A cuatro años de la explosión en la sede de la Brigada de Explosivos de la URI Santa Fe, los policías heridos siguen sin respuestas y sin reconocimiento formal como accidente laboral.
Por Marcos Anglada (*)
En agosto de 2021, tres toneladas de pirotecnia acumulada durante años estallaron en la dependencia, dejando varios lesionados. El Subinspector Cristian Ramírez fue uno de los más afectados: quemaduras de primero, segundo y tercer grado en brazos, cabeza y rostro; pérdida de movilidad en las falanges; secuelas psicológicas profundas; y una carrera profesional paralizada desde entonces.
Una recuperación en soledad
A pesar de que la Dirección Provincial de Autoseguro y Riesgo del Trabajo (DIPART) determinó que se trató de un accidente laboral, Ramírez nunca recibió el alta médica definitiva. Sin embargo, fue obligado a volver a trabajar.
Esta semana, su abogado, el Dr. Catalino Miguel Ángel Portillo, presentó un pronto despacho a la DIPART para exigir la emisión del alta, luego de que el médico del organismo, identificado como Bartici, argumentaba que “si está trabajando, no hace falta” dar el alta, en una muestra de desprecio por la normativa laboral y por la salud del efectivo.
Ante la inacción del Estado provincial, la defensa gestiona el pase del caso a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para lograr la cobertura que hasta ahora se les niega.
Justicia que nunca llegó
El único imputado fue el entonces jefe de la Brigada, Martín Parvelotti, beneficiado con una probation (suspensión de juicio a prueba) y una “reparación” simbólica de 200.000 pesos. Ramírez no fue debidamente informado ni consultado, como exige la ley.
Mientras tanto, los principales responsables políticos y judiciales siguen impunes, el expediente duerme, y Parvelotti estaría próximo a ascender, en contraste con la situación de los policías lesionados, que permanecen sin atención y totalmente desprotegidos.
El costo humano que el Estado no quiere ver
Viudo y único sostén de su hijo, Ramírez debió reinventarse para sobrevivir: aprendió cerámica, electricidad y refrigeración para generar ingresos extra y costear tratamientos y cremas que la obra social considera “cosméticos”.
Más allá de las secuelas físicas, carga con un daño emocional profundo y con la certeza de que el Estado que le exigió arriesgar su vida lo abandonó a su suerte.
VIDEO COMPLETO DE LA ENTREVISTA:
NOTICIAS RELACIONADAS:
SUICIDIOS: «El uniforme no debe pesar más que la vida» (Portillo)
APROPOL Noticias