APROPOL recibió en las últimas horas una denuncia grave y reiterada proveniente de personal del CRE – UR II Rosario, que describe una situación de agotamiento extremo, trato inhumano y utilización del régimen horario como mecanismo de castigo disciplinario.
No se trata de un caso aislado ni de un problema operativo puntual. Es una forma de gestión.
Horarios imposibles, vidas suspendidas
Según los testimonios recibidos, efectivos que viven a más de 200 y hasta 300 kilómetros de Rosario —provenientes de localidades como Vera, Reconquista y el norte provincial— están siendo obligados a cumplir turnos de 8 por 16, o directamente jornadas continuas de 8 a 16 horas diarias sin descanso semanal, sin consideración alguna por:
- la distancia a sus hogares,
- el tiempo de traslado,
- la necesidad de descanso real,
- la alimentación,
- la higiene básica,
- ni la salud física y mental.
Hay compañeros que no pueden regresar a sus casas, que no tienen lugar donde dormir, que pasan días sin bañarse, y que realizan controles viales bajo el rayo del sol, durante horas corridas, sin pausas, sin hidratación garantizada y con un solo equipo de comunicación, expuestos en circunvalaciones, autopistas y avenidas de alto riesgo.
Esto no es servicio: es abandono institucional.
Enfermarse también se castiga
La denuncia agrega un dato alarmante: cuando un efectivo se enferma y falta 24 horas, la respuesta no es cuidado ni acompañamiento, sino castigo inmediato.
En cuestión de minutos, se lo reasigna a un “tercio nuevo” que trabaja todos los días, de 08:00 a 16:00, sin móviles, sin rotación, sin descanso, con controles permanentes y presión constante.
Un régimen inventado por esta gestión que opera como sanción informal, sin sumario, sin acto administrativo, sin derecho a defensa.
Esto tiene nombre: vara punitiva sin debido proceso.
Control extremo, humanidad nula
El personal denuncia controles permanentes, aprietes constantes y un clima de sospecha que convierte cada jornada en una prueba de resistencia.
No hay margen para el error, ni para el cansancio, ni para la vida personal.
Todo esto por salarios que no llegan al millón de pesos, lejos de la familia, con jornadas inaguantables y sin respaldo institucional.
Después —como sociedad— nos preguntamos por qué hay compañeros que se quiebran, se enferman o toman decisiones irreversibles.
La respuesta está acá. En estas prácticas.
No es seguridad: es disciplinamiento
Desde APROPOL lo venimos advirtiendo hace tiempo: este modelo de gestión no organiza, no cuida y no fortalece a la fuerza. La quiebra.
Se gobierna desde la sospecha, se administra desde el castigo y se exige sacrificio ilimitado a quienes menos poder tienen para defenderse.
El resultado es siempre el mismo:
- policías exhaustos,
- deslegitimación institucional,
- errores operativos evitables,
- y vidas empujadas al límite.
Estas prácticas no solo resultan inhumanas desde el punto de vista laboral y sanitario, sino que podrían configurar abusos de autoridad y violaciones graves al régimen legal vigente. La imposición de regímenes horarios extremos como respuesta informal a una licencia médica —sin acto administrativo, sin sumario, sin derecho de defensa— funciona en los hechos como un castigo encubierto, ajeno a toda normativa reglamentaria.
Su finalidad no parece ser operativa ni preventiva, sino disciplinaria y ejemplificadora, orientada a generar miedo en el personal y a desalentar el ejercicio de derechos básicos, entre ellos el derecho a la licencia médica, que no es un privilegio sino una herramienta esencial de cuidado de la salud física y mental del trabajador. Utilizar el poder jerárquico para cercenar ese derecho, mediante amenazas implícitas o represalias funcionales, desnaturaliza la autoridad legítima y la convierte en coerción, vulnerando principios elementales del derecho administrativo, laboral y de derechos humanos, y exponiendo además a los propios mandos a responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Exigimos respuestas inmediatas
APROPOL exige:
- revisión urgente de los regímenes horarios del CRE Rosario,
- garantías mínimas de descanso, alimentación e higiene,
- fin del uso del horario como castigo encubierto,
- y respeto por la dignidad humana del personal policial.
Porque no hay seguridad posible cuando quienes deben garantizarla son tratados como descartables.
Y porque ningún operativo justifica destruir a los trabajadores.
Lo advertimos una vez más, con claridad: cuando el Estado abandona a su gente, la tragedia deja de ser un accidente y pasa a ser una consecuencia.
APROPOL Noticias
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