Dos integrantes de la Brigada Motorizada aceptaron penas de prisión efectiva por falsear procedimientos y favorecer a una vendedora de drogas de Parque Casas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa una práctica que APROPOL denuncia desde hace años: policías enviados por orden judicial a custodiar domicilios vinculados con el narcomenudeo, expuestos a contactos, favores y relaciones incompatibles con su función.
La condena impuesta a los oficiales Marcelo Borovachi y Ricardo Font, integrantes de la Brigada Motorizada de Rosario, no puede ser presentada como la simple caída de dos policías que actuaron aisladamente. El expediente describe una secuencia de procedimientos falsos, detenciones ilegítimas, amenazas, actas adulteradas, allanamientos irregulares y personas privadas de su libertad durante semanas por acusaciones fabricadas.
Ambos aceptaron penas de tres años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación mediante un procedimiento abreviado acordado con los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci y homologado por el juez Facundo Becerra. Borovachi reconoció su responsabilidad en seis hechos y Font en cinco.
Pero el dato más preocupante no está solamente en la cantidad de delitos admitidos. La investigación se originó después de hallarse comunicaciones entre integrantes de la Brigada Motorizada y una vendedora de drogas de Parque Casas cuya vivienda había recibido custodia policial tras una balacera.
Ese antecedente vuelve a confirmar algo que APROPOL viene denunciando desde hace años: colocar policías a custodiar puntos de venta, domicilios de personas vinculadas con el narcotráfico o escenarios atravesados por disputas criminales constituye una práctica de altísimo riesgo institucional.
Policías destinados a cuidar lugares vinculados con el narcomenudeo
Durante el gobierno de Omar Perotti, con Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad, este tipo de servicios llegó a alcanzar niveles que desde APROPOL calificamos en reiteradas oportunidades como un verdadero descontrol.
Por orden judicial o fiscal se destinaban móviles y personal a custodias fijas frente a viviendas señaladas por vecinos y por los propios policías como lugares vinculados con la venta de drogas. En algunos casos, los agentes permanecían durante horas o turnos completos frente a esos domicilios, con instrucciones expresas de proteger a sus ocupantes y sin facultades reales para intervenir sobre la actividad que se desarrollaba delante de ellos.
APROPOL documentó esas situaciones en Rosario y localidades vecinas. En junio de 2023 advertimos que existían decenas de patrulleros afectados a custodias de esta naturaleza, mientras los barrios quedaban sin móviles suficientes para tareas preventivas.
El resultado era una contradicción absurda: el vecino llamaba al 911 y no encontraba respuesta porque parte de los recursos policiales estaba inmovilizada frente a domicilios relacionados con el narcomenudeo.
No se trata solamente de una mala distribución de recursos. Es una práctica que coloca a los trabajadores policiales en contacto directo y prolongado con personas involucradas en mercados ilegales, les permite conocer movimientos, relaciones, horarios y conflictos internos, y genera condiciones propicias para el acercamiento, el favor y la corrupción.
Una custodia que comienza como una medida de protección puede terminar convertida en una relación estable entre policías y personas vinculadas con la venta de drogas.
El antecedente de Sorrento al 1200
Uno de los casos más evidentes fue denunciado por APROPOL desde enero de 2022 en una vivienda de Sorrento al 1200, jurisdicción de la comisaría 10.ª de la Unidad Regional II.
El personal debía permanecer apostado frente al domicilio para proteger a una persona que supuestamente corría riesgo de vida. Los vecinos, sin embargo, señalaban que en el lugar se realizaban movimientos compatibles con la venta de estupefacientes y que los policías tenían órdenes de no intervenir.
La situación era todavía más grave porque el móvil destinado a la custodia se encontraba fuera de servicio. Los agentes quedaban literalmente inmovilizados en una zona peligrosa, sin capacidad de desplazamiento y destinados a proteger a una persona cuestionada por los propios habitantes del barrio.
Durante aproximadamente un año APROPOL publicó denuncias sobre ese domicilio. Recién en marzo de 2023 la Agencia de Investigación Criminal realizó un allanamiento, detuvo a tres mujeres y secuestró cocaína preparada para su comercialización.
El lugar que durante meses había contado con presencia policial terminó siendo allanado como un punto habitual de venta de drogas.
La pregunta nunca obtuvo una respuesta satisfactoria: ¿Quién ordenó la custodia, con qué fundamentos fue mantenida y qué controles se realizaron mientras el comercio de estupefacientes presuntamente continuaba?
Pérez: el búnker seguía vendiendo bajo custodia
En junio de 2023 APROPOL volvió a plantear el mismo problema tras una balacera ocurrida en Malvinas Argentinas al 200, en la localidad de Pérez, donde resultaron heridos una niña de 10 años y un joven de 26.
Los vecinos denunciaron que el ataque había tenido como objetivo un búnker ubicado junto a la vivienda alcanzada por los disparos. A pesar de la balacera y de la presencia policial, aseguraron que el punto de venta siguió funcionando durante el fin de semana.
La situación resultaba incompatible con la función policial. Un móvil permanecía destinado a custodiar el lugar, pero no existía una orden para cerrar el búnker ni para impedir que continuara la venta.
APROPOL reclamó entonces que los fiscales eligieran entre dos caminos elementales: clausurar el punto de venta o levantar la custodia. Lo inadmisible era mantener policías protegiendo un escenario donde, según los vecinos, la actividad ilícita continuaba a plena luz del día.
El Estado no puede ordenar que un agente cuide a quien vende drogas y, al mismo tiempo, exigirle que combata el narcomenudeo.
Pullaro suspendió esos servicios, pero intentan reinstalarlos
Con la llegada de Maximiliano Pullaro al gobierno provincial, estos servicios fueron cesados como parte de una política destinada a recuperar móviles y personal para tareas operativas y preventivas.
La medida era lógica. La Policía no podía continuar funcionando como custodia privada de personas, domicilios o instalaciones vinculadas con disputas del mundo criminal.
Sin embargo, el caso de Parque Casas sugiere que esta modalidad no desapareció por completo o que existen intentos de reinstalarla bajo nuevas formas.
La vendedora vinculada con los policías había recibido custodia después de una balacera. Fue precisamente a partir de ese servicio que se habría consolidado el contacto entre ella y los agentes que luego terminaron acusados de protegerla, perseguir a competidores y montar procedimientos falsos.
La experiencia debería resultar suficiente para no volver a repetir el esquema.
Cuando se dispone una custodia de estas características, no alcanza con emitir una orden y enviar un móvil. Debe existir una evaluación previa, un plazo determinado, rotación del personal, supervisión permanente, registro de contactos y revisión periódica de la necesidad de mantener la medida.
De lo contrario, la custodia puede transformarse en un ámbito sin control donde se mezclan protección judicial, información policial y relaciones personales con actores del narcomenudeo.
El procedimiento que terminó en una causa armada
Uno de los hechos admitidos por Borovachi y Font ocurrió el 27 de enero de 2025 en un quiosco de Superí al 2000.
Cinco policías de la Brigada Motorizada irrumpieron en el lugar, detuvieron a un consumidor de 31 años y a una mujer de 72, y los acusaron de participar en la venta de drogas.
Según la reconstrucción judicial, el hombre fue amenazado para que aportara información sobre un grupo rival. Como se negó, lo golpearon, le pisaron las manos y lo amenazaron con quebrarle las piernas. Después, una agente habría sacado de su chaleco envoltorios con cocaína y los colocado en el lugar para simular un secuestro.
Las víctimas estuvieron detenidas durante 17 días.
Esto no fue un error de procedimiento ni una intervención que salió mal. Fue, según la condena, una operación montada por varios policías que actuaron conjuntamente, utilizaron sus armas, su autoridad, los móviles oficiales y la documentación institucional para fabricar una causa.
El cuadro se parece más a una razzia que a un procedimiento legal: irrupción, violencia, selección arbitraria de sospechosos, prueba plantada y un relato policial construido para justificar lo que ya se había decidido hacer.
Una cadena de irregularidades que nadie frenó
Los hechos atribuidos a los condenados se extendieron desde abril de 2024 hasta enero de 2025.
En un caso acusaron a un joven de llevar drogas en una mochila, aunque se estableció que había sido detenido en un lugar distinto del consignado. Después ingresaron a su vivienda sin testigos.
En otro procedimiento entraron sin motivo en la casa de una mujer de 70 años y su hijo, cuando habían sido enviados a un domicilio ubicado enfrente.
También detuvieron a una mujer de 28 años, madre de cuatro hijos, y afirmaron que había arrojado droga mientras escapaba. La investigación determinó que fue apresada dentro de su vivienda.
En octubre de 2024 cuatro personas permanecieron dos meses detenidas por una acusación sostenida mediante un relato falso.
La reiteración elimina cualquier posibilidad de hablar de un hecho aislado. Fueron procedimientos distintos, en diferentes fechas, contra personas diversas y mediante mecanismos similares.
Además, las denuncias ya se acumulaban en la Unidad de Violencia Institucional mientras los agentes continuaban trabajando en la calle.
El descontrol operacional de la Unidad Regional II
La Unidad Regional II de Rosario atraviesa desde hace tiempo investigaciones que terminan con grupos enteros de policías detenidos o imputados.
No hablamos únicamente de un agente que comete una falta individual. En varios casos aparecen cinco, seis o más integrantes de una misma sección actuando de manera coordinada, utilizando recursos oficiales y produciendo documentación que luego ingresa al sistema judicial como si fuera legítima.
Cuando se detiene a un grupo completo, la explicación del “mal policía” deja de ser suficiente.
Alguien asignó esos servicios. Alguien autorizó las salidas. Alguien recibió las actas. Alguien debía controlar la evidencia. Alguien evaluó los resultados y permitió que los mismos agentes siguieran trabajando pese a la reiteración de denuncias.
La responsabilidad penal será individual, pero la responsabilidad administrativa, funcional y política alcanza a toda la cadena de mando.
Por eso las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Quién conduce la Unidad Regional II y quién controla realmente sus operaciones?
Conducir una fuerza no consiste en encabezar actos, entregar móviles ni difundir estadísticas. Significa saber qué hacen las unidades operativas, detectar patrones de abuso, revisar procedimientos sospechosos e intervenir antes de que las irregularidades terminen con policías detenidos y ciudadanos privados ilegítimamente de su libertad.
La Justicia también debe dar explicaciones
No toda la responsabilidad recae sobre la Policía.
Los fiscales y jueces que ordenan estas custodias deben explicar bajo qué criterios las disponen, durante cuánto tiempo se mantienen y qué mecanismos utilizan para controlar sus consecuencias.
Una orden judicial no convierte automáticamente una decisión en razonable ni elimina la necesidad de evaluar sus efectos operativos.
Cuando la Justicia envía policías a custodiar un domicilio vinculado con el narcomenudeo, debe considerar que está creando una relación de proximidad entre agentes estatales y actores criminales. Esa proximidad exige más controles, no menos.
Además, debe analizarse si la persona protegida continúa participando en actividades ilícitas. Resulta absurdo mantener una custodia para resguardar su vida mientras se tolera que siga vendiendo drogas o relacionándose con bandas rivales.
La custodia no puede convertirse en un escudo oficial para sostener un negocio criminal.
No enviar policías al corazón del problema
APROPOL viene advirtiendo desde hace años que estos servicios son inconvenientes, peligrosos y difíciles de controlar.
El personal policial no debe ser utilizado como guardia privada de búnkeres, vendedores ni personas vinculadas con organizaciones criminales. Si existe una amenaza, el Estado dispone de herramientas investigativas y judiciales para intervenir, pero no puede resolver el problema estacionando un patrullero durante semanas frente a un punto de venta.
Además de inmovilizar recursos necesarios para la prevención, esa práctica expone a los agentes a relaciones contaminantes y debilita la confianza de los vecinos.
El ciudadano observa un móvil policial frente a una vivienda conocida por la venta de drogas y extrae una conclusión inevitable: la Policía no está allí para detenerlos, sino para cuidarlos.
Después aparecen los contactos telefónicos, los favores, las causas armadas y las detenciones de efectivos. Entonces todos se declaran sorprendidos.
No hay sorpresa posible cuando el propio sistema coloca a los policías en contacto permanente con aquello que deberían combatir.
Las condenas a Borovachi y Font deben servir para sancionar los hechos concretos, pero también para terminar definitivamente con un modelo operativo que ya demostró sus consecuencias.
Porque cuando la Justicia ordena cuidar a los narcos, la Policía pierde móviles, los vecinos pierden protección y la institución termina perdiendo a sus propios hombres en una trama de corrupción que después pretende presentar como inexplicable.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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