La denuncia de la esposa y el uso de la Taser en el centro de la escena. Relevos en la las jefaturas de los policías actuantes.
Por Rubén Pombo (*)
A diez días del dramático episodio en Rosario, donde un vigilador terminó con graves quemaduras tras prenderse fuego en medio de un reclamo laboral, su esposa Bárbara fue contundente: denunció públicamente el “mal uso de la Taser” durante la intervención policial, poniendo el foco no solo en el accionar del momento sino en el contexto de tensión previo. Mientras la víctima permanece en terapia intensiva del HECA, el caso deja al descubierto una cadena de responsabilidades que va mucho más allá del hecho puntual.
Reacomodamientos policiales en medio de la crisis
En paralelo a este escenario, y en medio del escándalo por corrupción y descontrol, se produjo un fuerte reordenamiento en la conducción policial de Rosario.
Fue relevada la cúpula de Agrupación Cuerpos, con el desplazamiento del comisario supervisor Gerardo Damián Insaurralde, reemplazado por Luis Ceferino Aquino, junto a una serie de movimientos en toda la estructura operativa.
El impacto alcanzó directamente al Comando Radioeléctrico Rosario, donde el subcomisario Matías Ezequiel Moreyra fue relevado tras allanamientos en su domicilio y el secuestro de su celular, en el marco de investigaciones que incluso vinculan la causa del combustible con otros episodios internos.
Los cambios se extendieron a Infantería, Brigada Motorizada y otras áreas clave, en una reconfiguración que se da bajo presión judicial y política.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de un reordenamiento real o de una reacción frente a la crisis?
Un conflicto que escaló en un sistema mal controlado
El episodio no fue espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto laboral en un ámbito altamente sensible como la seguridad privada.
Cuando el Estado controla de manera deficiente un sector donde hay armas, presión laboral y situaciones de riesgo, los conflictos no se canalizan: se agravan. En ese contexto, cualquier intervención —mal evaluada o fuera de tiempo— puede transformarse en un detonante.
Trabajo en negro y empresas bajo la lupa
Según surge del caso, el trabajador se desempeñaba en condiciones informales dentro de un esquema vinculado a Servicio del Sol SRL, con operatorias relacionadas a For-Zap, donde incluso se menciona a Nicolás Portaluppi como parte del entramado laboral.
El dato es crítico: personal cumpliendo funciones de seguridad en condiciones irregulares, sin garantías laborales ni cobertura real.
Descontrol incluso entre las empresas “habilitadas”
El problema no se limita a lo informal. Incluso dentro del registro oficial aparecen inconsistencias que reflejan un control débil.
En Rosario figuran empresas como GRUPO DEL SOL S.R.L. y ORGANIZACIÓN EL SOL, con denominaciones prácticamente idénticas, lo que genera confusión sobre su operatoria, vínculos y responsabilidades.
Cuando ni siquiera dentro del sistema formal hay claridad, el problema ya no es la informalidad: es la calidad del control estatal.
El problema no es la falta de control… es cómo se controla
El Estado no está ausente. Pero controla mal. Existen registros, habilitaciones y normativa. Sin embargo, el seguimiento es débil, la verificación escasa y la información no siempre es accesible ni transparente —incluso con sistemas oficiales que han estado fuera de funcionamiento durante años—.
El resultado es un sistema donde:
- hay normas, pero poco cumplimiento real
- hay registros, pero escaso control efectivo
- hay habilitaciones, pero débil fiscalización
El dato oficial que confirma el problema
La propia Provincia reconoce la magnitud de la precarización: en 2024 se detectó un 40% de informalidad laboral tras miles de inspecciones.
Si ese nivel atraviesa toda la economía, en la seguridad privada —un sector sensible— el impacto es mayor: trabajadores sin registrar, sin cobertura y expuestos a situaciones críticas. El problema no es desconocido. Es estructural.
Miles de vigiladores en negro: una realidad sostenida
Desde el sector gremial advierten que solo en Rosario hay alrededor de 5.000 trabajadores de seguridad privada en condiciones irregulares, operando en negro o bajo modalidades precarias. Esto convive con registros oficiales que contabilizan poco más de 6.000 vigiladores, lo que evidencia una brecha alarmante entre lo formal y lo real.
La consecuencia es clara: un sistema paralelo, sin control efectivo.
Cuando el control falla, aparece la tensión
Y ahí está el punto central porque cuando el control es deficiente:
- se naturaliza el trabajo en negro
- se acumulan conflictos laborales
- se pierden canales de contención
La falta de control no es neutra y genera tensión. Y en escenarios de alta tensión, cualquier intervención puede terminar en tragedia.
Una cadena de responsabilidades
El caso del vigilador expone una doble falla:
- Empresas que operan en condiciones irregulares
- Particulares que contratan «en negro» con lo que ello implica incluso eventualmente contra sus intereses llegado el caso (como el del vigilador)
- Un Estado que no controla con eficacia
En el medio, trabajadores que quedan solos frente a conflictos extremos.
Una advertencia que no puede ignorarse
Lo ocurrido en Rosario no es un hecho aislado, es el resultado de un sistema donde el control existe pero funciona mal y cuando el control falla, no solo hay desorden, hay conflicto, hay riesgo y como quedó demostrado, puede haber tragedia.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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