El reclamo de los trabajadores del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe no es nuevo, no es improvisado y no es caprichoso. Te mostramos referencias de cómo se trabaja en varias unidades penitenciarias.
Por Marcos Anglada
Lleva más de dos años tramitándose de manera formal, respetuosa y paciente dentro de los canales institucionales del propio Estado.
Expediente cajoneado
En abril de 2023, el personal penitenciario presentó un pedido concreto de recomposición salarial y mejoras laborales conforme a la jerarquía y la antigüedad, demostrando buena fe, voluntad de diálogo y compromiso con el servicio. Ese reclamo quedó registrado en el Expediente N.º 00205-0027547-6, que se encontraba en condiciones de avanzar.
Sin embargo, con el cambio de gobierno, la actual gestión provincial decidió frenar ese trámite. El expediente no fue rechazado, no fue observado, no fue devuelto: fue simplemente cajoneado. Desde entonces, no hubo respuestas, explicaciones ni convocatorias al diálogo.
Durante todo este tiempo, los trabajadores cumplieron con su tarea, sostuvieron el sistema penitenciario en condiciones cada vez más adversas, aceptaron recargos, horas extras impagas y postergaciones injustificadas, siempre con la expectativa de que el Estado cumpliría su parte. Esa expectativa fue defraudada.
El problema, entonces, no es la falta de voluntad del personal, sino la sordera deliberada de las autoridades. El reclamo existe, está documentado y lleva más de dos años sin resolución. Lo que falta no es información, sino decisión política.
Cajonear un expediente no es un acto neutro:
- es negar derechos,
- es desgastar a quienes esperan,
- es romper la confianza básica entre el Estado y sus trabajadores.
Las infames condiciones de trabajo
Las imágenes que acompañan este reclamo no son ilustrativas ni excepcionales: documentan condiciones laborales verdaderamente calamitosas en distintas unidades penitenciarias de la provincia. Instalaciones deterioradas, espacios insalubres, comida indigna, falta de elementos básicos y jornadas extendidas sin descanso ni pago configuran un escenario que vulnera la dignidad humana y expone a los trabajadores a un desgaste físico y psicológico permanente. No se trata de casos aislados, sino de una realidad estructural que el gobierno conoce y ha decidido ignorar.
¿En la «democracia de Pullaro los trabajadores no participan?
El Gobierno de la Provincia debe convocar de manera urgente a la participación organizada de los trabajadores policiales y penitenciarios, tal como lo establece la Ley 12.913, que reconoce instancias formales de diálogo y participación en materia de políticas de seguridad. Ignorar este mandato legal no solo profundiza el conflicto, sino que constituye una violación directa a la normativa vigente y consolida un modelo de conducción unilateral, cerrado y ajeno a quienes sostienen cotidianamente el sistema con su trabajo. Esta norma (que se usó en 2014) crea los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, órganos paritarios (con representantes de trabajadores y empleadores) destinados a velar por la protección de la vida, la salud y las condiciones de trabajo en empresas y dependencias públicas o privadas con 50 o más empleados, así como a promover la prevención de riesgos laborales y la mejora del ambiente de trabajo.
Celeridad con buena voluntad
Hoy, cuando el personal penitenciario se moviliza de manera pacífica, lo hace después de haber agotado todas las instancias institucionales, y frente a un gobierno que eligió no escuchar.
Mover el expediente 00205-0027547-6 no es una concesión: es una obligación política y moral.
Porque no se puede exigir compromiso a quienes llevan más de dos años esperando una respuesta.
Y porque un Estado que cajonea reclamos también cajonea dignidad.
AMPLIAREMOS
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