El diputado socialista Esteban Paulón (Santa Fe) pidió que la ministra de Seguridad comparezca ante el Congreso. Reclama conocer quién ordenó el operativo, por qué se disparó contra manifestantes y trabajadores de prensa y qué justificó el empleo de camiones hidrantes durante una persecución que se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, enfrenta un nuevo pedido de explicaciones por el operativo desplegado durante la protesta realizada frente al Congreso mientras se debatía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del Partido Socialista, reclamó su presencia ante el Parlamento para que informe sobre la planificación, ejecución y conducción del dispositivo, en el que participaron 820 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
La presentación califica como “injustificada” la represión ejercida contra manifestantes y trabajadores de prensa. También reclama identificar a los agentes que efectuaron disparos y establecer por qué se utilizaron camiones hidrantes durante la desconcentración, incluso a más de 500 metros del edificio legislativo.
El planteo no pretende establecer responsabilidades penales mediante una declaración política. Busca algo más elemental: que el Ministerio entregue información concreta para determinar si la actuación estatal se mantuvo dentro de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Gases, balas de goma y camiones hidrantes
Los incidentes comenzaron cuando las fuerzas federales avanzaron para despejar la zona ubicada frente al Congreso y continuaron por la avenida de Mayo y calles cercanas.
Durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos, proyectiles de impacto cinético —habitualmente denominados balas de goma— y camiones hidrantes.
Las imágenes también registraron que un grupo de manifestantes encapuchados rompió baldosas y arrojó objetos contra el cordón policial instalado detrás de las vallas. Algunos intentaron avanzar sobre el dispositivo y, en otro episodio, retiraron e incendiaron una bandera de Estados Unidos colocada en el frente de un comercio.
Esos hechos deben investigarse y no pueden ser relativizados. Arrojar piedras u objetos contundentes puede provocar lesiones graves y habilita una intervención policial destinada a neutralizar la agresión.
Sin embargo, la existencia de grupos violentos no autoriza automáticamente a avanzar de manera indiscriminada sobre todos los asistentes. La obligación profesional consiste precisamente en distinguir a quienes atacan de quienes se manifiestan pacíficamente, trabajan como periodistas o simplemente se retiran del lugar.
Tres detenidos y agentes heridos
Antes de las 21, el Ministerio de Seguridad informó la detención de tres manifestantes por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
También comunicó que dos integrantes de las fuerzas federales resultaron heridos. Un prefecto recibió asistencia en el lugar y un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca después de sufrir el impacto de una piedra en la cabeza.
Esas lesiones deben ser reconocidas y atendidas. Los agentes no pierden sus derechos por integrar un operativo y tampoco deben ser utilizados como barrera humana de decisiones políticas deficientes.
A la vez, continúa sin conocerse oficialmente cuántos manifestantes, periodistas o transeúntes sufrieron lesiones. Esa asimetría informativa es uno de los puntos que el Ministerio debe corregir.
Un balance oficial no puede registrar únicamente a los efectivos lastimados y omitir a los civiles atendidos, detenidos o alcanzados por elementos menos letales.
Disparos contra trabajadores de prensa
Uno de los ejes centrales del pedido presentado por Paulón apunta a identificar a los agentes que habrían disparado directamente contra periodistas, trabajadores de prensa y manifestantes.
Para esclarecerlo, el Ministerio debería conservar y entregar las filmaciones oficiales, las órdenes de servicio, la distribución del personal, la identificación de cada unidad y los registros de entrega y consumo de municiones.
También corresponde informar qué agentes portaban escopetas, qué tipo de proyectiles fueron distribuidos, quién autorizó su utilización y qué supervisores tuvieron a cargo cada sector.
Los proyectiles de impacto cinético son considerados armas menos letales, no inofensivas. Su empleo requiere distancia, dirección y objetivos compatibles con los protocolos. Dispararlos contra el rostro, la cabeza, zonas vitales o personas que no representan una amenaza puede producir lesiones severas y comprometer responsabilidades individuales y de mando.
La identificación del personal no supone condenarlo anticipadamente. Permite reconstruir la actuación y evitar que la responsabilidad se diluya en la expresión genérica “las fuerzas”.
¿Por qué el operativo avanzó más de 500 metros?
Paulón también cuestionó que los camiones hidrantes fueran utilizados durante la desconcentración a más de 500 metros del Congreso.
El dato es relevante porque obliga a determinar cuándo terminó la protección del perímetro legislativo y cuándo comenzó una persecución de manifestantes por calles alejadas del objetivo original.
Si la finalidad era impedir el ingreso al Congreso y garantizar el funcionamiento parlamentario, el Ministerio deberá explicar qué riesgo concreto justificó extender el avance más allá de ese perímetro.
La fuerza pública puede restablecer una zona de seguridad, impedir agresiones y detener a quienes cometen delitos. Lo que no puede hacer es transformar la desconcentración en una operación de castigo o utilizar el desplazamiento territorial como forma de disciplinamiento colectivo.
El protocolo no reemplaza a la ley
La existencia de un protocolo de actuación no convierte automáticamente en legítima cualquier medida adoptada bajo su invocación.
Las órdenes administrativas deben ajustarse a la Constitución, a las leyes y a los estándares que regulan el uso de la fuerza. Cada intervención debe responder a una amenaza verificable y emplear el nivel mínimo necesario para controlarla.
En una manifestación conviven situaciones diferentes: personas que ejercen el derecho a protestar, periodistas que documentan los hechos, transeúntes, provocadores y eventualmente individuos que cometen delitos. Tratar a todos como un bloque hostil facilita el despliegue operativo, pero vulnera la obligación de individualizar conductas.
La seguridad democrática no exige pasividad frente a la violencia. Exige profesionalismo para neutralizarla sin convertir al resto de la ciudadanía en objetivo.
Monteoliva debe comparecer
La ministra puede sostener que el operativo respondió a agresiones concretas y que el personal actuó conforme a los protocolos. Si esa es la posición oficial, debe exponerla ante los representantes del pueblo y acompañarla con documentación.
Debe explicar quién condujo el dispositivo, qué instrucciones fueron impartidas, cuántos proyectiles se utilizaron, cuántas personas resultaron heridas, qué agentes dispararon y por qué el despliegue continuó lejos del Congreso.
También deberá informar si se iniciaron actuaciones internas para analizar posibles excesos y si se preservaron las imágenes producidas por las cámaras institucionales y los registros audiovisuales externos.
Convocar a la ministra no significa desautorizar a los policías, gendarmes o prefectos que actuaron legalmente. Por el contrario, permite separar las conductas profesionales de los eventuales abusos y establecer qué responsabilidad corresponde a quienes impartieron las órdenes.
Los agentes no deben cargar solos con las consecuencias de decisiones políticas y operativas tomadas desde niveles superiores.
Controlar no es debilitar la seguridad
El Congreso no sólo dicta leyes. También debe controlar a los funcionarios encargados de ejecutarlas, especialmente cuando el Estado utiliza la fuerza contra ciudadanos.
Monteoliva tiene derecho a brindar su versión y defender la legalidad del operativo. Pero no puede refugiarse en comunicados generales ni reducir lo ocurrido a tres detenciones y dos agentes heridos.
Las piedras arrojadas contra el personal deben investigarse. Los ataques contra periodistas y manifestantes, también.
No hay contradicción entre respaldar al agente agredido y exigir explicaciones por un disparo injustificado. La contradicción aparece cuando se reclama obediencia absoluta a los uniformados mientras se pretende eximir de responsabilidad a la conducción política.
La seguridad democrática no se construye ocultando órdenes, rostros o municiones. Se construye estableciendo qué ocurrió, quién decidió y si la fuerza utilizada fue realmente necesaria.
Por eso Alejandra Monteoliva debe concurrir al Congreso. No como un gesto partidario ni como una condena anticipada, sino porque en una república quien ordena o conduce un operativo de esta magnitud debe rendir cuentas.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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