Durante décadas, los gobiernos argentinos eligieron negar un problema en lugar de resolverlo: las fuerzas policiales y penitenciarias tienen conflictos laborales, demandas salariales, enfermedades profesionales, problemas de representación y necesidades colectivas, aunque el Estado se resista a reconocerlas como trabajadores organizados.
La negativa a admitir esa realidad no eliminó el conflicto. Solo impidió que se expresara mediante instituciones estables, interlocutores legítimos y mecanismos previsibles de negociación.
El resultado comienza a hacerse visible en todo el país. Los reclamos ya no aparecen únicamente como peticiones salariales formuladas dentro de cada provincia. Empiezan a converger en un malestar nacional, atravesado por la precarización, la fatiga, la indignación, la pérdida de confianza en las autoridades y una creciente radicalización del lenguaje.
No estamos frente a una anomalía repentina. Estamos ante la consecuencia acumulada de décadas sin reconocimiento.
El conflicto que el Estado quiso negar
Toda organización humana produce intereses, tensiones y demandas. Las instituciones policiales no son una excepción.
Sus integrantes aportan su fuerza de trabajo al Estado, reciben una remuneración, cumplen jornadas, están sometidos a condiciones laborales determinadas y afrontan riesgos profesionales. Al mismo tiempo, poseen una función pública especial, portan armas, ejercen autoridad y están sujetos a un régimen disciplinario más severo que el de otros trabajadores.
Esa doble condición —trabajadores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley— exige un sistema de representación particular. No justifica la inexistencia de representación.
Sin embargo, durante años se utilizó la especificidad policial como argumento para negar derechos elementales: asociación, negociación, participación en la discusión salarial, defensa colectiva de las condiciones laborales y construcción de interlocutores reconocidos.
La doctrina oficial fue sencilla: el policía obedece, no delibera; cumple, no reclama; soporta, no discute.
Ese modelo pudo sostener el silencio, pero no produjo estabilidad. La disciplina sin representación no elimina el malestar. Lo acumula.
Del reclamo administrado a la protesta imprevisible
Una organización sindical madura cumple una función que muchas veces los gobiernos prefieren ignorar: no solo expresa el conflicto, también lo administra.
Un sindicato con autoridades legítimas, estatuto, elecciones, responsabilidad jurídica y canales de negociación puede ordenar demandas, establecer prioridades, evitar provocaciones, delimitar métodos de acción y firmar compromisos.
Cuando ese instrumento no existe, el conflicto busca otros caminos.
Aparecen entonces:
- voceros espontáneos;
- liderazgos surgidos de las redes sociales;
- agrupaciones informales;
- asambleas sin reglas comunes;
- reclamos acumulativos;
- denuncias generales;
- convocatorias sin conducción;
- acciones directas difíciles de prever.
El Estado que se negó a dialogar con organizaciones sindicales termina enfrentándose con actores que no siempre puede identificar, representar ni contener.
Esta es la paradoja central: en nombre de la disciplina se bloqueó la organización; al bloquear la organización, se favoreció una protesta mucho menos disciplinada.
Una radicalización esperable
La radicalización no surge porque los policías posean una naturaleza autoritaria, corporativa o antidemocrática. Surge cuando una demanda sostenida no encuentra respuesta, reconocimiento ni procedimiento institucional.
En una primera etapa, el reclamo suele ser concreto:
- recomposición salarial;
- actualización de adicionales;
- descanso;
- uniformes;
- obra social;
- equipamiento;
- atención psicológica;
- protección jurídica.
Cuando esas demandas se repiten durante años sin resultados, el conflicto cambia de naturaleza.
Ya no se reclama solamente por un sueldo. Se reclama por dignidad.
Ya no se cuestiona una medida puntual. Se cuestiona al sistema completo.
Ya no se identifica una decisión equivocada. Se interpreta que todas las instituciones participan de un mismo abandono.
Así comienza la radicalización: la experiencia concreta se transforma en explicación general del mundo.
La herida del reconocimiento
Jessé Souza ayuda a comprender este proceso cuando analiza la relación entre precarización, humillación social y búsqueda de reconocimiento.
Los sectores subordinados no padecen solamente la falta de ingresos. También sufren la sensación de no ser valorados, de no contar, de ser utilizados y posteriormente despreciados.
En el ámbito policial, esa herida tiene características particulares.
El Estado exige disponibilidad permanente, obediencia, riesgo físico, exposición judicial, restricciones personales y responsabilidad extraordinaria. Pero, al mismo tiempo, ofrece salarios insuficientes, equipamiento deficiente, atención sanitaria fragmentaria y escasos mecanismos de defensa.
El policía es presentado como imprescindible cuando debe intervenir, pero tratado como descartable cuando reclama.
Es autoridad frente al ciudadano, pero subordinado sin voz dentro de la institución.
Es funcionario cuando se le exige responsabilidad penal, pero empleado común cuando se discute su salario.
Esa contradicción produce una profunda crisis de reconocimiento.
La persona no reclama solamente dinero. Reclama que su sacrificio tenga sentido, que su función sea valorada y que el Estado responda con reciprocidad.
Cuando la indignación reemplaza al programa
Una protesta puede reunir rápidamente bronca, pero construir un proyecto requiere algo más.
La indignación identifica agravios. Una estrategia define objetivos.
La indignación señala culpables. Una estrategia establece prioridades.
La indignación convoca. Una organización conduce.
Cuando no existe una cultura sindical consolidada, el reclamo corre el riesgo de convertirse en una suma de dolores, acusaciones y demandas sin jerarquía.
En un mismo discurso pueden mezclarse:
- salarios;
- suicidios;
- corrupción;
- equipamiento;
- injusticias judiciales;
- nombramientos políticos;
- narcotráfico;
- obras sociales;
- libertad de expresión;
- cuestionamientos generales al sistema democrático.
Cada uno de esos temas puede ser legítimo. El problema aparece cuando todos son presentados simultáneamente, sin prueba, sin orden y sin una plataforma común.
La denuncia total genera impacto, pero dificulta la negociación.
Cuando todo es prioritario, nada puede organizarse.
Cuando todos son responsables, no existe un interlocutor posible.
Cuando toda la política es presentada como enemiga, se cierra el camino para transformar demandas en decisiones públicas.
El peligro de la antipolítica
La frustración prolongada suele producir una conclusión tentadora: si la política no respondió, entonces la política es el problema.
Ese razonamiento es comprensible, pero equivocado.
Los salarios, presupuestos, carreras, obras sociales, regímenes disciplinarios y condiciones laborales se definen mediante decisiones políticas. No existe una solución por fuera de la política.
Una organización puede y debe ser independiente de los partidos. Puede rechazar el clientelismo, el uso electoral y la subordinación a los gobiernos. Pero no puede proclamarse apolítica mientras pretende modificar relaciones de poder, legislación y distribución de recursos.
La antipolítica no libera al trabajador. Lo deja sin herramientas para intervenir en las decisiones que afectan su vida.
Además, cuando el malestar se organiza exclusivamente alrededor del rechazo, suele quedar disponible para dirigentes que ofrecen enemigos fáciles, soluciones inmediatas y discursos de fuerza.
Allí aparece la advertencia de Souza: la frustración social puede ser capturada por proyectos que ofrecen reconocimiento simbólico, pero no resuelven las causas materiales del sufrimiento.
El trabajador se siente escuchado, aunque sus condiciones concretas no mejoren.
Se le ofrece orgullo, pero no salario.
Se le ofrece enemigo, pero no organización.
Se le ofrece identidad, pero no derechos.
La protesta sin estrategia
La etapa actual presenta señales de una protesta que crece más rápido que su capacidad organizativa.
Existe malestar.
Existe voluntad de unidad.
Existen referentes.
Existe capacidad de comunicación.
Pero todavía no siempre aparece con claridad:
- quién representa a quién;
- cómo se eligen los delegados;
- cuáles son los reclamos prioritarios;
- qué medidas son aceptables;
- cuál es el interlocutor competente;
- cómo se financia la organización;
- cómo se controlan sus autoridades;
- qué límites democráticos deben respetarse.
Sin esas definiciones, la unidad puede convertirse en una consigna vacía.
Una organización nacional no se construye solo sumando nombres provinciales. Necesita representación verificable, mandato, estructura federal y mecanismos de responsabilidad.
De lo contrario, la protesta puede depender excesivamente de personalidades, redes sociales o coyunturas emocionales.
Eso facilita tanto la fragmentación interna como la manipulación externa.
El proyecto sindical viable
Una salida constructiva requiere abandonar dos posiciones igualmente equivocadas.
La primera es la negativa estatal a reconocer cualquier representación policial.
La segunda es la idea de que toda forma espontánea de protesta constituye por sí misma una organización legítima.
El sindicalismo policial viable debe construirse sobre bases claras.
Debe reconocer la conducción civil y democrática de la seguridad pública.
Debe excluir toda forma de insubordinación armada, abandono del servicio esencial o utilización corporativa del poder policial.
Debe garantizar elecciones internas, pluralidad, transparencia económica y renovación de autoridades.
Debe distinguir entre reclamo laboral y decisión operativa.
Debe negociar salarios, jornadas, salud, carrera, equipamiento y protección profesional sin pretender reemplazar al gobierno en la conducción de la fuerza.
Debe integrar a activos, retirados y pensionados, pero preservando las responsabilidades específicas de cada sector.
Debe ser autónomo de los partidos, aunque plenamente consciente de que su acción pertenece al campo político y social.
Y debe construir una agenda concreta, gradual y verificable.
La representación como garantía democrática
Reconocer organizaciones sindicales policiales no significa entregarles el control de la seguridad.
Significa crear reglas para que el conflicto laboral no se transforme en crisis institucional.
La democracia no se debilita cuando reconoce derechos. Se debilita cuando obliga a sectores enteros del Estado a buscar caminos informales para hacerse escuchar.
Un sistema de representación regulado puede establecer límites precisos:
- prohibición de portar armas en manifestaciones;
- guardias mínimas;
- continuidad de servicios esenciales;
- incompatibilidad entre función sindical y determinadas responsabilidades operativas;
- procedimientos de conciliación;
- mediación obligatoria;
- protección contra represalias;
- sanciones frente a abusos.
Eso es mucho más seguro que fingir que el conflicto no existe.
La reciprocidad institucional
El problema puede resumirse mediante un principio elemental:
Si el Estado exige más, debe proteger más.
Al policía se le exige una disponibilidad que no se exige a otros trabajadores.
Se le impone una disciplina más severa.
Se le confía el uso legítimo de la fuerza.
Se le asignan riesgos físicos, jurídicos y psicológicos extraordinarios.
Por eso el Estado tiene una obligación reforzada de protección.
Esa protección incluye:
- salario digno;
- descanso real;
- equipamiento seguro;
- cobertura sanitaria;
- asistencia psicológica;
- defensa jurídica;
- carrera transparente;
- vivienda;
- formación;
- representación.
Cuando el Estado exige sacrificios excepcionales pero ofrece derechos mínimos, rompe el principio de reciprocidad institucional.
Entonces la autoridad comienza a perder legitimidad desde adentro.
La responsabilidad de los gobiernos
Los gobiernos suelen responder al malestar policial con tres recursos: silencio, sanción y espera.
Silencio para no otorgar visibilidad.
Sanción para disciplinar a quienes reclaman.
Espera para confiar en que el conflicto se desgaste.
Esa estrategia puede funcionar temporalmente, pero agrava el problema.
Cada reclamo ignorado confirma la percepción de abandono.
Cada sanción injustificada fortalece la solidaridad interna.
Cada mesa de diálogo simulada desacredita la negociación futura.
Cada organización desconocida abre espacio para otra más radical.
Los gobiernos no pueden sorprenderse ahora por el endurecimiento del discurso. Ese discurso es, en parte, producto de su propia negativa a construir interlocutores.
Una crisis nacional en formación
La simultaneidad de reclamos en distintas provincias indica que ya no estamos frente a situaciones aisladas.
Las diferencias salariales y normativas permanecen, pero los problemas se repiten:
- básicos reducidos;
- suplementos discrecionales;
- sobrecarga horaria;
- escasez de personal;
- deterioro de obras sociales;
- falta de equipamiento;
- endeudamiento;
- trabajos adicionales;
- enfermedades profesionales;
- suicidios;
- ausencia de representación.
La coincidencia de estas condiciones crea una identidad común.
El trabajador comienza a comprender que su problema no depende solamente de un jefe o de un gobernador. Percibe una estructura nacional de desprotección.
Ese reconocimiento puede convertirse en el fundamento de una organización madura.
También puede desembocar en una protesta desordenada, emocional y sin estrategia.
La diferencia dependerá de la capacidad de construir conducción.
Entre la organización y el estallido
El sindicalismo no es el problema. Puede ser parte de la solución.
El verdadero riesgo es una masa de trabajadores armados, agotados, endeudados y frustrados, sin organizaciones legítimas capaces de encauzar sus demandas.
Negar la representación no preserva la disciplina. Debilita la autoridad institucional y entrega el conflicto a la improvisación.
La discusión ya no consiste en determinar si policías y penitenciarios deben tener voz. Esa voz ya existe y comienza a extenderse por todo el país.
La cuestión es otra: si esa voz será organizada mediante un proyecto democrático, viable y constructivo, o si seguirá acumulando frustración hasta convertirse en una protesta sin conducción, sin interlocutores y sin límites previsibles.
Durante años, el Estado creyó que podía evitar el conflicto negando a sus trabajadores el derecho a organizarlo.
Ahora comienza a descubrir que el conflicto que no se institucionaliza no desaparece.
Se radicaliza.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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