Después de 25 años, Los Pumas pueden quedarse sin sede en San Justo

La situación que atraviesa la delegación de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” en San Justo vuelve a poner en evidencia un problema estructural que pocas veces aparece en el centro de la discusión pública sobre seguridad: la precariedad edilicia y patrimonial con la que funcionan numerosas dependencias policiales que, aun cumpliendo tareas permanentes y estratégicas, continúan asentadas durante años en inmuebles prestados, cedidos o pertenecientes a terceros, sin que el Estado consolide una infraestructura propia capaz de garantizar continuidad, previsibilidad y condiciones adecuadas de trabajo.

Un comodato que se prolongó durante un cuarto de siglo

La dependencia funciona desde 2001 en instalaciones pertenecientes al Club Tiro Federal de San Justo, a partir de un contrato de comodato celebrado con la Provincia. Aquel acuerdo tenía una vigencia determinada, pero una vez vencido la Guardia Rural continuó ocupando el lugar durante años, en un contexto en el que la institución propietaria atravesó períodos sin autoridades regularmente constituidas. La situación cambió cuando el club normalizó su funcionamiento institucional y su actual comisión directiva reclamó la restitución del inmueble, lo que obligó al Gobierno provincial a comenzar a organizar los pasos administrativos necesarios para una eventual devolución.

Hasta allí podría pensarse que se trata simplemente de una cuestión patrimonial entre la Provincia y una entidad privada, pero el dato verdaderamente preocupante aparece cuando las propias autoridades reconocen que, después de veinticinco años de funcionamiento ininterrumpido, todavía no existe una sede alternativa definida en San Justo para garantizar la continuidad de una dependencia considerada estratégica dentro del despliegue territorial de la Guardia de Seguridad Rural.

La pregunta que debería responder el Estado

Según explicó el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, el comodato original se inició en 2001 y tenía vigencia hasta 2011. Posteriormente, la dependencia permaneció en las instalaciones mientras el Tiro Federal atravesaba una etapa de irregularidad institucional, hasta que la conformación de una nueva comisión directiva permitió reactivar el reclamo por la devolución del edificio. Desde el punto de vista jurídico y patrimonial, el planteo del club resulta entendible, porque se trata de una propiedad privada que fue cedida temporalmente al Estado y cuyo propietario tiene derecho a requerir su restitución cuando desaparecen las condiciones que justificaron aquella cesión.

Sin embargo, desde el punto de vista de la administración pública, el episodio deja abierta una pregunta mucho más incómoda: cómo puede ocurrir que una dependencia policial permanezca durante un cuarto de siglo en un inmueble ajeno sin que durante todo ese tiempo el Estado haya generado una solución definitiva, ya sea mediante la compra de una propiedad, la construcción de una sede propia, la cesión de tierras fiscales o la celebración de algún otro mecanismo estable que garantizara la permanencia de la unidad en la ciudad.

Inversiones públicas sobre un inmueble ajeno

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque durante esos veinticinco años la Provincia realizó obras, refacciones y tareas de acondicionamiento para adaptar las instalaciones a las necesidades operativas de Los Pumas. Actualmente, incluso se estaría realizando un relevamiento destinado a determinar cuáles fueron las mejoras efectuadas, qué materiales fueron incorporados con fondos públicos y qué elementos podrían eventualmente retirarse o trasladarse, lo que demuestra que no se trató de una ocupación provisoria o meramente circunstancial, sino de una presencia institucional consolidada que demandó recursos, inversión y planificación operativa durante décadas.

El propio Pereira señaló que las instalaciones se encuentran entre las mejores con las que cuenta la fuerza fuera del cuartel de Santa Felicia, lo que vuelve todavía más difícil de comprender que, mientras se invirtieron recursos públicos para mejorar un inmueble ajeno, aparentemente no se avanzó en una solución patrimonial definitiva. Veinticinco años constituyen un plazo más que suficiente para que distintas gestiones provinciales hubieran evaluado alternativas destinadas a consolidar la presencia de la Guardia Rural en una zona que las propias autoridades califican como estratégica.

Una sede policial es mucho más que un edificio

El problema tampoco puede reducirse a la simple búsqueda de otro edificio porque una dependencia policial no es únicamente un espacio físico donde se alojan efectivos. En ella se concentran comunicaciones, documentación, logística, vehículos, armamento, equipamiento, depósitos, oficinas y una estructura administrativa y operativa que se construye durante años. A ello debe agregarse un elemento menos visible pero fundamental para cualquier fuerza de seguridad territorial: el conocimiento acumulado sobre la jurisdicción, los caminos rurales, los establecimientos productivos, los movimientos habituales, las zonas de riesgo y las relaciones construidas con vecinos, productores y entidades representativas de la región.

Ese vínculo territorial explica la preocupación expresada por las propias autoridades ante la posibilidad de abandonar San Justo. Durante años, la delegación consolidó una relación directa con la Sociedad Rural y con los productores agropecuarios de la zona, al mismo tiempo que permitió establecer un punto de referencia operativo dentro de una región extensa donde las distancias y los tiempos de respuesta adquieren especial importancia. Trasladar la dependencia a otra localidad no significaría solamente cambiar de edificio, sino modificar una estructura territorial que se fue construyendo durante décadas y que tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta policial.

Sin una sede alternativa definida

La mayor incertidumbre radica precisamente en que, según se informó, la Provincia todavía no dispone de otro inmueble dentro de San Justo donde instalar la sección. Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de trasladarla a localidades cercanas o incluso volver a centralizar determinadas funciones en Santa Felicia, lo que plantea interrogantes sobre los tiempos de desplazamiento, el costo operativo, la cobertura territorial y el vínculo cotidiano con los productores de la zona.

En ese punto aparece con claridad una falencia de planificación que debería ser revisada. Si el reclamo del propietario era conocido desde hacía más de un año, y si además se sabía que el comodato original llevaba mucho tiempo vencido, la administración provincial debería haber trabajado con anticipación en una alternativa concreta antes de comenzar a organizar la devolución del inmueble. Una política pública seria no debería llegar al momento de una mudanza sin saber con precisión dónde funcionará después una dependencia estratégica.

Un problema que excede a San Justo

El caso de San Justo también permite abrir una discusión mucho más amplia sobre el estado general de la infraestructura policial en Santa Fe. Sería oportuno conocer cuántas dependencias funcionan actualmente en edificios alquilados, prestados, cedidos por municipios, comunas, asociaciones civiles u otras instituciones, cuántas requieren reparaciones estructurales, cuánto dinero se destina anualmente a alquileres y mantenimiento de inmuebles que no pertenecen al Estado y qué planificación existe para regularizar progresivamente esa situación.

La seguridad pública no depende únicamente de patrulleros, tecnología, cámaras, armamento o nuevas estrategias operativas. También requiere edificios adecuados, instalaciones seguras, comunicaciones confiables, infraestructura sanitaria, espacios administrativos y condiciones dignas para el personal que presta servicio. Cuando una dependencia consolidada durante veinticinco años puede perder su sede sin que exista una alternativa previamente garantizada, queda en evidencia que la infraestructura continúa ocupando un lugar secundario dentro de la planificación estatal.

El conflicto no debe cargarse sobre el Tiro Federal

El reclamo del Club Tiro Federal debe ser respetado dentro del marco jurídico correspondiente y no sería razonable pretender que una institución privada sostenga indefinidamente una responsabilidad que corresponde al Estado. El problema no debe transformarse en una confrontación entre la entidad propietaria y la Policía, porque la obligación de garantizar una sede adecuada para la Guardia Rural recae exclusivamente sobre la Provincia.

Después de veinticinco años de permanencia, inversiones, mejoras y consolidación territorial, la pregunta que debería responder el Gobierno provincial no es por qué el Tiro Federal reclama su inmueble, sino cómo fue posible llegar a este punto sin haber resuelto antes dónde funcionará una dependencia que todos consideran necesaria para San Justo y su zona de influencia. Allí está el verdadero problema institucional, porque cuando la previsión llega después de la urgencia, ya no estamos hablando solamente de una mudanza, sino de una falla concreta en la planificación de la seguridad pública.