La decisión de Weretilneck en Río Negro de enviar a un policía detenido a una cárcel común sin privilegios encuentra un correlato aún más grave en Santa Fe, donde se alojan agentes —incluso mujeres— junto a delincuentes comunes. Una violación sistemática a los derechos humanos más elementales. En Misiones hay 8 policías que son presos políticos.
Por Alberto Martínez (*)
Río Negro: un mensaje de firmeza que esconde castigo anticipado
El 10 de abril, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ordenó que el agente Enzo García, acusado de integrar una banda delictiva, sea alojado en una cárcel común. “No hay doble vara. Si un ciudadano común va preso por delinquir, un policía también”, sentenció.
El mensaje es claro: tolerancia cero con el delito dentro de las fuerzas. Y si bien nadie puede defender a quien traiciona el uniforme, la justicia no puede construirse sobre castigos ejemplificadores que anticipan condenas antes del juicio.
El policía no ha sido juzgado. Sigue siendo inocente ante la ley.
Santa Fe: de la ejemplaridad al abandono institucional
Lo que en Río Negro se muestra como firmeza institucional, en Santa Fe ya es directamente una forma de violencia estatal contra los propios trabajadores policiales.
Aquí, el Servicio Penitenciario Provincial ha alojado a policías detenidos junto a delincuentes comunes, algunos incluso vestidos con uniforme, aduciendo superpoblación carcelaria.
Pero lo más grave: se han registrado casos de mujeres policías detenidas alojadas junto a varones detenidos por delitos comunes.
¿Dónde está el respeto al debido proceso? ¿Dónde están los derechos de resguardo, integridad física y protección de género?
Estas medidas violan abiertamente el artículo 18 de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención contra la Tortura. El Estado no puede someter a ningún imputado a situaciones que impliquen riesgo de vida o agresión física o sexual. Y mucho menos a trabajadores que arriesgaron su vida en cumplimiento del deber.
Misiones con policías «presos políticos»
En la provincia de Misiones, la situación alcanza niveles alarmantes: efectivos policiales fueron encerrados en penales comunes junto a delincuentes de alta peligrosidad, bajo la sola orden del Poder Ejecutivo, sin intervención judicial alguna ni justificación legal válida. Esta práctica, que viola flagrantemente el principio de inocencia y pone en riesgo la vida de los agentes, fue implementada como represalia directa tras manifestaciones salariales y reclamos laborales pacíficos. La FASIPP denunció que esta medida configura un acto de disciplinamiento ejemplificador, con un claro objetivo: acallar la protesta policial mediante el miedo y la humillación institucional.
Acusan a los gobiernos de Río Negro, Santa Fe y Misiones de violar derechos humanos fundamentales
La lógica del disciplinamiento: cuando el Estado se convierte en verdugo
Estas prácticas no responden a criterios técnicos, ni penitenciarios, ni jurídicos. Responden a una lógica de disciplinamiento hacia los trabajadores policiales.
Una lógica en la que el poder político necesita “hacer limpieza”, mostrar control sobre las fuerzas, y enviar mensajes a la tropa. Pero esos mensajes se hacen pisoteando derechos humanos y destruyendo garantías constitucionales.
¿Dónde está el gremio estatal que alce la voz por estas trabajadoras expuestas a abusos? ¿Dónde están los jueces que deberían intervenir ante semejante arbitrariedad?
No se combate el delito violando la ley
Ni en Río Negro ni en Santa Fe se puede justificar el abandono institucional de quienes aún no han sido condenados.
La lucha contra el delito no puede usar al policía como chivo expiatorio. Y mucho menos puede exponer a una mujer policía a una celda compartida con varones detenidos.
Se trata de una estrategia de control social que empieza por los trabajadores uniformados y mañana puede alcanzar a cualquier ciudadano.
Porque, como ya sabemos, cuando se naturaliza el castigo sin juicio, lo que muere no es la impunidad, sino el Estado de derecho.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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