La provincia de Corrientes atraviesa horas de conmoción tras el fallecimiento de dos integrantes de la Prefectura Naval Argentina en menos de 48 horas, en hechos distintos pero atravesados por un denominador común: ambos efectivos se encontraban bajo tratamiento psicológico y con restricciones para portar sus armas reglamentarias.
El primero de los episodios ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de San Cosme. Allí, un marinero de 26 años perdió la vida al arrojarse al paso de una camioneta. Horas después, la tragedia volvió a golpear a la fuerza: Pablo G. Soria, de 46 años, ayudante de segunda de Prefectura y oriundo de Monte Caseros, falleció tras recibir un disparo en un predio de la institución ubicado sobre calle Estados Unidos al 455, en la ciudad de Corrientes.
Según informó la Policía de Corrientes, el hecho ocurrió alrededor de las 10:54 del jueves 11 de junio. Personal policial y judicial trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del episodio. Las primeras informaciones indican que Soria atravesaba un tratamiento psicológico y que tenía restringida la portación de su arma reglamentaria, una medida preventiva habitual cuando se detectan situaciones de vulnerabilidad emocional.
La noticia impactó especialmente en Monte Caseros, ciudad de origen del suboficial, donde era conocido y apreciado. El fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar entre compañeros, vecinos y allegados.
Sin embargo, detrás del dolor emerge una discusión más profunda y que atraviesa a todas las fuerzas de seguridad y militares del país: ¿alcanza con retirar el arma reglamentaria cuando un efectivo atraviesa una crisis emocional?
La respuesta parece evidente: no.
Las medidas restrictivas son necesarias para disminuir riesgos inmediatos, pero no reemplazan la necesidad de un acompañamiento integral. El estrés operativo, la exposición permanente a situaciones traumáticas, las exigencias jerárquicas, los problemas económicos y familiares, junto con la dificultad cultural para pedir ayuda, conforman un escenario complejo que exige políticas activas y permanentes de salud mental.
En los últimos años, distintas fuerzas han avanzado en protocolos de actuación, licencias especiales y asistencia psicológica. Sin embargo, estos dos hechos ocurridos en Corrientes muestran que todavía existen zonas grises y preguntas sin respuesta. Porque la salud mental no puede reducirse a un trámite administrativo ni a una evaluación periódica.
Detrás de cada uniforme hay una persona. Hay una familia. Hay una historia.
Y cuando una institución pierde a dos de sus integrantes en apenas dos días, la tragedia deja de ser un hecho aislado para convertirse en una advertencia.
No se trata de buscar culpables apresuradamente, sino de preguntarse si los sistemas de contención están a la altura del sufrimiento silencioso que muchas veces atraviesan quienes tienen la responsabilidad cotidiana de cuidar a los demás.
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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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