de respetar los derechos laborales del personal y recordaba que ningún superior podía imponer servicios extraordinarios por fuera de la normativa vigente.
Ese mismo mes, otro episodio volvió a colocar a Frontera en el centro de la escena. La Delegación Norte de Asuntos Internos allanó la comisaría por orden de la Justicia Federal en el marco de la denominada causa «Paco» Díaz. La investigación apuntaba al exjefe de Los Pumas Cristian «Paco» Díaz, sospechado de integrar una estructura destinada a brindar protección e impunidad a determinadas actividades ilícitas vinculadas al comercio de combustibles y ganado. Durante los procedimientos se secuestraron anotaciones y documentación que, según trascendió, reforzaban la hipótesis de la existencia de mecanismos de recaudación ilegal y protección de intereses privados desde la propia estructura estatal.
A ello se sumó otro hecho particularmente grave. En junio de 2022, mientras cumplía arresto domiciliario, Silvina Asís volvió a ser detenida luego de que presuntamente abandonara su vivienda para dirigirse a la sede policial de Frontera y amenazar a otros efectivos. El episodio derivó en una nueva intervención judicial y alimentó aún más las dudas sobre el funcionamiento interno de aquella dependencia.
Mirados en perspectiva, todos estos acontecimientos parecen conformar una misma historia. No la historia de una persona aislada ni de unos pocos policías desviados, sino la de una organización que, según la hipótesis finalmente aceptada por la Justicia, permitió durante años la consolidación de prácticas incompatibles con el servicio público y con los valores que deben guiar a una fuerza de seguridad democrática.
Porque las organizaciones no se corrompen de un día para otro. Primero aparecen pequeños abusos que se toleran, luego irregularidades que se naturalizan y finalmente estructuras enteras que terminan poniendo el poder del Estado al servicio de intereses particulares. La Justicia juzga personas y establece responsabilidades individuales. Pero las instituciones tienen una tarea aún más difícil: aprender de sus errores, corregir sus debilidades y construir mecanismos que impidan que la historia vuelva a repetirse.
Cómo operaba la organización
La causa permitió reconstruir un entramado de maniobras ilícitas que excedía largamente hechos aislados de corrupción. La organización adulteraba actas de procedimientos policiales, falseaba documentación oficial y ocultaba información relevante a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, con el propósito de garantizar la impunidad de determinadas personas y obtener beneficios económicos.
Asimismo, la investigación acreditó la realización de custodias policiales ilegales por fuera de toda normativa vigente, con utilización indebida de recursos del Estado provincial, y la existencia de un sistema de recaudación de sobornos cuyos beneficios eran distribuidos entre los integrantes de la organización siguiendo una estructura jerárquica.
La gravedad de los hechos radica no solamente en los delitos cometidos sino en el lugar desde donde fueron ejecutados. La policía posee facultades excepcionales que la sociedad le delega para proteger derechos, prevenir delitos y hacer cumplir la ley. Cuando esas facultades son utilizadas para construir redes criminales, el daño trasciende a las víctimas directas y alcanza a la propia legitimidad institucional.
El abuso de autoridad llevado al extremo
El juicio también permitió acreditar episodios de violencia institucional particularmente graves. Uno de ellos ocurrió el 21 de septiembre de 2020, durante incidentes registrados frente a la Alcaidía de Frontera. Según la acusación, la entonces jefa policial insultó, amenazó y detuvo ilegalmente a un periodista que cubría los acontecimientos y posteriormente confeccionó documentación falsa para intentar justificar el arresto.
Pero quizá uno de los hechos más alarmantes haya sido el ocurrido el 15 de noviembre de 2021. Ese día, la funcionaria obligó a un subordinado a registrar declaraciones falsas en los libros oficiales de la dependencia con el propósito de beneficiar a su propio hijo, involucrado en un hecho ilícito.
En la misma jornada, y siempre según la acusación que ahora fue ratificada por la sentencia, Asís privó ilegítimamente de la libertad a un adolescente, al que mantuvo encerrado en un calabozo durante varias horas bajo condiciones de hostigamiento y presión psicológica para obligarlo a reconocer una responsabilidad penal.
Una advertencia para la institución
Cada vez que un policía es condenado por corrupción o abuso de autoridad se produce una doble injusticia. La primera la sufren las víctimas directas de esos delitos. La segunda recae sobre miles de hombres y mujeres que cumplen su función honestamente y que ven cómo la conducta de unos pocos deteriora la imagen de toda la institución.
Sin embargo, sería un error interpretar este caso como un problema individual. La corrupción estructural rara vez nace de la noche a la mañana. Suele crecer allí donde faltan controles eficaces, donde la obediencia se confunde con impunidad y donde el silencio se convierte en una forma de supervivencia.
Por eso, las condenas judiciales son necesarias pero no suficientes. Deben ir acompañadas de mecanismos de control interno y externo, de transparencia en la gestión y de una cultura institucional que premie la integridad y no la complicidad.
La confianza como patrimonio institucional
La policía posee un recurso mucho más valioso que sus armas, sus móviles o su capacidad operativa: la confianza pública.
Esa confianza no se impone por decreto ni se construye mediante campañas publicitarias. Se gana día a día a través del comportamiento de cada uno de sus integrantes y puede perderse rápidamente cuando quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley terminan utilizándola en beneficio propio.
Por eso, sentencias como la dictada en Rafaela no deberían ser leídas como una derrota de la institución policial sino como una oportunidad para reafirmar un principio esencial: el uniforme no concede privilegios, sino mayores responsabilidades.
Y cuando alguien utiliza ese poder para delinquir, la sociedad tiene derecho a exigir una respuesta firme de la Justicia, precisamente para proteger a la enorme mayoría de los policías que todos los días cumplen su tarea con honestidad y sacrificio.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe..
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