El Gobierno de Santa Fe acaba de licitar la demolición del edificio donde funcionó históricamente la Comisaría 8ª de Rosario, en Thedy y Carballo, para construir allí una nueva sede del 911 y de la Central de Información Criminal Operativa (CICO).
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Aunque la obra forma parte del llamado “Plan Integral de Seguridad”, el costo no se mide sólo en millones: se mide en memoria, identidad y patrimonio.
Conferencia de prensa de autoridades (Pereira, Santantino y Leone)
El Gobierno de Santa Fe abrió licitación para demolir la ex Comisaría 8ª de Rosario —que funcionó también como cárcel de mujeres— y construir en su lugar una Central de Emergencias 911 y una Central de Información Criminal Operativa. La obra proyectada en Thedy y Carballo, sobre un terreno de 875 m², tiene un presupuesto oficial de $48.912.220, con ofertas entre $43 y $89 millones.
La obra incluye retiro de estructuras, mamposterías, pisos y contrapisos, en una primera fase de aproximadamente 60 días.
Buscan optimizar las condiciones de trabajo, coordinación operativa y tiempos de respuesta, como parte del Plan Integral de Seguridad provincial.
Se prevén estudios de suelo y agrimensura preliminares para asegurar rapidez y eficiencia en la construcción
Un edificio con historia institucional y social
La estructura que se pretende derribar albergó por décadas una comisaría con fuerte arraigo barrial, pero también fue cárcel de mujeres, lo que le otorga una significación histórica singular. En 2018, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza para reutilizar el edificio como espacio para políticas de género, incluyendo refugios y talleres, y estableció una protección urbanística parcial: se debía conservar su fachada y elementos internos relevantes.
¿Demolición legal o atropello administrativo?
Pese a esta norma vigente, el Ministerio de Seguridad avanzó con una licitación pública para demoler completamente el inmueble. Dos empresas presentaron ofertas y la adjudicación está en proceso. Sin embargo, no se conoce ningún estudio patrimonial reciente que respalde la destrucción de lo que la ciudad ya había declarado simbólicamente como un bien social recuperable.
La demolición también contradice la tendencia global a revalorizar edificios históricos policiales, transformándolos en espacios cívicos con memoria institucional. Rosario, una ciudad con profundas heridas de violencia y desarraigo, no puede permitirse borrar más huellas.
¿Modernizar es arrasar?
La transformación del 911 y la centralización de inteligencia criminal son objetivos discutibles, pero aun si se aceptaran, ¿por qué deben hacerse a costa de la historia edilicia y del valor institucional de lo que fue?
Este caso expresa la lógica tecnocrática de la doctrina de la sospecha permanente: para “mejorar” la seguridad, se destruye lo anterior, se borra la comunidad, se militariza el espacio. No hay diálogo con el pasado, sólo sustitución. ¿Es ese el modelo que queremos replicar?
Lo que corresponde hacer
Desde APROPOL exigimos:
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Que se haga público el informe patrimonial (si es que existe).
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Que se respete la ordenanza de 2018 que preserva partes del edificio.
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Que se explore una integración arquitectónica que permita construir lo nuevo sin demoler la historia.
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Que se convoque a las organizaciones sociales y policiales para pensar una transformación institucional con memoria, no desde el olvido.
Vale decirlo con claridad: nadie con buena voluntad puede oponerse a que las trabajadoras y trabajadores del 911 y del análisis criminal cuenten con mejores condiciones laborales, edilicias y operativas. La construcción de un espacio moderno, seguro y funcional es una deuda pendiente del Estado con quienes sostienen el sistema de emergencias. Pero precisamente por eso, la modernización no debe hacerse a costa de la memoria ni del valor institucional acumulado. Es posible —y necesario— conjugar eficacia con historia, infraestructura con identidad, innovación con respeto.
La seguridad no se construye sobre ruinas simbólicas. Se construye con raíces, con comunidad y con respeto al pasado.
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¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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