Desde APROPOL alertan sobre la falta de garantías, el carácter estigmatizante del operativo y la ausencia total de participación de los trabajadores.
Por Marcos Anglada (*)
RECREO / SANTA FE — Tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro sobre la implementación sorpresiva de narcotests a policías, penitenciarios y funcionarios políticos, desde el gremio APROPOL se encendieron las alarmas. El titular de la organización, Lic. Alberto Martínez, cuestionó en una entrevista radial la forma en que se está ejecutando la medida, calificándola como “un acto de disciplinamiento simbólico antes que una verdadera política de salud”.
La entrevista fue realizada por el periodista Gustavo Vega en el programa «Todos para Uno» que se emite por Power Max 104.5 de Recreo. Allí, Martínez reconoció que el consumo de sustancias es un problema real en todos los sectores, pero advirtió que el enfoque adoptado por el gobierno «coloca nuevamente al trabajador de uniforme como sospechoso permanente».
“El problema no es el test en sí, sino cómo, quién y para qué lo aplican. No hay ley, no hay protocolo, no hay garantías. Y mucho menos, participación de los trabajadores”, señaló.
También mencionó que no existe norma legal ni respaldo legislativo específico para este operativo, y que la medida parece más un ensayo de control social que una acción sanitaria sería. Además, recordó que el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, previsto en la Ley 12.913, no fue convocado, ni se diseñó ningún abordaje preventivo integral.
Respecto a los riesgos concretos, Martínez advirtió sobre la posibilidad de falsos positivos en los test, como puede ocurrir con el consumo de ibuprofeno o incluso por el uso ancestral de hoja de coca en zonas de altura:
“El testeo mal hecho puede arruinarle la carrera a alguien inocente. El que consume es un enfermo; el que vende, un delincuente. Pero acá se aplica una lógica que invierte la presunción de inocencia.”
También apuntó a la falta de información oficial y protocolos claros, denunciando que los agentes no saben si están obligados o no a someterse a los análisis, ni qué consecuencias pueden enfrentar en caso de negarse.
“El trabajador se entera por los medios. No hay directiva interna. La única nota fue una del ministro Cococcioni en mayo, muy general. Nada más”, explicó.
Finalmente, el dirigente sindical criticó la utilización de fundaciones privadas para la aplicación de los tests sin control independiente, y volvió a poner sobre la mesa el deterioro de las condiciones laborales, la obra social y la salud mental de los policías:
“Queremos policías lúcidos, sí. Pero también humanos, con derechos, con salud, con acompañamiento. No con marketing ni castigo encubierto.”
(*) Periodista
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