Del “cárcel o bala” al procesamiento: cuando otros ponen el cuerpo

Hoy Espert está procesado en una causa por lavado de dinero vinculada con USD 200.000 recibidos de una estructura relacionada con Federico “Fred” Machado. La Justicia deberá determinar qué responsabilidad le corresponde y, como corresponde en un Estado de Derecho, debe preservarse su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Precisamente por eso el caso merece una reflexión que va mucho más allá de su situación personal.

Porque cuando la Justicia toca la puerta de quien durante años pidió dureza para los demás, aparecen inmediatamente todas esas garantías que nunca deberían desaparecer: el derecho de defensa, la valoración de la prueba, la presunción de inocencia, la revisión judicial y la obligación de demostrar una responsabilidad antes de condenar.

Y está bien que así sea.

El problema comienza cuando esas mismas garantías parecen molestar cuando el investigado es otro.

La consigna la pronuncia el político, pero el cuerpo lo pone el policía

Siempre me llamó la atención la facilidad con la que algunos dirigentes hablan de disparar.

Desde un estudio de televisión, una conferencia o una campaña electoral es sencillo pronunciar la palabra “bala”. Mucho más difícil es estar en una calle oscura, frente a una persona armada, con pocos segundos para decidir qué hacer y sabiendo que cualquier decisión puede cambiar para siempre la vida del policía, de la persona con la que interviene y de sus respectivas familias.

El dirigente termina la entrevista y se marcha.

El policía queda.

Queda con el arma que utilizó, con el procedimiento que firmó, con las imágenes de una cámara, con los testigos, con la investigación administrativa, con el fiscal y eventualmente con el juez que deberá revisar en detalle una decisión adoptada en segundos.

Por eso siempre sostuve que existe una diferencia enorme entre diseñar una política de seguridad y poner el cuerpo para ejecutarla.

El problema no consiste en reclamar firmeza frente al delito, algo absolutamente compatible con una política democrática de seguridad, sino en transformar esa firmeza en una consigna irresponsable que empuja hacia abajo una presión que otros terminan soportando.

La política exige resultados y el policía carga con las consecuencias

He visto este mecanismo demasiadas veces.

El gobierno diseña una política, la conducción establece prioridades, se reclaman procedimientos, detenciones, estadísticas y presencia territorial, pero cuando alguna intervención termina mal toda aquella construcción política desaparece rápidamente del escenario.

Entonces queda un nombre.

El del policía.

El efectivo que hasta el día anterior era parte de una fuerza elogiada por sus resultados puede convertirse repentinamente en el único responsable visible de una decisión que estuvo condicionada por órdenes, políticas institucionales, presiones operativas y discursos públicos construidos mucho más arriba.

A eso lo he definido muchas veces como el fusible policial.

El sistema necesita resultados, pero también necesita a alguien a quien desconectar cuando esos resultados producen costos políticos o judiciales.

Ese alguien suele ser el último eslabón de la cadena.

“Cárcel o bala” nunca fue una política de seguridad

La frase puede servir para un titular, pero no sirve para gobernar una institución policial.

Un policía no puede elegir libremente entre mandar a alguien preso o dispararle.

La detención depende de presupuestos legales, la prisión la dispone un juez y la utilización del arma de fuego se encuentra sometida a principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.

Todo lo demás es propaganda.

Cuando desde la política se instala una consigna semejante, el riesgo es trasladar hacia las fuerzas de seguridad una expectativa social incompatible con las normas que después regulan concretamente su actuación.

Se le pide al policía que sea implacable y, simultáneamente, se le exige que cada una de sus decisiones pueda superar correctamente todos los controles administrativos y judiciales.

Yo no veo una contradicción en exigir ambas cosas si por “firmeza” entendemos profesionalismo y cumplimiento de la ley. La contradicción aparece cuando algunos dirigentes confunden firmeza con ausencia de límites y después dejan al trabajador policial pagando las consecuencias.

Ahora la Justicia investiga a quien reclamaba máxima dureza

El procesamiento de José Luis Espert tiene, por eso, una dimensión simbólica inevitable.

Uno de los dirigentes que más insistió en simplificar el problema del delito mediante una fórmula extrema debe ahora ejercer todas las garantías que el Estado de Derecho reconoce a cualquier persona sometida a investigación penal.

Reitero que eso es correcto.

No quiero para Espert ninguna justicia distinta de la que quiero para cualquier ciudadano.

No quiero condenas anticipadas, ni linchamientos mediáticos, ni decisiones tomadas por presión política.

Quiero prueba, defensa, jueces independientes y una sentencia fundada.

Pero exactamente lo mismo reclamo cuando el imputado es un policía.

Y allí comienza una discusión que algunos prefieren evitar.

Las garantías no pueden depender de quién está sentado en el banquillo

Resulta sencillo defender la presunción de inocencia cuando uno mismo la necesita.

Lo verdaderamente democrático es defenderla cuando el acusado es alguien al que no conocemos, alguien que nos desagrada o alguien sobre quien pesa una enorme condena social.

Durante años se instaló una cultura política en la cual pedir garantías para un acusado podía ser presentado como una forma de debilidad frente al delito. Ese razonamiento produjo un enorme daño porque convirtió principios constitucionales en una especie de privilegio reservado para quienes podían pagarse buenos abogados.

Las garantías no son un beneficio para delincuentes.

Son límites al poder del Estado.

Y precisamente por eso quienes trabajamos alrededor de las fuerzas de seguridad deberíamos ser los primeros interesados en defenderlas.

El policía sabe, quizá mejor que nadie, que cualquier persona puede terminar frente a un fiscal o un juez después de una decisión adoptada bajo presión.

Los policías no necesitan vendedores de coraje ajeno

Hay dirigentes que construyen liderazgo ofreciendo el sacrificio de otros.

Prometen mano dura, tolerancia cero, más patrulleros, más detenciones y mayor despliegue de fuerza, pero rara vez explican qué ocurrirá con el policía cuando una intervención termine judicializada.

No hablan de asistencia jurídica.

No hablan del salario de la familia cuando el efectivo queda en disponibilidad.

No hablan de los años que puede durar una causa.

No hablan del impacto psicológico de haber utilizado un arma.

No hablan de la estigmatización.

Tampoco hablan demasiado de capacitación, condiciones de trabajo o responsabilidad política.

El coraje siempre parece pertenecer al policía.

La prudencia, curiosamente, aparece cuando el problema alcanza al dirigente.

Ese doble estándar es el que me interesa señalar.

El problema excede ampliamente a Espert

No quiero convertir esta reflexión en un ataque personal porque sería reducir un problema estructural a un nombre propio.

José Luis Espert representa una concepción de la seguridad que atraviesa distintos espacios políticos y que utiliza a la Policía como instrumento de demostración de autoridad.

Cambian los gobiernos, cambian los discursos y cambian las consignas, pero el mecanismo suele repetirse: se exige más coerción desde arriba y se individualizan las responsabilidades abajo.

La política obtiene el beneficio de la imagen de autoridad mientras el efectivo asume los riesgos físicos, administrativos, judiciales y familiares.

Ese esquema debe ser discutido.

Porque una política de seguridad seria también debería establecer responsabilidades ascendentes.

Si el Estado exige al policía obediencia, disponibilidad, disciplina, riesgo y decisiones extraordinarias, también debe asumir obligaciones extraordinarias hacia ese trabajador.

No puede apropiarse de sus resultados y abandonar sus consecuencias.

No pido indulgencia para nadie

Quiero ser muy claro en esto.

No estoy planteando que un policía deba quedar impune si comete un delito o utiliza ilegítimamente la fuerza, del mismo modo que tampoco sostengo que Espert sea culpable porque haya sido procesado.

Estoy diciendo exactamente lo contrario.

Quiero que la ley funcione.

Quiero investigación cuando corresponda, prueba suficiente, derecho de defensa y responsabilidad cuando esa responsabilidad sea demostrada.

Pero quiero ese mismo estándar para todos.

Lo que rechazo es la demagogia de quienes reclaman procedimientos extraordinarios para los demás mientras naturalmente invocan todas las garantías constitucionales cuando la Justicia los investiga a ellos.

Antes de pedir “bala”, hay que hacerse cargo de lo que significa

Las palabras pronunciadas desde el poder tienen consecuencias.

Cuando un dirigente pide “bala”, alguien puede interpretar que esa es la orientación política esperada.

Y ese alguien probablemente lleve uniforme.

Después puede ocurrir que ese policía termine sentado frente a un tribunal explicando una decisión que tomó convencido de que estaba cumpliendo con aquello que el poder político le reclamaba.

Entonces los discursos desaparecen.

Quedan el expediente y el imputado.

Por eso creo que la discusión sobre seguridad necesita abandonar definitivamente esta clase de simplificaciones.

La Argentina necesita policías profesionales, bien remunerados, capacitados, equipados, respaldados jurídicamente y sometidos a controles democráticos serios. No necesita trabajadores uniformados convertidos en ejecutores de bravatas electorales.

Porque pedir coraje con el cuerpo ajeno siempre fue fácil.

Lo difícil es asumir responsabilidad cuando llegan las consecuencias.

Y mientras observo cómo uno de los principales promotores del “cárcel o bala” reclama, correctamente, las garantías que le corresponden frente a una investigación penal, vuelvo inevitablemente sobre una pregunta que atraviesa buena parte de mis trabajos: ¿Quién protege al que protege cuando quienes le exigieron poner el cuerpo ya no están a su lado?