Del malestar militar a la organización colectiva

Buenos Aires —  La denuncia formulada por el suboficial retirado Gerardo Adrián sobre la crisis sanitaria, previsional y representativa de las Fuerzas Armadas expone un fenómeno que comienza a superar los reclamos individuales: militares en actividad, retirados y familiares están construyendo una deliberación pública que podría anticipar nuevas formas de representación profesional y sindical.

El deterioro de las condiciones salariales, sanitarias y previsionales del personal militar argentino ya no permanece encerrado detrás de los muros de los cuarteles, porque las denuncias comenzaron a circular en canales digitales, asociaciones profesionales, reuniones de retirados y espacios informativos que permiten reconocer una experiencia común allí donde antes solamente aparecían reclamos individuales y silenciosos.

Una de esas intervenciones fue realizada por Gerardo Máximo Andrian, magíster en Ciencias Sociales, suboficial retirado del Ejército Argentino, docente jubilado e integrante de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos Asociación Civil (USCA), quien desde su canal de YouTube planteó que el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas no puede medirse únicamente por la antigüedad de los aviones, los barcos o los sistemas de armas, sino también por el abandono de quienes sostienen diariamente la estructura de la defensa nacional.

Su exposición concentra la atención en la crisis que atravesó el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), posteriormente alcanzado por el proceso de disolución dispuesto por el Decreto 88/2026, y en la situación financiera del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). También incorpora una cuestión que durante décadas permaneció subordinada a la lógica jerárquica: la escasa participación de los suboficiales en los organismos que administran recursos aportados mayoritariamente por el propio personal.

El abandono del capital humano

Andrian advierte que el debilitamiento militar no solamente reduce la capacidad operativa del país, sino que repercute directamente sobre la dignidad, la salud y la seguridad económica del personal en actividad, los retirados, los pensionados y sus familias. Su denuncia describe cortes de prestaciones médicas, dificultades para acceder a medicamentos e insumos, deterioro de servicios y una creciente incertidumbre acerca de instituciones que deberían proteger a quienes dedicaron su vida profesional a la defensa nacional.

El planteo obliga a revisar una concepción demasiado limitada del desmantelamiento. Una fuerza puede incorporar equipamiento y anunciar modernizaciones, pero seguirá debilitándose si sus integrantes deben endeudarse para sostener a sus familias, postergar tratamientos médicos o abandonar prematuramente la carrera porque los ingresos dejaron de guardar relación con las responsabilidades asumidas.

La capacidad defensiva tampoco depende exclusivamente del inventario material, porque detrás de cada aeronave, buque, vehículo o sistema tecnológico existen personas que deben formarse, permanecer en servicio y confiar en que el Estado responderá cuando ellas o sus familias necesiten atención. Cuando esa confianza desaparece, la pérdida institucional resulta más difícil de reparar que cualquier equipamiento obsoleto.

La mayoría que aporta, pero no decide

Uno de los puntos centrales de la exposición es la marginación histórica de los suboficiales de los espacios donde se adoptan decisiones sobre su bienestar. El problema no consiste solamente en determinar si un directorio cuenta con integrantes provenientes de las distintas fuerzas, sino en establecer quién los propone, ante quién responden y si representan verdaderamente a los afiliados o continúan formando parte de un sistema de designaciones controlado desde las jerarquías superiores.

Los suboficiales constituyen una porción fundamental de la estructura operativa y también representan un sector decisivo entre los aportantes del sistema, pero esa relevancia cuantitativa no se tradujo en mecanismos democráticos que les permitan elegir representantes, controlar las cuentas o participar directamente en la definición de las prestaciones.

Esta asimetría permite comprender por qué la crisis sanitaria se transforma en una crisis de representación. Quienes financian el sistema y padecen sus deficiencias descubren que carecen de instrumentos institucionales eficaces para controlar su administración, exigir explicaciones y participar en la búsqueda de soluciones.

Una asamblea que no necesita reunirse en un cuartel

La intervención de Andrian no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una conversación que se extiende entre militares retirados, personal en actividad, familiares, asociaciones y comunicadores distribuidos en diferentes lugares del país. Cada testimonio incorpora un problema particular, pero las coincidencias permiten advertir que salarios, salud, vivienda, retiros y representación pertenecen a una misma crisis.

Podría hablarse, en términos sociales y comunicacionales, de una asamblea deliberativa extendida, informal y territorialmente dispersa, cuya existencia no depende de una convocatoria orgánica ni de una reunión presencial. Sus integrantes deliberan cuando publican un video, presentan un petitorio, cuestionan una decisión administrativa, comparan experiencias o descubren que las dificultades sufridas en una unidad también se repiten en otras fuerzas y provincias.

No se trata de afirmar que las Fuerzas Armadas, consideradas como instituciones estatales, hayan ingresado en una deliberación política contraria a su misión constitucional, sino de reconocer que sus integrantes comenzaron a debatir públicamente las condiciones sociales y profesionales bajo las cuales prestan servicio. Confundir ese debate con indisciplina equivaldría a sostener que el estado militar cancela el derecho a pensar, reclamar y participar en los asuntos que afectan la vida familiar.

De la asociación profesional a una futura representación sindical

La existencia de entidades como la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos Asociación Civil, de la cual forma parte Andrian, demuestra que el malestar ya comenzó a producir formas concretas de organización y pertenencia colectiva. Estas asociaciones permiten reunir experiencias, formular reclamos, defender intereses profesionales y construir una voz común, aunque todavía carecen de las facultades, garantías y herramientas de negociación propias de una organización sindical reconocida.

La novedad, por lo tanto, no consiste en el nacimiento de la organización desde un vacío, sino en la posibilidad de que las asociaciones profesionales existentes comiencen a superar sus límites jurídicos y avancen hacia una representación más amplia del personal militar. El proceso todavía no constituye una sindicalización formal, pero tampoco puede reducirse a una suma de reclamos individuales, porque ya existen estructuras, referentes y espacios de comunicación desde los cuales se articula una agenda colectiva.

Una sindicalización con características propias

El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo deja en manos de las legislaciones nacionales la determinación del alcance de la libertad sindical para las Fuerzas Armadas y policiales, mientras que el marco argentino conserva importantes restricciones sobre la organización colectiva del personal uniformado. Esa situación no impide discutir un modelo futuro compatible con la defensa nacional, la disciplina y la continuidad del servicio.

Una representación militar moderna no necesita copiar mecánicamente al sindicalismo civil ni incorporar medidas que comprometan la seguridad o la capacidad operativa. Podría excluir expresamente la huelga, la interrupción de misiones, la utilización de armas en los reclamos y la actividad partidaria dentro de las unidades, pero reconocer representantes electos, negociación sobre salarios y condiciones profesionales, participación en los organismos de bienestar y protección frente a represalias.

La experiencia demuestra que prohibir toda organización no elimina los conflictos, sino que los vuelve clandestinos, fragmentados y más difíciles de resolver. Una fuerza disciplinada no debería confundirse con una comunidad obligada a guardar silencio frente al deterioro de su salud, sus ingresos o su futuro previsional.

Cuando el silencio deja de ser obediencia

El mensaje difundido por Gerardo Andrian posee valor porque expresa una ruptura cultural: un suboficial retirado utiliza su identidad militar, sus conocimientos y su experiencia para interpelar públicamente a las autoridades, mientras invita a otros integrantes de la comunidad a compartir el material y hacer escuchar su voz.

Los comentarios recibidos también muestran que esta deliberación no es uniforme ni está exenta de controversias. Mientras algunos respaldan la denuncia y cuestionan los privilegios de las autoridades, otros discuten el diagnóstico sobre el IAF y señalan que el organismo continúa otorgando préstamos. Esa diferencia no debilita la conversación, sino que confirma su carácter deliberativo, porque una organización colectiva genuina no se construye mediante obediencia automática, sino contrastando información y buscando una interpretación común de los problemas.

La futura sindicalización militar, si finalmente avanza, no aparecerá repentinamente como consecuencia de una ley o del reconocimiento administrativo de una organización. Antes deberá existir una conciencia compartida, una red de comunicación, una agenda común y la convicción de que los problemas individuales requieren respuestas colectivas.

Ese proceso parece haber comenzado. Todavía carece de un nombre definitivo, una conducción nacional y una estructura representativa reconocida, pero ya consiguió algo que durante mucho tiempo pareció imposible: que el malestar salga del cuartel, atraviese las diferencias jerárquicas y se convierta en una conversación pública sobre derechos, dignidad profesional y defensa nacional.

El Estado puede continuar interpretando esas voces como episodios aislados o comprender que se encuentra ante una transformación histórica. La disciplina seguirá siendo necesaria, porque ninguna fuerza armada puede funcionar sin ella; sin embargo, cuando se utiliza para impedir cualquier reclamo, deja de proteger la institución y comienza a encubrir el abandono.

Las Fuerzas Armadas no solamente necesitan recursos materiales para cumplir su misión, sino también hombres y mujeres que se sepan protegidos, escuchados y representados. Si las autoridades no construyen los canales adecuados, esos canales terminarán surgiendo desde abajo, porque el silencio impuesto puede postergar la organización colectiva, pero difícilmente pueda impedirla para siempre.

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