Este 24 de agosto se cumplen 15 años de la fundación en Florida, Uruguay, de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica, una experiencia pionera que nació con la idea de unir organizaciones del sector de distintos países bajo una misma identidad como trabajadores.
El 24 de agosto de 2011 quedó formalmente constituida en la ciudad de Florida, República Oriental del Uruguay, la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL), entidad de tercer grado creada para reunir organizaciones gremiales de policías, penitenciarios y trabajadores de la seguridad pública de distintos países de la región.
Aquella jornada no apareció de la nada. La idea había comenzado a tomar forma un año antes en Rosario, durante el II Congreso Nacional de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), realizado bajo el lema “Reunir lo disperso para que no se pierda”, donde comenzó a plantearse la necesidad de avanzar hacia una verdadera unidad latinoamericana de los trabajadores policiales.
Pocos meses después, el 15 de octubre de 2010, organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay se encontraron en Mar del Plata y dieron otro paso fundamental con la Declaración de Mar del Plata, donde quedó expresada la voluntad política de constituir una confederación regional como herramienta de solidaridad, representación y defensa de los policías y penitenciarios latinoamericanos.
Florida consolidaría ese proceso el 24 de agosto de 2011. Allí se incorporaron, además de las organizaciones argentinas y uruguayas, delegaciones de Brasil, Perú y Venezuela, y se aprobó la Declaración de Florida, dando nacimiento formal a una estructura continental que tuvo como primer presidente pro tempore al dirigente uruguayo Luis de los Santos Clavijo.
La institucionalización definitiva continuaría en marzo de 2014, nuevamente en Florida, cuando se aprobó el Estatuto y se iniciaron los trámites para el reconocimiento jurídico de la organización en Uruguay.
Una idea sencilla pero revolucionaria
La CTPPL nació alrededor de una definición que todavía conserva plena vigencia: policías y penitenciarios son trabajadores.
Desde esa premisa se plantearon objetivos que continúan siendo centrales quince años después: integrar organizaciones gremiales del sector, mejorar las condiciones sociales de los trabajadores y sus familias, promover valores éticos en la función pública, estudiar las condiciones de desempeño profesional y desarrollar actividad gremial dentro de los marcos legales de cada país.
Aquella definición tenía un contenido profundamente transformador porque cuestionaba una visión todavía dominante en buena parte de América Latina, según la cual quienes integran instituciones policiales o penitenciarias deben aceptar sus condiciones laborales como una prolongación inevitable de la disciplina institucional.
La experiencia de estos años demostró precisamente lo contrario. Detrás de cada uniforme existe un trabajador con familia, salario, vivienda, salud, jubilación, riesgos profesionales y derechos que no desaparecen por el hecho de cumplir una función vinculada con la seguridad pública.
Quince años después, la discusión continúa
La CTPPL llegó a reunir organizaciones de distintos países, mostrando que muchas de las problemáticas aparentemente nacionales eran, en realidad, comunes a buena parte del continente.
Salarios insuficientes, extensas jornadas laborales, restricciones al ejercicio de derechos colectivos, condiciones de retiro, riesgos profesionales, falta de representación efectiva y dificultades para organizarse sindicalmente continúan formando parte de una agenda que atraviesa fronteras.
Por eso este aniversario no debería ser entendido solamente como una evocación histórica.
También debe servir para recordar que la unidad regional surgió porque los problemas eran comunes y porque ninguna organización aislada podía resolver por sí sola desafíos que se repetían en distintos países.
La CTPPL nació para reunir lo disperso, pero también para colocar sobre la mesa una cuestión todavía pendiente en muchas democracias latinoamericanas: reconocer plenamente al policía y al penitenciario como trabajadores y ciudadanos con derechos, sin que ese reconocimiento implique desconocer las responsabilidades especiales que derivan de sus funciones.
Quince años después de aquella jornada de Florida, aquella idea conserva intacta su razón de ser.
La seguridad pública puede exigir responsabilidades extraordinarias, pero ninguna institución democrática debería exigirlas a costa de los derechos humanos, laborales y sociales de quienes tienen la obligación cotidiana de garantizarla.
(**) Presidente Vitalicio CTPPL
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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