Así lo afirmó sin rodeos el jefe de Policía del Chaco, Comisario General Fernando Romero. Y no hay mejor forma de sintetizar el disparate legislativo que se intenta imponer desde algunos sectores que, entre la improvisación y el desconocimiento, juegan con fuego en nombre de los derechos humanos.
Por Alberto Martínez (*)
El proyecto de Ley N.º 762/2025, impulsado por diputados del oficialismo chaqueño, propone restringir el uso del arma reglamentaria exclusivamente al horario de servicio del personal policial, obligando a los efectivos a dejarla guardada en cajas fuertes bajo custodia institucional al finalizar su jornada.
La iniciativa, que modifica el artículo 35 de la Ley 178-J, establece excepciones solo mediante resolución fundada del Jefe de Policía. Si bien los autores alegan que buscan prevenir hechos de violencia y suicidios, la medida ha sido percibida por gran parte del personal y la ciudadanía como una amenaza directa a la capacidad de defensa de quienes deben protegernos, incluso cuando están de franco.
Una ley que debilita al Estado
El proyecto que busca restringir el uso del arma reglamentaria fuera de servicio no solo es inviable operativamente, sino que constituye un peligro para los propios policías y para la comunidad a la que deben proteger. Lejos de promover una solución, esta iniciativa desarma al Estado en su primera línea de respuesta ante el delito.
Quienes sostienen esta reforma lo hacen, en general, desde el desconocimiento de la función policial real. La policía no es un servicio que se “apaga” al final del turno. Es una vocación, una disponibilidad permanente, y una presencia activa en el entramado social.
Una policía desarmada es una sociedad expuesta
El uniforme no hace invulnerable al trabajador policial. Por el contrario, lo convierte en blanco. En muchas zonas del país, el arma no es un símbolo de poder sino una herramienta vital de defensa personal y comunitaria. Y lo saben bien quienes han evitado tragedias estando “fuera de servicio” pero armados.
Desde el retorno democrático, la policía ha sido una de las instituciones más expuestas a reformas restrictivas, recortes operativos y culpabilizaciones genéricas. Sin embargo, se le exige que actúe con valentía y eficacia ante el crimen. ¿Cómo lograrlo si se le niegan las herramientas más básicas?
Una decisión ideológica, no técnica
La medida no es producto de un estudio técnico, ni de estadísticas que muestren una necesidad de cambio. Es, como tantas otras veces, una decisión puramente ideológica, pensada desde un despacho y no desde el barro de la calle. Quieren policías de cartón, obedientes, sin criterio ni medios. Pero la realidad exige exactamente lo contrario.
Las redes explotaron de apoyo a Romero:
Desde mensajes que hablan de “una locura total” hasta quienes exigen “más formación, no menos herramientas”, la ciudadanía expresó con claridad su hartazgo ante propuestas absurdas. “El policía es policía las 24 horas”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Desarmar a los que nos cuidan es entregar la calle a los chorros”. Y decenas señalaron el doble discurso de quienes piden quitar armas, pero caminan con custodia armada.
Respaldar a Romero es respaldar a todos
Comprometidos con la dignidad del trabajador policial, respaldamos la postura del Comisario General Fernando Romero, porque defiende lo más elemental: que la policía tenga con qué protegerse y protegernos.
Hoy más que nunca, necesitamos políticas públicas serias, sensatas y respaldadas por quienes conocen el terreno. No podemos permitir que el miedo a la corrección política paralice al Estado.
“Sin policía armada, no hay orden. Sin orden, no hay derechos.”
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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