La Jefatura de Policía dispuso relevar al director de la Unidad Regional V de Santo Tomé y a los responsables de dependencias involucradas, además de apartar preventivamente a cuatro efectivos.
La investigación judicial intenta determinar si detenidos fueron autorizados a salir para cometer delitos y si existió participación o connivencia policial.
Un robo millonario abrió una trama mucho más grave
La investigación comenzó a partir del robo a una agencia de cobranzas ocurrido el 16 de septiembre en Santo Tomé, cuando delincuentes encapuchados interceptaron a un empleado al llegar a su domicilio, le exigieron las llaves del comercio y las contraseñas de las cajas de seguridad, para luego apoderarse de una suma cercana a los cinco millones de pesos.
El avance de la causa, dirigida por el fiscal Facundo Cabral, permitió detener a un sospechoso y recuperar alrededor de 2,5 millones de pesos, pero el expediente tomó posteriormente una dimensión institucional mucho más delicada.
Un preso declaró que los dejaban salir a robar
El punto de quiebre se produjo cuando un detenido declaró ante la Fiscalía y aseguró que integrantes de la guardia habrían permitido la salida de presos para cometer robos.
Según la información difundida, el testimonio involucró de manera directa a una suboficial, a quien además atribuyó un vínculo sentimental con otro detenido.
La gravedad de esa declaración llevó a profundizar la investigación sobre el personal que se encontraba de guardia el día del robo y sobre el funcionamiento interno de las dependencias policiales involucradas.
Relevos y apartamientos
Frente al avance de la causa, la Jefatura de Policía de Corrientes resolvió apartar al director de la Unidad Regional V de Santo Tomé y relevar a los jefes de dependencias vinculadas con el expediente, entre ellas la Comisaría Primera y la Comisaría de la Mujer y el Menor.
Además, cuatro efectivos fueron apartados preventivamente mientras continúan las medidas judiciales y administrativas.
La Dirección General de Asuntos Internos abrió actuaciones paralelas y elaboró informes preliminares que ya habrían recomendado modificaciones en la estructura de conducción.
Teléfonos, cámaras y libros de guardia bajo análisis
La investigación no se limita a declaraciones testimoniales. La Fiscalía analiza teléfonos celulares, cámaras de seguridad, libros de guardia y las coartadas de quienes estaban prestando servicio durante la jornada en que se produjo el robo.
Esos elementos serán centrales para establecer si efectivamente existieron salidas irregulares de detenidos, quiénes las autorizaron, cuánto tiempo duraban y si esas supuestas maniobras estuvieron vinculadas con otros delitos cometidos en la zona.
Una acusación que golpea el corazón del sistema de custodia
Si las sospechas se confirman, no estaríamos frente a una irregularidad administrativa menor, sino ante una de las situaciones más graves que puede atravesar una institución policial: personal encargado de custodiar detenidos que habría permitido que esas mismas personas salieran a delinquir.
La hipótesis investigada transforma por completo el sentido de la función policial, porque quienes debían impedir que personas privadas de libertad continuaran cometiendo delitos podrían haber facilitado exactamente lo contrario.
Por eso el expediente excede a los cuatro efectivos preventivamente apartados y alcanza inevitablemente a los mecanismos de control, supervisión y responsabilidad jerárquica dentro de la Unidad Regional.
La Jefatura promete “firmeza institucional”
En un comunicado oficial, la Policía de Corrientes aseguró que colaborará plenamente con la Justicia y que no tolerará conductas apartadas de la ley y de las obligaciones propias de la función.
La decisión de relevar conducciones y apartar personal constituye una primera respuesta institucional, pero la magnitud de las sospechas obliga ahora a determinar si se trató de una maniobra aislada o de una práctica sostenida en el tiempo.
Porque si efectivamente hubo presos que salían de una dependencia policial para cometer robos, la pregunta ya no será solamente quién abrió una puerta.
También habrá que determinar quién no vio, quién debía controlar y hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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