CORONDA: Se suicidó un personal del servicio penitenciarios luego de su guardia

En las últimas horas se conoció la muerte de Enrique “El Negro” Carranza, agente del Servicio Penitenciario, con domicilio en Coronda y prestación laboral en Rosario.

Por Marcos Anglada

Se desconocen por el momento detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho. Lo que sí es verificable es el impacto inmediato: es el segundo caso en 24 horas dentro del universo de fuerzas de seguridad en Santa Fe, y podría existir un tercero (una mujer policía) que estamos intentando corroborar con datos responsables.

Apropol acompaña en el dolor a la familia, compañeros y amistades. Y al mismo tiempo —porque el respeto no es silencio— vuelve a señalar lo que ya denunciamos: cuando la prevención se vuelve un trámite, el resultado es un sistema que “administra” crisis en vez de evitarlas, y termina llegando siempre después. En Santa Fe, el problema no es la falta de discursos: es la falta de decisiones concretas, sostenidas, auditables, y con participación real de los trabajadores.

Lo que gritan las redes: no es “morbo”, es radiografía del deterioro

Las publicaciones de compañeros y allegados que circularon en redes son, con toda su crudeza, un parte social sobre condiciones laborales y psicosociales que se repiten.

Entre los ejes que aparecen una y otra vez:

• Cargas horarias excesivas y recargos sin descanso real (“24 horas” y más, encadenadas).

• Salarios insuficientes, con estrés financiero permanente.

• Malas condiciones materiales: falta de agua, garitas sin vidrios, sin aire, instalaciones deficientes.

• Maltrato jerárquico y “verdugueo”, falta de compañerismo institucional, presión psicológica cotidiana.

• Comida deficiente (un tema que en el sistema penitenciario aparece de manera reiterada en reclamos y testimonios).

• Ausencia o debilidad de dispositivos de salud mental: gabinetes, seguimiento, detección temprana, contención real, no “papelitos”.

También aparece, con fuerza, algo que el poder suele negar: la vida laboral se vuelve un factor de riesgo, y si encima hay problemas personales, se arma la tormenta perfecta. Esto no “explica” un suicidio —nadie debe simplificar ni hablar por la persona fallecida—, pero sí describe el contexto que muchos trabajadores reconocen como asfixiante.

El problema no es la opinión: es la ausencia de información pública y protocolos serios

En estos casos, el Estado suele refugiarse en dos extremos igual de funcionales:

• El silencio (“no hay datos”).

• O la reducción individualista (“fue un tema personal”).

Entre ambos, se pierde lo central: la obligación estatal de prevenir.

Desde Apropol hemos solicitado información para dimensionar el fenómeno, identificar patrones, proponer medidas y evaluar resultados. Sin embargo, no hay respuestas consistentes, ni acceso a información que permita un abordaje serio. Cuando el Estado no informa, no “cuida”: encubre. Y cuando el Estado encubre, el sistema queda librado al rumor, la culpa cruzada y la intemperie.

Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo: una herramienta legal que no se activa

Este escenario refuerza una exigencia concreta y urgente: activar los comités previstos por la Ley 12.913, con participación paritaria real de los trabajadores, para detectar riesgos, auditar condiciones, proponer medidas preventivas y monitorear cumplimiento.

No se trata de “crear un sello” ni de sumar burocracia: se trata de poner a funcionar un mecanismo legal pensado justamente para lo que está pasando: evitar que la salud laboral sea un tema “decorativo” hasta que llega la tragedia.

Cuando el gobierno evita o vacía los espacios de participación, no solo incumple una lógica sanitaria y laboral: debilita la democracia cotidiana dentro del Estado. Y esa es una marca —cada vez más visible— de una gestión que tiende a gobernar sin escucha, con “orden” hacia abajo y silencio hacia adentro.

Preguntas que el poder debe responder

Sin morbo, sin oportunismo, sin insultos: con obligación institucional.

1. ¿Qué programa integral de prevención del suicidio existe hoy para personal policial y penitenciario en Santa Fe, con presupuesto, equipos, cobertura territorial y evaluación?

2. ¿Cuántos profesionales (psicología/psiquiatría/trabajo social) hay por región y por cantidad de efectivos?

3. ¿Qué protocolo rige frente a señales de alarma? ¿Quién lo activa? ¿Cómo se protege la confidencialidad?

4. ¿Qué auditoría se realiza sobre cargas horarias, recargos y condiciones materiales (agua, garitas, electricidad, alimentación)?

5. ¿Por qué no se entrega información completa cuando se solicita formalmente para estudiar el fenómeno?

No es un caso aislado, es un sistema que desgasta

Enrique Carranza no puede convertirse en un nombre que pasa rápido por la pantalla. Si algo muestran estas últimas horas es que hay una comunidad laboral golpeada, que reconoce patrones, que describe condiciones y que pide ayuda con desesperación.

El Estado no puede seguir actuando como si el problema fuese “la conversación en redes”. El problema es otro: un régimen de trabajo que deteriora, una prevención que no llega, y una conducción política que, cuando debería rendir cuentas, se encierra.

Apropol reitera: vamos a seguir pidiendo información, impulsando la activación de los comités de Ley 12.913 y exigiendo una política pública seria de salud laboral y salud mental para quienes sostienen —con uniforme y sin aplausos— funciones esenciales del Estado.

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