El jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó que el titular de la Comisaría Primera de Saladas fue apartado de sus funciones y pasó a situación de revista pasiva. Asuntos Internos abrió actuaciones y el caso también es investigado judicialmente. “No toleraremos estas conductas”, afirmó el jefe policial.
Una denuncia que involucra al responsable de la Comisaría Primera de Saladas, en la provincia de Corrientes, derivó en su inmediato apartamiento luego de conocerse testimonios sobre una presunta conducta impropia y una situación de acoso hacia una cabo de la fuerza.
La medida fue confirmada por el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, quien informó que el funcionario policial fue relevado de su cargo y colocado en situación de revista pasiva mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
“No toleraremos estas conductas”, sostuvo Leguizamón al referirse públicamente al episodio y remarcar que las actuaciones deben avanzar independientemente de la jerarquía del personal involucrado.
Dos hechos distintos que no deben confundirse
El caso presenta una secuencia especialmente delicada que exige diferenciar con claridad dos hechos y dos responsabilidades distintas. La cabo Mariela Ayala, de 29 años, denunció una situación de acoso protagonizada por el entonces jefe de la Comisaría Primera de Saladas.
Según el relato difundido posteriormente, durante una reunión entre integrantes de la fuerza el comisario habría besado a la mujer, conducta que dio origen a la intervención administrativa y a su posterior apartamiento.
Ese episodio no debe confundirse con la brutal agresión que Ayala sufrió después por parte de su pareja, quien, de acuerdo con su testimonio, primero la abofeteó delante de los presentes y posteriormente la golpeó hasta provocarle múltiples traumatismos, principalmente en la cabeza, por los que debió permanecer internada en el Hospital Escuela.
Días después, la propia policía relató que continuaba con lesiones en un ojo, las costillas y otras secuelas que requerían atención traumatológica y neurológica, además de asistencia psicológica para ella y sus hijos. “Estuve al borde de la muerte”, expresó, y manifestó temor porque el hombre al que atribuye la agresión permanecía en libertad. También señaló que estaba recibiendo acompañamiento de la Policía de Corrientes.
Por lo tanto, una cosa es la conducta atribuida al superior policial, actualmente investigada, y otra diferente es la violencia física que Ayala denunció haber sufrido posteriormente por parte de su pareja. Confundir ambos episodios no solamente altera los hechos, sino que diluye las responsabilidades individuales que deben investigarse en cada caso.
La jerarquía también implica responsabilidad
El episodio plantea una cuestión especialmente importante dentro de cualquier institución policial: la relación jerárquica no puede convertirse en un espacio que facilite conductas abusivas ni impedir que un subordinado pueda denunciarlas.
En una organización vertical como la policial existe una diferencia objetiva de poder entre quien conduce una dependencia y el personal que se encuentra bajo sus órdenes. Precisamente por esa razón, cuanto mayor es la jerarquía, mayor debe ser la responsabilidad en el ejercicio de la autoridad.
Esto no significa anticipar la responsabilidad del funcionario investigado. Tanto la investigación administrativa como la judicial deberán establecer los hechos y garantizar el derecho de defensa de todas las personas involucradas. Pero tampoco corresponde minimizar una denuncia por el solo hecho de que involucre relaciones internas de la fuerza.
Investigar sin encubrir y sin prejuzgar
La decisión de apartar preventivamente al funcionario marca una diferencia importante entre investigar una conducta y condenar anticipadamente a una persona.
Una institución que pretende proteger a sus integrantes necesita ambas garantías: que quien denuncia una situación de acoso pueda hacerlo sin temor a represalias y que quien resulte acusado tenga derecho a defenderse dentro de un procedimiento regular.
La protección del personal y el debido proceso no son principios contradictorios.
Por eso resulta relevante la afirmación realizada por la conducción de la Policía correntina acerca de que estas situaciones serán investigadas con independencia de la jerarquía. El verdadero alcance de ese compromiso podrá evaluarse cuando concluyan las actuaciones y se conozcan sus resultados.
La autoridad no habilita el abuso
Existe finalmente una cuestión profesional que merece destacarse. Ejercer autoridad policial no significa disponer de las personas que se encuentran subordinadas.
El mando concede facultades funcionales para organizar el servicio, impartir órdenes legítimas y exigir su cumplimiento. No concede privilegios personales sobre los subordinados ni puede utilizarse para obtener ventajas ajenas a la función.
Cuando aparece una denuncia de estas características, la institución tiene la obligación de intervenir, preservar a las personas involucradas y determinar responsabilidades mediante los mecanismos establecidos.
Porque proteger al que protege también significa garantizar que el propio lugar de trabajo policial sea un ámbito donde la dignidad y la integridad de sus trabajadores estén protegidas, cualquiera sea su grado o función.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora