Alejandro Abud, magíster en investigación y gestión de la seguridad pública y especialista en seguridad deportiva, cuestionó la prevención del operativo realizado en Carcarañá.
Sostuvo que el personal policial debía contar con protección adecuada, reclamó identificar y excluir a los violentos de los estadios y advirtió que la sanción contra Cremería “no resuelve” el problema de fondo.
La muerte del suboficial Eduardo Damián López durante los incidentes registrados al finalizar la final de la Liga Cañadense continúa generando interrogantes que exceden la responsabilidad penal de quienes habrían participado directamente del ataque.
¿Podía evitarse? ¿El operativo fue dimensionado correctamente? ¿Los policías contaban con los elementos de protección necesarios? ¿Existían antecedentes sobre los grupos violentos que frecuentaban el club? ¿Quién debía identificarlos y evitar su ingreso?
Para el magíster Alejandro Abud, especialista en investigación y gestión de la seguridad pública, la respuesta central es contundente: la muerte de un trabajador durante un espectáculo deportivo es un hecho previsible y, por lo tanto, evitable.
“Si se hacían las cosas bien, se podía haber evitado”, afirmó al analizar el caso ocurrido en el Club Atlético Carcarañá.
Abud es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, magíster en Investigación y Gestión de la Seguridad Pública, docente universitario y exintegrante del Comité de Seguridad en el Deporte de Santa Fe. También se desempeñó en tareas de planificación, inspección y control de seguridad en estadios y espectáculos masivos.
“Los policías son trabajadores”
Uno de los principales cuestionamientos formulados por el especialista apunta a las condiciones en las que el personal policial fue enviado a intervenir frente a una multitud violenta.
Abud recordó que los integrantes de las fuerzas de seguridad también son trabajadores y, como tales, deben encontrarse protegidos por las normas de higiene y seguridad laboral.
“No hay nadie fuera de la ley de higiene y seguridad. Los trabajadores policiales son trabajadores”, sostuvo.
El especialista advirtió que en numerosos espectáculos deportivos se observa a policías interviniendo frente a grupos que arrojan piedras y otros elementos contundentes sin contar con cascos u otros equipos de protección personal adecuados.
A su entender, ese riesgo no podía considerarse imprevisible.
Una final deportiva, con rivalidades locales, emociones exacerbadas y antecedentes de violencia en distintas ligas regionales, constituye un escenario que exige planificación, evaluación previa y equipamiento suficiente.
“No es que pasó un terremoto en Rosario y nunca había ocurrido uno. Esto pasa en muchas ligas y en eventos con instancias finales y decisivas”, explicó.
La muerte de López, en consecuencia, no debería analizarse únicamente como el resultado inesperado de una reacción espontánea, sino también como la consecuencia de riesgos que debieron ser anticipados.
Una cadena de responsabilidades
Abud evitó atribuir responsabilidades personales directas al coordinador provincial de Seguridad Deportiva, Gustavo Velázquez, al señalar que no conoce en detalle las órdenes operativas, los procedimientos aplicados ni la cadena de mando que intervino en el dispositivo.
Sin embargo, planteó que el resultado obliga a revisar seriamente la planificación.
Para explicarlo utilizó una comparación sencilla: si una torta sale aplastada o cruda, no alcanza con afirmar que se utilizaron correctamente los ingredientes o que el horno estaba a la temperatura indicada.
“Si la torta salió mal, salió mal. Hay algo que está mal hecho”, expresó.
El especialista remarcó que en estos acontecimientos no existe una única línea de responsabilidad.
Además de quienes ejecutaron materialmente la agresión, deberán examinarse las decisiones de los clubes, la liga, las autoridades políticas, los responsables de la seguridad deportiva y la propia conducción policial.
También será necesario determinar si existían órdenes de servicio adecuadas, si el número de efectivos era suficiente, qué equipamiento se había entregado y cuáles fueron las instrucciones impartidas antes y durante los incidentes.
Los violentos suelen ser conocidos
Uno de los aspectos más relevantes del análisis de Abud fue su señalamiento sobre la posibilidad de identificar anticipadamente a las personas violentas que concurren habitualmente a los partidos de las ligas regionales.
Según explicó, los protagonistas de los disturbios no suelen ser desconocidos para las instituciones.
En muchos casos se trata de personas vinculadas cotidianamente con los clubes: familiares de jugadores, colaboradores, integrantes de grupos de hinchas o asistentes habituales.
“Son todos los mismos”, resumió.
Abud relató que, durante su experiencia como asesor en la Liga Casildense de Fútbol, recorrió clubes, identificó y fotografió a personas involucradas en episodios violentos y remitió esa información a las autoridades correspondientes.
A partir de ese trabajo, las ligas y los clubes podían aplicar el derecho de admisión y prohibir el ingreso de quienes representaban un riesgo.
“Hay un montón de herramientas jurídicas, operativas y de gestión para sacar al violento de la cancha”, señaló.
La pregunta, según el especialista, es quién administra esas herramientas, con qué metodología y con qué nivel de preparación se evalúan los riesgos de cada encuentro.
“La sanción a Cremería no resuelve”
Luego del asesinato de López, el Gobierno provincial resolvió que el Club Atlético Carcarañá no pueda recibir público durante el resto de 2026 y todo 2027.
Abud fue categórico al cuestionar la eficacia de esa medida.
“No resuelve”, repitió en varias oportunidades.
Para el especialista, impedir el ingreso de toda una parcialidad puede constituir una respuesta sancionatoria inmediata, pero no elimina a quienes ejercen violencia.
El problema puede simplemente trasladarse hacia otro club, otra tribuna o una nueva competencia.
“Hoy no van los de Cremería y mañana mata uno de otro club. Después se sanciona a ese club y el violento sigue estando”, ejemplificó.
A su entender, el objetivo central debe ser identificar individualmente a los agresores, excluirlos de los espectáculos deportivos y realizar un seguimiento sostenido de sus conductas.
“No hay que sancionar al encendedor ni a la tribuna. Hay que sancionar al violento”, afirmó al recordar episodios similares ocurridos en el fútbol profesional.
Castigar a todos sin identificar a nadie
El señalamiento de Abud abre una discusión que las autoridades no deberían eludir.
Las sanciones colectivas pueden producir un fuerte impacto político y comunicacional, pero corren el riesgo de convertirse en una salida sencilla frente a un problema mucho más complejo.
Cerrar una tribuna o prohibir la concurrencia del público castiga también a miles de simpatizantes que no participaron de los disturbios.
Al mismo tiempo, si no se identifica a quienes protagonizaron los ataques, esas mismas personas pueden concurrir a otros escenarios o intervenir en nuevas situaciones de violencia.
La verdadera prevención requiere información, seguimiento, aplicación del derecho de admisión, registros actualizados, trabajo conjunto con los clubes y decisiones firmes antes de que se produzcan los hechos.
La protección que no puede faltar
La investigación penal deberá determinar quiénes atacaron a Damián López y cuál fue la participación concreta de cada imputado.
Pero el proceso no debería detenerse allí.
También corresponde conocer por qué un policía destinado a garantizar la seguridad de un espectáculo terminó rodeado por una multitud y expuesto a una agresión mortal.
Será necesario establecer si poseía casco, escudo u otros elementos de protección; si el operativo contemplaba una posible invasión del sector; si existían grupos previamente identificados; si se aplicó el derecho de admisión y si la cantidad de efectivos guardaba relación con el riesgo del partido.
La frase de Alejandro Abud resume el núcleo de la discusión: “Era previsible y evitable”.
Damián López fue a trabajar a un servicio adicional para completar sus ingresos y no regresó a su casa.
Por eso, además de perseguir penalmente a sus agresores, el Estado debe responder una pregunta incómoda pero indispensable: qué medidas de prevención, protección y gestión no funcionaron para que un trabajador policial terminara pagando con su vida el fracaso de todo un dispositivo de seguridad.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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