¿Puede un Estado que proclama igualdad ante la ley producir ciudadanos de segunda clase en su interior?
Por Marcos Anglada
Esa es la pregunta de fondo que plantea el ensayo “El caso Rearte y la emergencia de la Ciudadanía de Segunda Clase”, recientemente publicado por el licenciado Alberto Rubén Martínez.
El trabajo toma como punto de partida el caso Adriana Sandra Rearte vs. Argentina, actualmente admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para analizar un fenómeno que rara vez se discute de manera abierta: la restricción sistemática de derechos fundamentales a trabajadores de las fuerzas de seguridad dentro del propio Estado democrático.
Cuando ejercer derechos se convierte en una falta
El caso Rearte no se limita a una sanción administrativa ni a un conflicto laboral aislado. Según el análisis presentado, se trata de un caso paradigmático que expone cómo la actividad sindical y asociativa de una trabajadora policial fue reinterpretada como una amenaza institucional, dando lugar a sanciones disciplinarias discrecionales, sin garantías efectivas y con serios obstáculos para acceder a la justicia interna.
Ante ese escenario, la vía internacional apareció no como una estrategia política, sino como una última instancia frente al bloqueo sistemático de derechos.
Ciudadanía de Segunda Clase: ponerle nombre a lo que se naturaliza
Uno de los aportes centrales del ensayo es la formulación del concepto de Ciudadanía de Segunda Clase (CSC). No como consigna ni como denuncia retórica, sino como categoría analítica para describir el estatus de aquellos agentes estatales que, aún siendo ciudadanos plenos en términos constitucionales, ven suspendido de hecho el ejercicio de derechos como la libertad sindical, la expresión o la igualdad ante la ley, bajo el argumento de la “naturaleza especial” de su función.
El planteo es tan simple como inquietante: hay derechos que el Estado exige respetar hacia afuera, pero tolera vulnerar hacia adentro.
Democracia hacia afuera, excepción hacia adentro
El ensayo sostiene que esta forma de exclusión no es un residuo autoritario ni un conjunto de abusos aislados, sino una modalidad contemporánea de gobierno interno, sostenida por tres lógicas recurrentes:
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La sospecha permanente sobre los propios trabajadores.
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La lealtad vertical como condición de pertenencia.
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La discrecionalidad disciplinaria como método de control.
El resultado es una ciudadanía condicionada: se es ciudadano mientras no se ejerzan ciertos derechos.
Un debate que interpela a toda la sociedad
Lejos de atacar a las instituciones de seguridad, el trabajo plantea que la negación de derechos a quienes trabajan para el Estado erosiona la legitimidad democrática, debilita la seguridad pública y vacía de contenido el discurso de derechos humanos.
El caso Rearte, ahora bajo análisis internacional, obliga a formular una pregunta que excede a una persona y a una institución:
¿puede sostenerse una democracia plena cuando el propio Estado produce ciudadanos de primera y de segunda clase en su interior?
Nombrar el problema —sostiene el autor— no es un gesto académico abstracto, sino el primer paso para desnaturalizar prácticas históricas y abrir un debate impostergable sobre derechos laborales, democracia interna y seguridad pública.
Porque la ciudadanía, concluye el ensayo, no admite adjetivos: o es plena para todos, o deja de ser el fundamento mismo del Estado de derecho.
Documentación CIDH
CIDH – INFORME No. 190/25 PETICIÓN 1969-15 by Apropol Noticias
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El caso Rearte y la emergencia de la Ciudadanía de Segunda Clase by Apropol Noticias
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