Una noticia que hasta hace pocos años hubiera parecido inverosímil hoy se transforma en un nuevo síntoma de la crisis que atraviesan las instituciones de seguridad y defensa de la Argentina.
Dependencias del Ejército Argentino comenzaron a sufrir cortes del suministro eléctrico por deudas acumuladas, reflejando un cuadro de deterioro presupuestario que ya no puede ocultarse.
La información fue publicada inicialmente por el portal Sur Política de Neuquén y posteriormente ampliada por La Política Online (LPO), que confirmó a través de fuentes del propio Ejército que al menos una veintena de destinos militares presentan severos atrasos en el pago de servicios esenciales.
El caso conocido ocurrió en la ciudad de Neuquén, donde la Cooperativa CALF interrumpió durante algunas horas el suministro eléctrico de una dependencia militar luego de reiteradas intimaciones por una deuda que se arrastraría desde marzo. El servicio fue restablecido únicamente tras un compromiso de regularización en un plazo de 48 horas.
De acuerdo con la información publicada, la deuda rondaría los 60 millones de pesos solamente en diez de las trece conexiones que el Ejército posee en esa ciudad.
Pero el dato más preocupante no es el monto, sino lo que representa.
No se trata de una empresa privada en dificultades financieras ni de un usuario particular. Se trata de una institución estratégica del Estado nacional cuya capacidad operativa depende íntegramente del financiamiento público. Que una unidad militar llegue al extremo de sufrir un corte de un servicio esencial revela un nivel de deterioro institucional pocas veces visto en la historia reciente.
Según las fuentes consultadas por LPO, la situación no es excepcional.
«Hay más de veinte destinos con severos atrasos en el pago de servicios, en su mayoría del Ejército. Es otra muestra del abandono que estamos sufriendo.»
Mucho más que un problema administrativo
El episodio trasciende la mera discusión contable.
Cuando un cuartel no puede garantizar el pago de la energía eléctrica, el problema deja de ser administrativo para convertirse en una cuestión de capacidad operativa del Estado.
Las Fuerzas Armadas, al igual que las fuerzas policiales y de seguridad, requieren infraestructura permanente para sostener comunicaciones, mantenimiento de equipos, capacitación, sistemas informáticos, depósitos de armamento, logística y funcionamiento cotidiano.
Los servicios públicos forman parte de esa capacidad operacional.
Un deterioro que viene acumulándose
La noticia se suma a otros episodios que reflejan la compleja situación presupuestaria que atraviesa el sistema de defensa.
En mayo pasado, La Política Online había revelado una llamativa contratación realizada por el Ministerio de Defensa: la permuta de toneladas de membrillo por repuestos destinados a una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al Ejército.
La operación, realizada bajo la órbita de la Dirección de Remonta y Veterinaria, generó fuertes críticas dentro de la propia fuerza.
Una fuente militar definió aquella situación con ironía:
«Es el regreso del trueque, pero con expediente electrónico.»
Más allá de la anécdota, ambos episodios parecen responder a un mismo fenómeno: la creciente dificultad para sostener el funcionamiento básico de la institución.
Los recursos humanos también pagan la crisis
Desde APROPOL hemos sostenido reiteradamente que ninguna política de seguridad o defensa puede construirse sobre la base del deterioro permanente de sus recursos humanos.
Durante años las discusiones públicas se concentraron en la compra de equipamiento, armamento o sistemas de alta tecnología.
Sin embargo, antes de incorporar nuevas capacidades resulta imprescindible garantizar algo mucho más elemental: que las instituciones puedan funcionar normalmente y que quienes las integran desarrollen su tarea en condiciones dignas.
Los salarios, la cobertura sanitaria, el mantenimiento de instalaciones, los servicios esenciales y la logística cotidiana no constituyen gastos accesorios. Son parte de la capacidad real del Estado.
Una señal que debería preocupar
Que una dependencia militar quede sin electricidad por falta de pago constituye mucho más que una noticia llamativa.
Es una señal de alerta sobre el estado de las instituciones encargadas de la defensa nacional.
Porque cuando el Estado comienza a tener dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de sus propias fuerzas, el problema ya no alcanza únicamente a los militares.
Interpela a toda la sociedad.
Fuentes: Portal Sur Política (Neuquén) y La Política Online (LPO), en base a información y testimonios de fuentes del Ejército Argentino.
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