Destituyeron a la fiscal Shirli Tomasso: denuncias de persecución y nuevas sombras sobre el Ministerio Público de la Acusación

Destituyeron a la fiscal Shirli Tomasso: denuncias de persecución y nuevas sombras sobre el Ministerio Público de la Acusación

La Asamblea Legislativa de Santa Fe removió de su cargo a la fiscal adjunta de Tostado y la inhabilitó durante diez años para ingresar al Ministerio Público de la Acusación.

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La decisión se produjo después de que la funcionaria denunciara a su superior jerárquico por presunta violencia laboral y hostigamiento. El caso se suma a una serie de controversias que atraviesan al organismo, incluidas las denuncias de causas judiciales presuntamente armadas por algunos fiscales contra integrantes de las fuerzas de seguridad.

La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió el jueves 19 de noviembre destituir a la fiscal adjunta Shirli Soledad Tomasso, quien se desempeñaba en la Unidad Fiscal de Tostado, perteneciente a la quinta circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La decisión incluyó una inhabilitación de diez años para acceder nuevamente a cargos dentro del organismo y fue adoptada durante una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas, presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

La remoción obtuvo 14 votos afirmativos en el Senado y 30 en la Cámara de Diputados. La información periodística sobre la votación en Diputados presenta una diferencia: mientras la comunicación inicial consignó siete votos negativos, las crónicas de El Litoral y La Capital registraron diez votos en contra y tres abstenciones.

El procedimiento disciplinario había sido impulsado a partir de actuaciones de la Auditoría General de Gestión del MPA, encabezada por Leandro Mai, y posteriormente tratado por la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.

La acusación se concentró en presuntas demoras y falta de diligencia en 37 investigaciones penales, de las cuales 35 estaban relacionadas con delitos contra la integridad sexual y dos con homicidios.

Durante el debate, el diputado Marcelo González expuso los argumentos favorables a la destitución y mencionó, entre otros casos, una demora de once meses para solicitar un allanamiento en una investigación por abuso sexual contra un menor.

Sin embargo, la decisión estuvo lejos de cerrar la controversia. La propia funcionaria había denunciado previamente a su superior jerárquico, el fiscal regional Carlos María Vottero, por presunta violencia laboral, hostigamiento, maltrato psicológico y discriminación por razones de género.

De ser propuesta para jueza a terminar destituida

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la evolución de las evaluaciones institucionales sobre el desempeño de Tomasso.

El 25 de septiembre de 2025, la Asamblea Legislativa había aprobado por unanimidad su pliego para desempeñarse como jueza penal en Rafaela, aunque su designación no llegó a concretarse mediante el correspondiente decreto.

La funcionaria también aseguró haber recibido anteriormente evaluaciones favorables dentro del MPA y sostuvo que el propio fiscal regional Vottero había destacado su trabajo y le había confiado investigaciones complejas.

Según su relato, la situación cambió después de presentar, el 2 de febrero de 2026, una denuncia contra su superior por presuntas situaciones de violencia laboral.

Tomasso afirmó que el 10 de marzo se promovió una denuncia por mal desempeño en su contra y vinculó ambos acontecimientos.

Su defensa cuestionó además la inclusión de expedientes que, según sostuvo, nunca habían estado efectivamente bajo su responsabilidad. Explicó que algunas investigaciones correspondían a los años 2014 y 2015, anteriores a su incorporación al MPA en octubre de 2019, y que figuraban asociadas a su nombre por mecanismos administrativos de reasignación.

Estos argumentos fueron expuestos públicamente durante el procedimiento, aunque no resultaron suficientes para impedir la destitución.

La pregunta que permanece abierta es cómo una funcionaria que había recibido respaldo institucional para acceder a la magistratura terminó, en un período relativamente breve, siendo considerada merecedora de la máxima sanción disciplinaria.

La sucesión de acontecimientos no demuestra por sí misma una persecución, pero exige examinar con rigor las fechas, evaluaciones, denuncias y fundamentos utilizados para adoptar decisiones tan diferentes sobre una misma funcionaria.

Una destitución que también dividió a la Legislatura

Durante la sesión conjunta, distintos legisladores cuestionaron la proporcionalidad de la sanción y el procedimiento utilizado.

El diputado Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, vinculó la remoción con la denuncia por violencia laboral presentada contra Vottero y advirtió sobre los problemas materiales y de personal que enfrentan las fiscalías del norte provincial.

 

 

Desde otros bloques también se expresaron reparos. El diputado Emiliano Peralta consideró que una suspensión de 180 días habría resultado suficiente.

El debate alcanzó incluso al mecanismo institucional de juzgamiento de fiscales y defensores, que continúa transitoriamente en manos de la Legislatura pese a las modificaciones introducidas por la reforma constitucional santafesina de 2025.

El socialista Joaquín Blanco reconoció la incomodidad que genera esta situación y reclamó avanzar en la legislación necesaria para implementar el nuevo sistema de control previsto constitucionalmente.

Un Ministerio Público de la Acusación bajo cuestionamientos

La destitución de Tomasso ocurre en un contexto de crecientes controversias sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación.

Durante los últimos meses se conocieron investigaciones y procedimientos disciplinarios relacionados con funcionarios judiciales, demoras en expedientes, irregularidades administrativas y presuntos delitos cometidos por integrantes del propio organismo.

A estos antecedentes se suman las denuncias de policías, familiares y organizaciones de derechos humanos que cuestionan determinadas prácticas de investigación penal y sostienen que algunos integrantes del MPA habrían intervenido en la construcción de causas judiciales presuntamente armadas, el uso abusivo de prisiones preventivas y la obtención de condenas mediante procedimientos que consideran cuestionables.

Estas denuncias no pueden extenderse indiscriminadamente a todos los fiscales ni considerarse probadas sin las correspondientes decisiones judiciales. Sin embargo, forman parte de un escenario de desconfianza institucional que exige mecanismos eficaces e independientes de investigación y control.

APROPOL ya había abordado estas cuestiones en septiembre, cuando organizaciones vinculadas con los derechos humanos y familiares de policías anunciaron una manifestación durante las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, realizadas en Rosario.

Aquella convocatoria puso sobre la mesa una discusión que excede los casos individuales: quién controla a los funcionarios que poseen la facultad de acusar penalmente y qué garantías tienen las personas cuando denuncian posibles abusos de ese poder.

¿Quién controla a quienes tienen el poder de acusar?

El caso Tomasso incorpora un elemento especialmente sensible a esa discusión.

Mientras algunos funcionarios del MPA enfrentan denuncias por presuntas irregularidades en sus investigaciones, una fiscal que denunció a su superior por violencia laboral terminó siendo removida mediante un procedimiento disciplinario cuya legitimidad y proporcionalidad fueron cuestionadas por parte de la oposición legislativa.

La acusación por demoras en investigaciones de abuso sexual y homicidio reviste una gravedad que no puede minimizarse. Las víctimas tienen derecho a recibir respuestas oportunas y a que las investigaciones se desarrollen con diligencia.

Pero ese derecho no elimina las garantías que deben proteger a los propios funcionarios sometidos a procedimientos disciplinarios, especialmente cuando existen denuncias previas contra quienes participaron en las actuaciones que condujeron a su remoción.

La destitución de Shirli Tomasso es una decisión formal de la Asamblea Legislativa. Lo que continúa bajo discusión es si el procedimiento permitió esclarecer satisfactoriamente todas las circunstancias denunciadas por la funcionaria y si la sanción aplicada resultó proporcional a las responsabilidades atribuidas.

En un organismo que concentra la dirección de la persecución penal, la confianza pública depende tanto de la eficacia de sus investigaciones como de la transparencia de sus mecanismos de control interno.

La Justicia no puede exigir transparencia, legalidad y responsabilidad a los ciudadanos y a los policías mientras sus propios procedimientos disciplinarios permanecen rodeados de cuestionamientos que merecen respuestas claras.

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