Los altos mandos de las fuerzas de seguridad le comunicaron a Patricia Bullrich que la presión sobre los efectivos es insostenible y que el uso irresponsable de los cuerpos federales puede derivar en un autoacuartelamiento.
Por Alberto Martínez (*)
Cambio de estrategia: el Gobierno decide no aplicar el protocolo antipiquetes
Luego de los incidentes registrados en la última marcha, la Casa Rosada tomó una decisión sorpresiva: el protocolo antipiquetes no se aplicará en la protesta convocada para esta semana frente al Congreso. La medida responde a la fuerte tensión dentro de las fuerzas de seguridad, cuyos mandos han advertido que los efectivos están al borde del colapso operativo.
Según fuentes consultadas, la orden es que las fuerzas federales se mantengan detrás del vallado dispuesto en el perímetro del Congreso y eviten el contacto directo con los manifestantes. Además, se reforzarán los controles en accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires mediante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Advertencias desde las fuerzas: «Nos están llevando al límite»
El mensaje desde los cuadros de mando es claro: la utilización política de las fuerzas en operativos sin respaldo adecuado genera un desgaste extremo. “No podemos seguir siendo el fusible del conflicto social mientras el poder político especula con la situación”, señaló un alto oficial.
Los efectivos han expresado su malestar por la falta de condiciones adecuadas para operar en manifestaciones de alto riesgo. El episodio en el que un periodista resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora, las fuerzas advierten que la decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes es una señal de que el propio Gobierno reconoce que la situación es insostenible.
Un juez federal supervisará el operativo
Ante la creciente tensión y las advertencias de las fuerzas de seguridad, un juez federal (Cormick) ha decidido intervenir y se presentará en el lugar como veedor del operativo. Su función será garantizar que no haya excesos ni abusos en la actuación de las fuerzas y que se respeten los derechos tanto de los manifestantes como de los efectivos desplegados. La decisión responde a una presentación de organismos de derechos humanos que alertaron sobre el uso desmedido de la fuerza en movilizaciones previas. No hay dudas que el magistrado tiene el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bullrich, en la mira: su imagen se deteriora y buscan reemplazo
En medio de la crisis de seguridad, Patricia Bullrich pierde peso dentro del Gobierno. Fuentes cercanas a la Casa Rosada admiten que su imagen se ha desgastado. En los círculos de poder, ya se habla de una salida “elegante” para la ministra, posiblemente como candidata en futuras elecciones. Algunos sectores oficialistas consideran que su permanencia en el cargo es cada vez más incómoda y que su rol dentro del Ejecutivo se vuelve insostenible. La falta de respaldo en algunos sectores del gabinete y la presión interna por un cambio en la estrategia de seguridad han debilitado su posición.
Una crisis anunciada
Desde el inicio de la actual gestión, los trabajadores de las fuerzas de seguridad han señalado que no se pueden mantener operativos de alto impacto sin una planificación que garantice su integridad física y legal. La ausencia de una estructura de apoyo y la falta de reconocimiento de derechos básicos han derivado en un creciente malestar.
El Gobierno insiste en que los efectivos actuarán sólo en caso de que los manifestantes intenten derribar las vallas, pero las señales dentro de las fuerzas apuntan a un hartazgo que podría traducirse en medidas inesperadas. «Si seguimos en esta situación, muchos van a optar por cuidarse a sí mismos antes que obedecer órdenes sin sentido», advierten desde los pasillos de las unidades.
El conflicto está en un punto crítico. La pregunta no es si habrá una crisis en la seguridad pública, sino cuándo explotará.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Fundador y editor de APROPOL Noticias
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