Por Mercedes «Mecha» Iñiguez (*)
En estos días se anuncia, con bombos y platillos, el lanzamiento de un programa de prevención en salud mental para las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, lo que no se dice es que ese programa ya existía. Solo había que continuarlo. Ya estaba bien armado, con encuestas realizadas, con datos concretos brindados por los propios trabajadores. Pero eligieron desmantelarlo. Les llevó dos años cambiar un equipo de trabajo que ya estaba funcionando. Mientras tanto, los problemas no esperaron.
El convenio entre ATE y IAPOS, también heredado de la gestión anterior, continúa a duras penas y según el grado de cercanía con ciertos jefes. No es para todos.
Hablar de salud mental no puede reducirse a «suicidio consumado» o «tentativa de suicidio», como suelen decir desde el Ministerio o desde la Dirección de Bienestar, en un uso técnico impreciso y carente de sensibilidad. Salud mental también es hablar de adicciones, consumo, apuestas compulsivas, estrés laboral crónico, condiciones precarias, desarraigo familiar por traslados injustificados y maltrato institucional.
No se puede hacer política de shock con trabajadores armados. No se puede cambiar horarios y destinos sin considerar los impactos personales, familiares, emocionales y sociales.
¿O acaso creen que los policías no somos parte de esta misma sociedad quebrada?
La diferencia es que nosotros estamos armados. Y que también somos quienes cuidan a los demás.
Hoy, la mayoría de los policías tiene dos o más trabajos para sobrevivir.
Se fueron muchos. Algunos pidieron la baja. Otros aprovecharon el retiro. Pero también nos quitaron la posibilidad de retirarnos a los 20 años con el mínimo. ¿Cuántos compañeros, con esa posibilidad, podrían haberse ido a tiempo y evitado convertirse en una bomba de tiempo para sí mismos y para los demás?
Este último caso que hoy nos golpea —del cual no se puede hablar en detalle por obvias razones— era evitable. La persona estuvo diez años en disponibilidad. Se pudo aplicar el artículo correspondiente de la Ley de Retiro. Pero se eligió no hacerlo. Se eligió dejar pasar.
Hoy, a muchos se les coacciona para que sigan con portación de arma, no porque lo deseen, sino porque necesitan el plus y la tarjeta para comer durante el servicio.
A los compañeros en tareas diferentes —por salud o por otras razones— ni uniforme ni pago. Eso tampoco está bien. Es violencia administrativa.
Cuando hablamos de “territorio”, hablamos de trabajadores que conocen la calle, que no niegan la realidad. No queremos funcionarios que aparecen después de la tragedia para sacarse fotos o dar declaraciones bochornosas.
Y cuando dicen “era un buen empleado”, no están hablando de la persona: están hablando del tipo de protección institucional que tienen algunos.
Tampoco se trata de juzgar, pero la historia reciente está llena de antecedentes de trabajadores con buena foja que luego fueron violentos. Algunos incluso femicidas.
La salud mental no se simula.
No se improvisa.
No se maquilla con carteles y anuncios.
La salud mental se garantiza con trabajo sostenido, respeto, condiciones dignas y sobre todo: con decisiones que pongan al trabajador en el centro, no al poder de turno.
(*) «Mecha» es personal policial de Santa Fe en actividad
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