De denunciante a investigado: un giro que enciende alarmas.
Por Marcos Anglada (*)
Un fuerte conflicto institucional sacude a Santa Fe: el policía y docente Luis Gorosito, quien denunció al senador radical Oscar Dolzani por presunto conflicto de intereses, terminó siendo sometido a un sumario administrativo dentro de la propia fuerza.
El caso generó una inmediata reacción política, con acusaciones directas de persecución laboral y política contra quien impulsó la denuncia.
La denuncia contra Dolzani
La presentación fue realizada junto al diputado Fabián Palo Oliver, y apunta a que la empresa del senador —Corralón Dolzani— habría sido beneficiada como proveedora en una obra pública en el departamento San Javier.
En ese marco, la denuncia incorpora documentación concreta sobre una operación comercial fechada el 27 de enero de 2026, mediante la cual el Corralón Dolzani habría facturado a la empresa Obring S.A. —integrante de la UTE adjudicataria de la obra— un total de $18.894.036,11 por provisión de hormigón, bombeo, fletes y servicios vinculados directamente al obrador de la obra “Defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas – zona este de San Javier”, un proyecto con un presupuesto superior a $23.800 millones y financiado con fondos provinciales e internacionales. La presentación sostiene que esta operación se dio mientras el propio senador participó en la aprobación del endeudamiento y el presupuesto que financia la obra, lo que agrava el posible conflicto de intereses.
El dato más sensible: el propio Dolzani habría participado, en su rol legislativo, de decisiones vinculadas al financiamiento de esa obra. Un posible caso de conflicto de intereses que ahora quedó en el centro de la escena.
Audios, redes y un giro inesperado
Tras la denuncia, el senador difundió en redes sociales una serie de audios en los que intenta mostrar a Gorosito como autor de una supuesta extorsión.
A partir de ese material, se activó un sumario interno contra el policía.
El giro es contundente: de denunciante… a investigado.
“Audios fraguados” y denuncia de persecución
La respuesta no tardó en llegar. En plena sesión legislativa, el diputado Palo Oliver fue categórico:
“Dolzani fraguó esa conversación, tergiversó los hechos”.
Desde ese espacio sostienen que los audios fueron editados y sacados de contexto, y que forman parte de una maniobra para desacreditar a quien puso en cuestión al senador.
La acusación es directa: persecución política y laboral.
Un dato institucional que agrava el caso
El conflicto suma un elemento más delicado: el abogado defensor del senador, Néstor Oroño, tiene vínculos con la comisión de Acuerdos de la Legislatura, el organismo que evalúa la conducta de jueces y fiscales.
Un cruce que, para los denunciantes, pone en duda la imparcialidad del sistema.
Cuando denunciar tiene consecuencias
El caso deja una señal preocupante:
quien denuncia a un actor del poder político puede terminar bajo investigación dentro de su propio ámbito laboral.
Una lógica que, de confirmarse, no solo afecta a una persona, sino al funcionamiento institucional en su conjunto.
La pregunta de fondo
El episodio deja planteado un interrogante incómodo: ¿se investiga con la misma intensidad a quien denuncia que a quien es denunciado?
Porque cuando el foco se corre del hecho denunciado hacia el denunciante, el mensaje es claro. Y ese mensaje impacta en todo el sistema.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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