En el juicio oral y público contra los exjefes policiales buscan la verdad jurídica, pero también surge la visible trama por la disputa de poder entre estructuras institucionales y operadores políticos.
Por Alberto Martínez (*)
El juicio oral y público contra los exjefes policiales Rafael Grau y Omar Odriozola, presentado ante la opinión pública como un “emblema de la lucha contra la corrupción”, debe ser leído con una mirada más profunda y menos complaciente. Porque también surge la visible trama por la disputa de poder entre estructuras institucionales y operadores políticos.
Una operación política encubierta de moralismo
En 2016, cuando se inicia la causa, el ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro, hoy gobernador de Santa Fe. Él mismo se encargó de impulsar la denuncia y, con tono heroico, declaró esta semana en el juicio: “Hago lo que hay que hacer como funcionario público, y eso es no hacerse el boludo”. Pero detrás de esa frase efectista se esconde algo más que un acto de ética republicana.
Lo que comenzó como una supuesta purga anticorrupción, fue en realidad el corrimiento dirigido de las autoridades del Departamento Logística (D4), clave en el manejo operativo de los recursos policiales. Y ese corrimiento, como se vio después, abrió paso a una nueva etapa de negocios oscuros, muchos de ellos aún sin investigar o protegidos bajo el paraguas del actual oficialismo.
¿Todos los corruptos o solo algunos?
La maniobra detectada en su momento —facturación falsa desde un lavadero que figuraba como taller mecánico— sirvió de base para una acusación de asociación ilícita. Sin embargo, todos los civiles involucrados cerraron procedimientos abreviados con penas menores o suspensiones, mientras que solo los jefes policiales llegan a juicio. ¿Por qué?
La lectura es clara: la vara no es igual para todos. A los uniformados se los expone públicamente. A los empresarios y funcionarios civiles, se los “acomoda”.
Incluso hay causas judiciales posteriores, mucho más recientes y graves, que se encuentran paradas, sin avances procesales. ¿La razón? Implican a actuales funcionarios políticos y hasta familiares directos de ellos, y eso parece bastar para frenar la justicia.
Del castigo ejemplar al control funcional
Lo que se presenta como un caso ejemplar es, en realidad, una maniobra política de disciplinamiento institucional. No se trata de combatir la corrupción —que sin dudas debe combatirse—, sino de decidir quién controla las cajas operativas de la fuerza y a quién se le permite administrar los recursos. Ese D-4 molestaba porque conocía y manejaba muchas cosas y este es prácticamente una escribanía administrativa del Ministerio con un refrán «le pertenezco» en relación al gobierno de turno.
Porque si realmente se quisiera sanear, hoy el foco estaría sobre los nuevos manejos de la D4, los contratos actuales, las licitaciones express, las compras direccionadas. Y sin embargo, todo eso permanece intocado.
Conclusión
El juicio a Grau y Odriozola no es el final de una etapa oscura, sino el inicio de otra, más sofisticada y funcional al poder de turno. Si la política quiere recuperar la confianza pública, tiene que empezar por investigar también a los suyos. Porque la verdadera corrupción no es la del pasado, sino la que se sostiene con silencio en el presente.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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