Una grave denuncia sacude al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe y vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre la investigación penal y el poder político.
Por Rubén Pombo (*)
Los fiscales rosarinos José Luis Caterina y Matías Edery fueron acusados formalmente de haber ofrecido beneficios procesales irregulares a un imputado a cambio de que declare contra un senador provincial.
La presentación fue realizada ante la Auditoría General de Gestión del MPA por los abogados defensores de José Fernández Chemes, quienes calificaron los hechos como una posible “inconducta funcional grave” y un intento de coacción.
Oferta de beneficios y presunta presión judicial
Según la denuncia, el origen del conflicto se remonta a un correo electrónico enviado el 3 de febrero de 2026 por el fiscal Caterina, en el que ofrecía a Fernández Chemes acogerse a la figura del “arrepentido”, en el marco de una estrategia investigativa que también involucraría al fiscal Edery.
A cambio, el imputado debía aportar información que comprometiera al senador Armando Traferri. Sin embargo, la defensa sostiene que Chemes no está imputado en la causa vinculada al legislador, lo que haría improcedente cualquier acuerdo de colaboración en ese expediente.
Los abogados denunciantes interpretaron la propuesta como una maniobra irregular, ya que —según argumentaron— se insinuaba la posibilidad de futuras imputaciones si el acusado no aceptaba declarar, lo que podría configurar una presión indebida dentro del proceso penal.
Plazos perentorios y confidencialidad cuestionada
Otro de los puntos señalados en la presentación es el modo en que se habría formulado la oferta. El fiscal estableció un plazo de 72 horas para responder y exigió confidencialidad absoluta sobre el contenido de la propuesta.
Para la defensa, estas condiciones refuerzan la hipótesis de coerción: sostienen que se trató de una exigencia impropia que vulnera garantías básicas como el derecho al silencio y la presunción de inocencia.
Denuncia por desaparición de pruebas clave
El escrito también incluye una acusación adicional de gravedad: la desaparición de dos teléfonos celulares secuestrados en 2020 durante un procedimiento judicial.
De acuerdo con los denunciantes, los propios fiscales habrían confirmado que los dispositivos —considerados fundamentales para la defensa— fueron sustraídos del depósito del MPA, lo que abre interrogantes sobre la cadena de custodia y el resguardo de evidencia en causas sensibles.
Un patrón que no es nuevo
Más allá del impacto político que genera la mención a un senador provincial en funciones, este tipo de prácticas no resultan novedosas. Desde estas páginas, en reiteradas oportunidades, se ha advertido sobre mecanismos similares aplicados en causas contra efectivos policiales.
En esos casos, se ha denunciado la existencia de presiones para obtener declaraciones o acuerdos bajo condiciones desventajosas, muchas veces en un contexto de detenciones preventivas prolongadas. Incluso, se ha señalado la posible connivencia de algunos sectores judiciales que convalidan prisiones preventivas extendidas en el tiempo.
Preventivas prolongadas y acuerdos forzados
Según estas denuncias previas, numerosos policías han permanecido privados de su libertad durante largos períodos —hasta el máximo legal de dos años, con la posibilidad de extenderse seis meses más— sin condena firme, lo que en los hechos tensiona el principio de inocencia.
En ese escenario, se les ofrecerían juicios abreviados como única salida inmediata, aun cuando ello implique asumir la responsabilidad por delitos que, según sostienen, no cometieron. De lo contrario, enfrentarían la alternativa de continuar detenidos hasta la realización de un juicio que suele demorarse, con el desgaste personal, familiar y profesional que ello implica.
Impacto político y debate institucional
El caso adquiere especial relevancia por la figura del senador Traferri, ya involucrado en otras investigaciones, pero también porque amplifica un debate más profundo: los límites del accionar fiscal, el uso de herramientas como el “arrepentido” y la tensión entre eficacia investigativa y respeto por las garantías constitucionales.
La Auditoría del MPA deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal. En paralelo, el episodio reabre interrogantes de fondo sobre prácticas judiciales que, según distintas voces, no serían excepcionales sino parte de un funcionamiento que merece revisión.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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